Prolífica es como podría definirse la carrera profesional de Roberto Sánchez. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones a finales de los 70, tras lo que dedicó diez años a la empresa privada, incluyendo puestos de responsabilidad en titanes como General Electric. Después de eso, casi toda su trayectoria ha estado ligada al sector público. No en vano, Sánchez formó parte de la primera Dirección General de las Telecomunicaciones (cuando lo más innovador pasaba por el videotex o el telefax) y fue una de las piezas clave en  muchos de los fundamentos de nuestra vida cotidiana. 

“Recuerdo esa época con mucho cariño; fueron momentos muy ilusionantes. Acabábamos de entrar en la Unión Europea y teníamos que estructurarlo todo. De aquella, teníamos a Telefónica que ostentaba el monopolio de las telecomunicaciones y, por otro lado, contábamos con una dirección de medios de comunicación social que se ocupaba del ámbito de la radiodifusión y televisión. Faltaba ese órgano técnico que ordenara todo. Me encargué de la Subdirección de Gestión del Espectro, que entonces se llamaba de Gestión de los Recursos Escasos de Comunicaciones, porque englobaba los dos recursos escasos principales: el espectro y la numeración. Y, efectivamente, hicimos el Plan Nacional de Numeración, que es la estructura que perdura hoy. No sé si la gente se acuerda, pero los teléfonos tenían seis o siete cifras en función de la provincia, mientras que los móviles empezaban por numeraciones muy parecidas a las de los fijos. Y eso confundía a mucha gente, máxime cuando el coste de las llamadas era muy distinto. Y, por supuesto, he tenido el privilegio de asistir al momento de la liberalización del sector de las telecomunicaciones con el primer concurso -ganado por Airtel- o el surgimiento de las televisiones autonómicas y privadas”, explica Sánchez a INNOVADORES.

Considerado por todo ello como el “fontanero” del sector de las telecomunicaciones patrio (e incluso tildado por algunos como el “ingeniero de alto espectro”), Roberto Sánchez ocupa desde este año la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, recién creada tras la formación del nuevo Ejecutivo. 

¿En qué anda ocupado ahora? “Ahora me toca vivir otro momento de máxima ilusión. Se combina, por un lado, la necesidad de acelerar muchas cosas para hacer frente a la pandemia y la recuperación económica y, por otro, la oportunidad que tenemos de transformar de nuevo este país como ya hicimos tras entrar en la UE. Tenemos que hacer de la necesidad, virtud, dar otro salto a España en el mundo digital”, afirma Sánchez. “Debido a la COVID-19, hemos adoptado la tecnología de forma muy natural en nuestros usos diarios, que era algo que pensábamos sucedería en dos o tres años. Y hemos tenido unas redes que han soportado toda la carga adicional de tráfico ligado al teletrabajo o al consumo en streaming; también en algo que no se dice tanto que es el cambio en los modelos de tráfico que cambiaron radicalmente durante la pandemia. Hubo un comportamiento ejemplar por parte de los operadores de telecomunicaciones, con un Pacto por la Conectividad en el que se comprometieron a que la prioridad número uno era garantizar esa conectividad y mantener la operatividad de las redes”.

La llegada de la 5G

Ha sido la dichosa pandemia la que ha frenado uno de los grandes hitos de su Secretaría para este año: el segundo dividendo digital y la subasta de la frecuencia que actualmente ocupan los canales de TDT (en los 700 MHz) para su explotación por parte de las ‘telco’ en sus despliegues de 5G.

“Aunque no hemos paralizado el segundo dividendo digital, era evidente que iba a haber una ralentización en el proceso de adaptación de los edificios a las nuevas frecuencias más bajas de la TDT, por lo que ampliamos el plazo hasta este 31 de octubre con los últimos flecos. Teniendo en cuenta eso, podríamos haber apurado la licitación de la 5G para este mismo noviembre pero como todavía había varios riesgos e incertidumbres preferimos evitarlas y establecerla en el primer trimestre del año que viene. Seguramente, la convocatoria de la subasta la haremos a finales de enero o principios de febrero. Creo que es razonable pensar que en marzo estará completada”, adelanta Roberto Sánchez.

Una subasta en la que, teniendo en cuenta los tiempos convulsos que vivimos y los resultados dispares en otros países, muchos tienen las miras puestas en la recaudación que logren las arcas públicas. No es el caso del Secretario de Estado: “España nunca ha sido especialmente recaudatoria en el ámbito de las subastas. Creemos que una tecnología como la 5G que va a ser totalmente disruptiva debe estar sujeta al interés general, esto es, facilitar lo máximo posible que haya recursos para desplegar la red y no quedarnos solo en los pilotos”. 

Además, tal y como detalla Sánchez, en nuestro país hemos de sumar al precio de la licitación las tasas de espectro radioeléctrico que se cobran durante toda la concesión (20 años) y que son algo singular dentro del ecosistema europeo. El resultado final, siempre de acuerdo al Secretario, es similar al de nuestros vecinos.

