Premeditadamente o no, los medios de comunicación españoles han pasado de puntillas sobre una noticia de cierta relevancia que el Parlamento europeo confirmó hace unos días. Después de 25 años de actividad en la UE, los lobistas enviados por Amazon tendrán prohibida la entrada a la institución europea como castigo por las reiteradas negativas de la empresa dirigida por Jeff Bezos a dar explicaciones sobre las condiciones laborales de sus trabajadores.

Los grupos de cabildeo o de presión son algo legal, conocido, admitido y regulado desde hace años en instituciones de todo el mundo. Pero tradicionalmente las grandes tecnológicas multinacionales como Google, Apple, Meta  (Facebook) o la propia Amazon han ido más allá y han desplegado campañas de presión para intentar sacar ventaja de las normativas europeas. Ha sido el caso de la Ley de Servicios Digitales o de las medidas antimonopolio que, según advierten, golpean sus cuentas de resultados. Como argumentos para combatir la regulación, las tecnológicas alientan el miedo a China o que la regulación excesiva dificulta la innovación.  

Recientes informes de Corporate Europe Observatory y de Lobby Control, apoyados en datos del Registro Europeo de Transparencia, estiman que las siete mayores tecnológicas se gastan alrededor de 100 millones de euros al año y emplean a 1.452 personas para este tipo de tareas. Esto sólo en Bruselas y en Estrasburgo, el meollo del poder europeo.

El ránking lo lidera Google, con 5,75 millones de euros gastados al año. Le siguen Meta/Facebook (5,5 millones), Microsoft (5,25), Apple (3,5) Huawei (3) y Amazon, que emplea 2,75 millones de euros al año en 14 personas autorizadas como interlocutores ante la UE, pero también a través de una larga lista de intermediarios interpuestos, como los despachos FleishmanHillard y FTI. Entre las españolas, Telefónica admite un gasto de 1,5 millones.

No es ninguna novedad que estas empresas disponen de equipos de abogados, economistas y otro tipo de “profesionales” con poderosos presupuestos y formación que, por ejemplo, lograron que la Audiencia Nacional suspendiera cautelarmente la multa de 194 millones de euros impuesta el 12 de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España a varias sociedades de Amazon y Apple por restringir la competencia en la venta por internet. Un auténtico alivio para ambas, al menos temporal, que les permitirá seguir accediendo a contrataciones públicas en España hasta que se resuelva el litigio judicial.

Sin embargo, la multa la UE a Amazon y la “desconexión” de las tarjetas de sus “enviados especiales” a la UE es algo particular. Además de estar bajo el foco de las leyes antimonopolio, como la mayoría de estos gigantes, existen distintos grupos organizados –los sindicatos, por supuesto, entre ellos- que denuncian la manera en que Amazon trata a sus trabajadores en salarios, las condiciones de los almacenes o sus trabas a la sindicalización. Oliver Roethig, secretario regional del grupo sindical UNI Europa, ha llegado a denunciar su “comportamiento antidemocrático”.

La prohibición de acceso al Parlamento europeo a los lobistas registrados por Amazon nace de un grupo de eurodiputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que acabaron hartos de los desplantes de la compañía y de sus reiteradas negativas a comparecer. Y le escribieron una carta a la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, exigiendo medidas y asumiendo además las denuncias de una parte de los trabajadores de Amazon. A los eurodiputado les escoció especialmente que una empresa originaria de fuera de Europa no se tomara al Parlamento Europeo tan en serio como al Congreso de Estados Unidos. Piden respeto. La empresa de Bezos, por el contrario, considera que este tipo de interrogatorios institucionales son "unilaterales” y no fomentan un “debate constructivo”.

La idea de restringir la capacidad de presión de Amazon llevaba rondando desde 2021, cuando la empresa rechazó por primera vez una invitación para participar en un “diálogo” con el Parlamento Europeo. Pero no existen muchos precedentes en la “desconexión” de las tarjetas de acceso de los lobistas. Amazon es la segunda empresa a la que se le revoca ese permiso, tras la prohibición impuesta a Monsanto en 2017, que duró hasta que la empresa fue adquirida por la químico-farmacéutica Bayer, empresa de capital alemán, al año siguiente.

Pero, más allá de multas, lo relevante es que existe cierto ánimo entre los legisladores de tomar medidas enérgicas contra los gigantes tecnológicos. Por eso se han vuelto cada vez más críticos con el enorme gasto en lobby de la industria. Pese a ello, estamos lejos de que se apruebe en todos los estados una legislación integral que evite, además, evidentes resquicios por los que se acaban colando las empresas: testaferros, donantes, empresas ficticias, incorporación de políticos en activo (puertas giratorias), financiación de investigaciones falsas o tergiversadas para influir en las políticas públicas o regalos de “hospitalidad”. Tomen nota.