Este 31 de diciembre no solo termina el año 2023, también es el último día de uno de los grandes hitos de este ejercicio: la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El país ha ocupado este puesto rotatorio los últimos seis meses, en los que ha impulsado diferentes normativas que marcarán el devenir del ecosistema europeo en los próximos años.
España entraba a presidir este organismo en un contexto complejo, no solo a nivel internacional (con la crisis provocada por la pandemia o la guerra de Ucrania), sino también a nivel nacional (con la convocatoria anticipada de las elecciones nacionales y los posteriores intentos de investidura). También, lo hacía con la presión añadida de ser la última región que completaría una presidencia completa de este organismo antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo a mediados de 2024.
Así, aunque no era la primera vez, sino la quinta, que la nación ostentaba este puesto (ya lo hizo en 1989, 1995, 2002 y 2010), esta se antojaba especialmente relevante en ámbitos como la digitalización.
En este campo, la región afrontaba un período clave para convertir la tecnología en un elemento de impulso a la economía europea, a la vez que promovía la innovación y desarrollaba un marco regulatorio adecuado que garantizase y protegiese los derechos de los usuarios en el territorio comunitario.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE.
Todo esto conformó un contexto en el que, el pasado 1 de julio, España tomó las riendas del Consejo de la Unión Europea con una oportunidad única para ejercer liderazgo e influir en la agenda comunitaria de la era digital.
En este período, el país ha intentado trasladar la apuesta por la digitalización que ha hecho a nivel nacional, con uno de los planes de recuperación "más grandes y ambiciosos en materia digital", al terreno europeo. Y, echando la vista atrás, parece que lo ha conseguido.
Finalmente, los seis meses de trabajo intenso han dado como resultado la consolidación de cuatro leyes y la firma de diferentes declaraciones que serán determinantes para el devenir de la industria tecnológica en los próximos años.
Un nuevo marco para la identidad digital
Por un lado, en este período la presidencia española ha llegado a un acuerdo provisional con el Parlamento para desarrollar un nuevo marco para la Identidad Digital Europea, que modifica el Reglamento eIDAS, actualmente en vigor.
Según las autoridades comunitarias, el objetivo de esta norma es garantizar el acceso universal, de personas y empresas, a una identificación y una autenticación electrónica segura y fiable.
"Con la aprobación del Reglamento de Identidad Digital Europea damos un paso fundamental para que los ciudadanos puedan disponer de una identidad digital europea única y segura", apuntó, en su momento, la vicepresidenta primera y ministra de Economía. "Se trata de un avance clave para que la Unión Europea sea un referente en el ámbito digital protegiendo nuestros derechos y valores democráticos".
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una visita sorpresa durante la celebración del quinto trílogo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
La nueva legislación permitirá que los Estados miembros ofrezcan a ciudadanos y empresas unas carteras digitales con las que podrán vincular sus identidades digitales nacionales con certificados de sus demás atributos personales (como el carnet de conducir o una cuenta bancaria). Estas carteras permitirán a todos los europeos acceder a servicios online con su identificación digital nacional sin tener que utilizar métodos privados ni compartir innecesariamente datos personales.
Interoperabilidad en Europa
Otra de las leyes impulsadas por España durante su presidencia del Consejo de la UE ha sido la Ley de la Europa Interoperable, con la que la región espera reforzar este aspecto, así como la cooperación transfronteriza en el sector público en toda la UE.
Esta normativa garantiza un acuerdo sobre soluciones digitales interoperables y reutilizables que ayuden a eliminar las cargas administrativas, incluidos los obstáculos jurídicos, organizativos, semánticos y técnicos a la cooperación administrativa.
Así, la ley garantizará el acceso ininterrumpido a los servicios públicos transfronterizos para las personas de la UE, lo que mejorará la calidad de vida de quienes quieran trabajar, estudiar o jubilarse en otro Estado miembro.
Apuesta por la ciberresiliencia
También en estos seis meses, el Consejo de la UE llegó a un acuerdo político junto al Parlamento para poner en marcha la Ley de Ciberresiliencia de la Unión Europea, la primera de este tipo en este territorio.
Esta norma, que busca elevar el nivel de ciberseguridad de los productos digitales (desde relojes inteligentes hasta juegos de ordenador o routers), introduce requisitos obligatorios y proporcionados de ciberseguridad para todo hardware y software en función del nivel de riesgo asociado.
Una vez que esta regulación entre en vigor, los fabricantes deberán implementar medidas de ciberseguridad en todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño y desarrollo hasta después de su comercialización para garantizar que cualquier elemento de estas características que entre en territorio comunitario sea seguro.
"Al introducir la ciberseguridad desde el diseño, la Ley de Ciberresiliencia contribuirá a proteger la economía europea y nuestra seguridad colectiva", afirmó el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre esta ley. "Europa solo será tan fuerte como lo sea su eslabón más débil, sea este un Estado miembro vulnerable o un producto inseguro en la cadena de suministro".
