El Gobierno da luz verde a la Ley de Startups: incentivos fiscales y atracción de talento

Han pasado ya tres años desde que el presidente Pedro Sánchez anunciara la creación de una Ley de Startups. Una norma, ampliamente demandada por el ecosistema emprendedor español, que reconozca la especificidad de este tipo de compañías, dotándolas de una naturaleza jurídica especial que les ayude a captar talento y atraer inversión, así como medidas de simplificación administrativa.

En febrero de este año, el propio Sánchez presentó su Estrategia para la España Nación Emprendedora, con un paquete de 50 medidas a diez años vista entre las que se encontraba precisamente esta norma, "de aprobación inminente", dijo en aquel momento. Ese momento ha llegado, cinco meses más tarde, con la aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Startups, que se someterá ahora a audiencia pública.

Un documento que incluye, como medida estelar, la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas No Residentes del 25% al 15%, durante un plazo máximo de cuatro años. Con esta iniciativa se pretende reducir la carga fiscal de estas empresas en sus primeros años de vida, cuando tienen una situación económica más compleja y en la que necesitan destinar sus recursos a crecer y captar mercado.

En esa misma línea, se incluyen también iniciativas para el aplazamiento de las deudas tributarias y "medidas favorables para las 'stock options'" como medio de retribución a los trabajadores de las startups, ampliando la exención al respecto de los 12.000 euros actuales a 45.000 euros.

Además, el Gobierno quiere impulsar el emprendimiento de base tecnológica por medio del fomento de la inversión privada en I+D+i. Por ello, la propuesta eleva del 30% al 40% la base máxima de deducción para aquellas inversiones realizadas en empresas de nueva o reciente creación, hasta los 100.000 euros.

Nómadas digitales y menos burocracia

Por otro lado, la nueva Ley de Startups también aspira a convertir a España en un hub de talento tecnológico a escala internacional, especialmente a base de atraer profesionales de otros países que quieran instalarse en nuestro país. Para facilitar este proceso, el documento incluye la creación de un nuevo tipo de visado para aquellas personas que teletrabajen o sean 'nómadas digitales', así como rebajando los requisitos para acceder al Impuesto de Renta de Personas no Residentes actualmente existentes.

Asimismo, el Anteproyecto de Ley recoge varios puntos destinados a la simplificación de la burocracia que enfrentan las startups a diario. Por ejemplo, se elimina la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes, además de la obligación de obtener el Número de Identificación de No Residente para inversores extranjeros. Además, se impulsarán más entornos de prueba -los conocidos como 'sandbox regulatorios'- para permitir la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajen perfectamente en la actual legislación.

"Pretendemos lograr una profunda transformación de nuestro modelo productivo con el apoyo de las tecnologías digitales, convirtiéndonos en un hub puntero a nivel europeo", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros. "También buscaremos aumentar la colaboración entre las startups y el resto de empresas, junto a una mayor permeabilidad con los centros de investigación y universidades. Haremos hincapié en el fomento de las startups fuera de los polos urbanos existentes y, finalmente, fomentaremos el uso de la compra pública innovadora".

Qué se considerará startup

Tal y como ha explicado la vicepresidenta, todos estos beneficios incluidos en el Anteproyecto de Ley de Startups se aplicarán a "empresas emergentes de base innovadora". Una definición genérica que en el documento se delimita con mayor precisión.

De este modo, para que una startup pueda acogerse a los parámetros de esta nueva norma deberá tener su sede social y más de la mitad del empleo en España. También deberá tener menos de cinco años de existencia (ampliable a siete en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología o la industria, que suelen presentar plazos de madurez más lentos) y no debe ser una firma cotizada ni haber repartido dividendos. Por último, la facturación de dicha startup debe ser inferior a los cinco millones de euros.

Desde 2018 hasta hoy

El germen de esta Ley de Startups hay que buscarlo allá por 2018, cuando Pedro Sánchez hizo una aparición estelar en el South Summit de ese año. En este evento, el presidente ya adelantó la creación de un "marco legal que reconozca las peculiaridades y la naturaleza jurídica especial de las startups".

Dicho marco serviría -entre otras cosas- para "potenciar incentivos fiscales a la I+D+i en el Impuesto de Sociedades de forma que más cantidad de big corporates perciban a las startups como vehículos de innovación desde fuera hacia dentro" o promover "la transferibilidad de créditos fiscales generados en el Impuesto de Sociedades por actividades de I+D+i  a empresas que participen en la financiación, en los proyectos y en el desarrollo de las tecnologías de las startups".

Desde entonces hasta hoy, muchas cosas han ocurrido entre bambalinas: el impulsor de esta ley, el entonces secretario de Estado de Avance Digital -Francisco Polo-, dejaba su puesto para recalar en Moncloa como Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora. La cartera vacante la asumía, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos, Carme Artigas, ahora ya como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. 

Son estos cambios de nombres y responsabilidades, unidos a la inestabilidad política y las repeticiones electorales de los últimos años, son las razones que desde el gobierno han venido esgrimiendo para justificar el retraso en la llegada de la Ley de Startups.