El ecosistema de investigación, desarrollo e innovación asturiano ha dado sobradas muestras de que sabe encajar las advertencias negativas que le llegan acerca de asuntos como la "falta de inversión estable en tecnología", la "inmadurez digital" de algunos sectores o la "necesidad de mejorar la conectividad rural" para evitar fenómenos como la despoblación.
Ante todos estos avisos, la administración pública, en colaboración con la iniciativa privada, ha aportado todo tipo de soluciones para tratar al menos de revertir estos tirones de oreja.
Así pues, ante esta capacidad que tiene Asturias de saber reconocer aspectos a mejorar o debilidades para, posteriormente, trabajar en su mejora, no extraña que el gobierno del Principado haya decidido abordar un asunto de vital importancia en cualquier ecosistema de I+D+i, el de la gobernanza.
Y lo ha hecho, como no, reconociendo un error, "la dispersión competencial", y aportando una solución: la creación de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación; para los amigos, "la Agencia", como dijo el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez.
El Proyecto de Ley para la creación de la Agencia, que consta de siete títulos, treinta y tres artículos, ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, es un extenso cuerpo legislativo que fue aprobado la pasada semana y que abre nuevas posibilidades a la gestión de la I+D+i asturiana.
Como explica el consejero, el principal objetivo de la Agencia será "la transformación y mejora del sistema productivo y empresarial asturiano a través del avance del conocimiento, su transferencia y del emprendimiento".
Entre sus principales hitos, según recoge la ley, está el de conservar y potenciar tanto el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) como el sistema de gestión y de certificación de fondos europeos, que se amplía de los programas de innovación a los de I+D y de formación, atracción y retención de talento.
"Con la Agencia, Asturias será la primera región española que combine los conceptos de promoción económica e innovación, pero sin descuidar el avance del conocimiento científico tecnológico en todos los ámbitos", remarca Sánchez.
Pero quizá el avance más llamativo va a ser la integración en esta nueva Agencia del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario a la Consejería con competencias en I+D+i, con el fin de impulsar sus programas de investigación e innovación agroalimentaria.
Otro elemento clave de la Agencia será la posibilidad de que se contraten investigadores e investigadoras "con una reputación internacional consolidada, para ocuparse de la dirección de centros, instalaciones y de equipos de investigación bajo la figura de investigador distinguido".
Finalmente, en las disposiciones adicionales, se establecen medidas importantes para la constitución efectiva de la Agencia, necesarias para evitar duplicidades o el retraso en la ejecución de las convocatorias en curso.
En resumen y, como apuntábamos al principio, "se introduce una reorganización que concentra en la Agencia la actual dispersión competencial en materia de I+D y de innovación, lo que permitirá una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de dichas políticas, notablemente en el ámbito biosanitario y biotecnológico".
El consejero Borja Sánchez remarca que "la única forma de garantizar nuestro estado del bienestar es la innovación y entre los elementos comunes que caracterizan a aquellas regiones a las que nos queremos parecer figuran, al menos, los siguientes: un sistema universitario fuerte y dinámico, conveniente y establemente financiado en el tiempo; un ecosistema privado innovador capaz de atraer talento y de generar nuevos productos y servicios; y un sistema de gobernanza político al más alto nivel, incluyendo al menos una agencia gubernamental".
Plan de Ciencia e Innovación 2023-2027
En su opinión, "ninguno de estos elementos es optativo o prescindible, y deben comunicarse para crear sinergias, atraer talento, crear nuevos productos, nuevas empresas, mientras garantizamos el avance del conocimiento científico".
Asturias gestionará, según explica Sánchez, "todos los tipos de innovación con un énfasis particular en maximizar la transferencia de conocimiento proveniente de la I+D". Y un aviso a navegantes: "Mi aspiración es que, para lograr todo el poder transformador de la I+D sobre la economía asturiana, consigamos el mismo hito que hemos conseguido para la Universidad con el contrato programa, es decir, que la duración de los programas de ciencia e innovación vayan más allá de los ciclos electorales".
En este sentido, cobra importancia otro de los anuncios que lleva implícitos la creación de esta Agencia. Y es que, según ha avanzado el consejero, el gobierno asturiano licitará "en las próximas semanas", la redacción del próximo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023-2027.
Y eso, traducido al lenguaje electoral, quiere decir que de aprobarse antes de los comicios del próximo mes de mayo, el gobierno entrante -sea del color que sea- tendrá que dar cumplimiento a este plan. La continuidad, pues, como eje de la estrategia.
Volviendo a la ley que regula la creación de la Agencia, no menos importante es el hecho de que "articulará una organización administrativa más eficaz y eficiente que permitirá reordenar, fortalecer y financiar el sistema científico asturiano, en colaboración con otras instituciones que, adscritas a la administración del Principado serán clave en la gestión de los diferentes programas".
Una de estas instituciones es, por ejemplo, la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), entidad indispensable para la correcta gestión de los programas de I+D+i.
La Agencia también trabajará para agilizar la burocracia, agilidad necesaria para garantizar la ejecución presupuestaria, para el despliegue de nuevos canales de colaboración público privada y para una cuestión clave: el establecimiento de un calendario de convocatorias, tanto de investigación como de innovación.
Según Sánchez, se trata de "que la I+D vaya hacia la innovación, pero que también la innovación busque y arrastre I+D si eso ayude a generar valor y empleo, y que la ciudadanía también participe en el diseño de estas políticas".
En conclusión, esta Agencia "es el instrumento gubernamental necesario para el despliegue de una política científica moderna, para el fomento de ecosistemas innovadores que atraigan talento e inversiones, que permitan la creación de nuevas empresas y nuevos grupos de investigación".