El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a iniciar la próxima semana la que será una nueva intervención en la línea 7-B de metro de San Fernando de Henares. La obra no tiene precedentes, puesto que va a intervenir más terreno y a mayor profundidad que los 'parches' que la región lleva realizando desde 2008.
Si hasta ahora se estaban haciendo perforaciones a 15 metros de profundidad, en esta nueva intervención se llegará hasta los 50 metros. Su extensión también será mayor. Concretamente, 10.000 metros cuadrados de terreno. Es por eso por lo que desde la Consejería se confía en que esta sea la solución definitiva, aunque no pueden garantizar que esto ocurra.
En declaraciones a los medios de comunicación, el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz-Pache, ha explicado que esto es un "problema" que evoluciona de manera diaria. "Durante los últimos años hemos hecho muchas obras. Vamos a ir paso a paso", ha recordado instando a la calma.
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Lo que empezará esta próxima semana son las obras de consolidación para que se estabilice el terreno y, tras ello, se iniciarán las obras sobre el túnel de metro. "Esperamos que se pueda reparar y podamos comenzar con la actividad", ha sentenciado.
Así las cosas, la consejería todavía no tiene fecha de reapertura de la línea de metro en el que es su octavo corte desde su inauguración. Durante los años 2008, 2011, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021 se han producto cortes en la línea para hacer obras que superan el presupuesto de los 30 millones de euros.
Pero en esa partida no sólo está la mejora y estabilización del terreno, también lo que se ha destinado a la rehabilitación de viviendas, problema que ahora se vuelve más importante que nunca.
Vecinos
Según datos de la Consejería, desde septiembre 2021, Madrid ha destinado 1,4 millones de euros para los realojos de los vecinos cuyas casas han sido derruidas. Presupuesto que se ha destinado a mudanzas, alquiler de pisos, traslados, etc.
Los afectados han estado viviendo en un apartahotel costeado por la región, pero, ahora, deben abandonar las instalaciones al haber pasado un año. El contrato de emergencia que habían firmado se ha acabado y no hay forma legal, por parte de la región, de seguir pagando el alojamiento a los vecinos.
La idea de la Comunidad de Madrid era que en este año los expedientes de responsabilidad patrimonial se agilizaran y, a todos aquellos vecinos que se han visto afectados por la línea 7-B de metro, se les ofreciera una indemnización por el derribo y pudieran comenzar su vida antes del mes de septiembre.
El problema ha sido que esos expedientes todavía no se han terminado y eso deja a los afectados sin su indemnización y sin el alquiler de emergencia. La Comunidad ha buscado una solución, criticada por la oposición y parte de los vecinos, que no ha terminado de calar.
Se trata de una ayuda para los gastos de alojamiento durante los seis próximos meses. Al contrario de lo que ha denunciado la oposición, desde la Consejería insisten en que este dinero no es un adelanto, sino que es una ayuda extra de 798 euros al mes durante seis meses para pagar el alquiler y los gastos a las familias afectadas.
Según ha argumentado la región, la cuantía es la "máxima" que permite la ley y tiene en cuenta las tablas de precios de alquiler de la zona, según el Ministerio, junto con una aplicación de la subida del IPC.
El dinero se está entregando, a las familias que lo deseen, de una vez. Es decir, 4,788 euros por casa. Pero ¿y si ese dinero no cubre todo lo necesario y el alquiler es más caro y los gastos suponen más de esos 5.000 euros? "Se pagará", insisten desde la Consejería.
El viceconsejero confirma que esto es una "forma de adelantar" los gastos de los vecinos durante los próximos meses. "Hacemos todo lo que la ley nos permite para poder ofrecerles la mayor indemnización".
Por ello, la aportación para los alquileres que se está ofreciendo ahora es algo provisional que, en ningún caso, habrá que devolver ni que tendrá que restarse de la indemnización final.
Sobre las cuantías de la indemnización final, todavía se desconocen datos exactos y serán presupuestos diferenciados según el perfil de cada casa. Y es que, los conceptos indemnizables no sólo tendrán en cuenta el valor de los inmuebles. También el lucro cesante, el mobiliario, el daño moral, el número de inquilinos del hogar, etc.
Expedientes
El objetivo de la consejería es resolver lo más pronto posibles los expedientes de responsabilidad patrimonial. Algo que inició la propia consejería entonando un claro mea culpa el pasado mes de febrero.
A pesar de que la línea de metro la inauguró el Partido Popular de Esperanza Aguirre, ninguna administración se había hecho responsable con algo tan específico como ser ellos quienes comenzaron, de oficio, los expedientes. Esto facilita que se agilicen los trámites burocráticos.
El viceconsejero también ha confirmado que se está culminando un Plan Integral que abordará de manera "transversal" los problemas ocasionados por la línea.
Aun así, desde transportes han explicado que es un proyecto "muy dinámico y muy flexible" que se presentará en breve. "Será un documento con el histórico de lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y nuestros planes de futuro para esta zona", ha finalizado.
Línea 7-B
Los problemas estructurales ocasionados por la línea 7-B de Metro a su paso por San Fernando de Henares afectan a 72 familias que han sido realojadas y hay 85 viviendas afectadas.
Concretamente, se han demolido las viviendas de las calles Presa, 4, 29, 31 y 33 y las de Rafael Alberti 1 y 3.
También han sido desalojadas las casas de la calle Presa del 17 al 27 (están a la espera de la declaración de ruina legal) y las viviendas de la calle Olavide del 1 al 11 y las de Ventura de Argumosa 20. En todas ellas se ha redactado el proyecto para saber si son rehabilitarles o no.
Por último, en las viviendas de la calle Rafael Alberti 7 se ha desalojado a los vecinos para hacer unas obras de consolidación. Los vecinos de los portales 3 y 4 no van a poder volver a sus casas, pero eso no pasará con los del 1 y 2 que sí pueden regresar sin riesgo.