En cualquier despliegue de una nueva red de telecomunicaciones, es cierto que el Estado acaba devolviendo parte de esa inversión de los operadores en forma de subvenciones para acelerar su extensión en toda la península. Sin embargo, este tema ha saltado a la primera plana tras la petición pública de Vodafone de que sean las arcas públicas las que financien nada menos que el 40% del coste de la 5G, unos 2.000 millones de euros. 

¿La respuesta del Ejecutivo?  ”Dentro del Plan de Recuperación hay un capítulo dedicado a mejoras en la conectividad digital, el impulso de la 5G y la seguridad. Están, por tanto, contempladas ayudas pero siempre para un despliegue determinado en un momento concreto. No tenemos calculado el porcentaje de estas subvenciones, pero seguramente sea mayor que el que hemos hecho hasta ahora. Estamos afinando las condiciones para esas ayudas, pero estarán ligadas a facilitar despliegues que los operadores no harían por sí mismos. Al igual que hicimos con la fibra óptica [con planes para llevar la banda ancha a las zonas rurales, a un coste que ha ido elevándose desde los 60 a los 440 euros por hogar conectado, a medida que se iban abordando localizaciones cada vez más remotas], en este caso querríamos impulsar el despliegue de la 5G en zonas donde pueda tener un efecto transformador en industrias, agricultura, etc”.

En el mismo sentido, Roberto Sánchez también responde a otra de las reclamaciones históricas de las ‘telco’ y su particular patronal, DigitalES: la eliminación de impuestos como la tasa por reserva del espectro radioeléctrico. “Tiene su finalidad, es para poner en valor de mercado esas frecuencias y también para primar su uso eficiente”, sentencia.

Dos más son los temas candentes respecto a la 5G que no podíamos pasar por alto en este encuentro con Roberto Sánchez. El primero de ellos, el que atañe al uso de 5G como alternativa económica a la fibra óptica en zonas rurales, como ya están haciendo países como Estados Unidos: “Estamos muy abiertos al uso de cualquier tecnología y seguramente acabaremos usando 5G fijo, satélite y cualquier otra cosa que nos permita dar un servicio de calidad. También en soluciones intermedias que permitan solucionarle la vida a la gente porque, seamos realistas, mucha gente que tiene conexiones de 100 Mbps al final solo usa 30 Mbps”.

El otro punto ineludible tiene nombre propio, Huawei, y la prohibición de usar su tecnología en los despliegues 5G en muchos países occidentales. “En el caso de España estamos trabajando en un anteproyecto de ley para establecer los requerimientos de ciberseguridad específicos para la 5G. No vamos a entrar en la calificación a priori de ningún proveedor y, además, entendemos que una parte importante de la seguridad de las redes corresponde a los propios operadores. Esa ley determinará cuáles son las condiciones para ser declarado proveedor de alto riesgo”, afirma el Secretario de Estado, quien todavía no concreta cuáles serían esos requerimientos aunque insiste en que no excluirán a Huawei de partida.

Ley de las Telecomunicaciones

Igualmente obligado era preguntar a Roberto Sánchez por la inusitada polémica desatada por el anteproyecto de Ley de las Telecomunicaciones, que viene simplemente a transponer una directiva europea. En dicha norma, calificada por algunas voces como un “decretazo digital”, se incluye la posibilidad de la intervención de algunos servicios de telecomunicaciones y servicios digitales para emitir avisos y notificaciones de emergencias o alertas públicas. Sin embargo, la magia negra de las redes sociales y la desinformación de algunos medios de comunicación acabaron por elevar estos aspectos a una suerte de mecanismo de censura aleatorio al servicio de una supuesta dictadura.

A pesar de la mascarilla que cubre su rostro durante la entrevista, se intuye que Roberto Sánchez no puede evitar reírse al desmontar estos bulos. “Nada más lejos de la realidad. Hay interpretaciones en los medios promovidas por motivos que desconozco. La respuesta es que claramente nuestra única posibilidad de intervenir algún medio digital, tal y como lo ponen tanto la directiva como el anteproyecto de ley, es en el caso de catástrofes que afecten a la seguridad nacional, en caso de un conflicto armado o cosas así. Ese es el único grado de intervención que se reserva el Estado. Otra cosa distinta, que quizás es lo que ha llevado a confusión, es que el Estado plantea también la posibilidad de utilizar algunos de esos medios para transmitir informaciones públicas, para alertar a la población de un escape químico o una alerta sanitaria. Ahora mismo ya se hace por otros medios -SMS- pero queremos incluir la posibilidad de usar otros canales en caso de ser designados por una razón muy evidente: es lo que la gente tiene a mano todo el tiempo. Pero digamos que ni siquiera es una imposición, sino una posibilidad para ver si podría utilizarse esa vía”.