La "guinda del pastel": la ley de IA
A pesar de que estas tres normativas mencionadas han sido muy importantes, el protagonismo se lo ha llevado la que, quizás, ha sido la ley más esperada de este período: el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
Rozando el final de año (y, por tanto, el final de la presidencia rotatoria), el pasado 10 de diciembre, Europa anunció que se había llegado a un acuerdo político sobre esta legislación tras casi 40 horas de negociación repartidos en tres días.
Cinco trílogos fueron necesarios para alcanzar una posición común entre el Consejo y el Parlamento sobre esta ley pionera, con la que la región quiere garantizar que los sistemas de IA que operen o sean usados en este mercado lo hagan acorde a los derechos y valores del ecosistema comunitario, a la vez que se estimula y promueve la innovación.
A esta fecha, apenas se conocen los detalles de este reglamento, que está pasando el filtro legalista y cuyo borrador verá la luz a principios del año que viene. De momento, solo se saben algunas particularidades como que tendrá un enfoque basado en el riesgo, que incorporará multas por incumplimiento que irán desde 7,5 millones de euros o el 1,5% de su facturación anual hasta 35 millones o el 7% del volumen de negocio y que la AI Office será la oficina encargada de velar por su cumplimiento.
La secretaria de Estado de Digitalización e IA, Carme Artigas, en el centro junto a Thierry Breton, comisario europeo, celebrando el acuerdo para la AI Act en Bruselas.
La aprobación provisional de esta normativa se había posicionado como una de las grandes prioridades del ejecutivo español durante su presidencia rotatoria y, tras superar diferentes obstáculos, se convirtió en una realidad y en la "guinda del pastel" del mandato, según afirmó la que, en ese momento, era la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.
Artigas ha sido, de hecho, una de las personas que más ha luchado (junto, por supuesto, a su equipo) para sacar adelante esta medida, destacando su importancia en multitud de intervenciones antes y durante la presidencia española del Consejo de la UE.
Cabe recordad que, apenas unos días después del anuncio del acuerdo, la SEDIA anunció que se retiraba del cargo para volver al sector privado, aunque según ella misma contaba, lo hacía con la satisfacción de haber conseguido este logro.
De la neurotecnología a la cuántica
Más allá de las mencionadas leyes, durante la presidencia española del Consejo de la UE también se han realizado revisiones o recomendaciones de otras normas igual de importantes en el ámbito digital.
Entre ellas, se ha realizado una revisión intermedia de la Ley de Ciberseguridad para incorporar ciertas especificidades, ya que la legislación está previsto que se revise en un año; y se han emitido recomendaciones sobre la Ley de Cibersolidaridad para pasársela a la siguiente región que ostente la presidencia del Consejo de la UE.
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También, en este período se han alcanzado cuatro acuerdos muy relevantes, entre ellos, la primera declaración europea para proteger los derechos digitales en el desarrollo de la neurotecnología, un texto "pionero" que señala la importancia de que a nivel europeo "se invierta, se desarrolle y se innove" en este campo, según destacó Calviño.
El acuerdo contempla algunas cuestiones fundamentales como el respeto a los derechos y reflexiona sobre los riesgos y beneficios derivados de esta herramienta en su uso junto a otras como la inteligencia artificial.
Además, en estos seis meses España también ha impulsado una declaración sobre un enfoque europeo para startups y scaleups. En concreto, esta alianza tiene como objetivo continuar trabajando en colaboración para la construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento garantista en Europa que aumente la competitividad de las empresas emergentes de la región, posicionándolas a la altura de las de otras zonas geográficas.
Por otro lado, se ha firmado el Pacto Cuántico, que busca promover la colaboración entre los países y de estos con la Comisión Europea para el desarrollo y despliegue de las tecnologías cuánticas.
El acuerdo propone coordinar esfuerzos para que la excelencia científica europea se traduzca en innovaciones con alto impacto económico y científico, a través del fomento de la investigación e innovación en tecnologías cuánticas, con financiación pública y fondos privados.
Carme Artigas, en el centro, durante la 4ª Asamblea de la Alianza Europea de IA, celebrada en Madrid.
Por último, España también ha impulsado en este período una declaración para reforzar y avanzar en la cooperación en Inteligencia Artificial con países de Europa, Latinoamérica y del Caribe. Con ella, los países firmantes se comprometen a avanzar en el refuerzo y la convergencia de las políticas y los marcos regulatorios en IA durante los próximos meses.
Así, con cuatro leyes impulsadas, dos revisadas y cuatro acuerdos suscritos, el país ha cerrado su quinta presidencia del Consejo de la Unión Europea, dejando tras de sí normativas y declaraciones que, sin duda, marcarán los próximos años de este campo tecnológico.
"Sobre el trabajo de la presidencia en el ámbito digital yo estoy tremendamente satisfecha", afirmó la entonces SEDIA en su última entrevista con este medio. "Estamos recogiendo los frutos de muchos años de trabajo".