'Legaltech': cuando tecnología e innovación se ponen al servicio del sector jurídico

No es novedad cuando se relatan los pormenores acerca de cómo un ámbito de actividad da pasos hacia su digitalización. El contexto obliga, pero también el escenario económico que se venía gestando desde antes de la pandemia. 

La apuesta por nuevos modelos de negocio ya se venía produciendo previo a marzo de 2020. Sin embargo, no hay que perder de vista que la transformación a la que muchos sectores se ven abocados para seguir en la rueda económica requiere de un cambio de perspectiva. Y no únicamente de la forma en que se abordan los procesos. 

El ámbito jurídico, de larga tradición, es uno de los que está en ello. “Este cambio profundo sucede en un entorno altamente competitivo, con más de 56.000 despachos de abogados, que ofrecen el mismo tipo de servicio general a sus clientes, pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría”, describe la directora de Mercado Asesoría de Lefbvre, María de la O Martínez, a D+I.

Innovación con garantías

Esta entidad, especializada en información y soluciones jurídicas, anunció hace unas semanas la constitución del consejo asesor de su Observatorio de Innovación. Este órgano consultivo, del que forman parte más de 30 expertos implicados en la transformación digital del mundo legal, quiere así convertirse en el “punto de encuentro para la investigación y el análisis de la innovación jurídica”, describe Martínez. 

Su misión –explica– es “recoger las iniciativas más relevantes del sector, y aportar datos y herramientas para que despachos y asesorías jurídicas se sirvan de ellas para avanzar y evolucionar sus negocios”.

Esto incluye contar con una estrategia online que les ayude a ser visibles en el entorno digital. Y, además, estar dispuestos a adoptar una gestión similar a la de las empresas: “atendiendo a KPIs de toma de decisiones y con herramientas de comunicación con sus clientes”.

Una de las instituciones que ha sabido adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos ha sido el Notariado, encargado de garantizar al ciudadano la seguridad jurídica. En 2000 iniciaron la puesta en marcha de una red informática que facilita el intercambio y tramitación electrónica de documentos y datos con las Administraciones públicas, así como con entidades privadas.

Ahora mismo esa red conecta en tiempo real a las más de 2.800 notarías “garantizando la misma calidad del servicio en cualquier punto de España”, explica Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado.

Asegura que “solo en 2020 realizaron 20 millones de operaciones de manera telemática, sin necesidad de desplazamientos, ni trasiego de copias en papel, simplificando la burocracia, tiempo y costes, y con plenas garantías de seguridad jurídica”. 

Tecnología transformadora

La tecnología se convierte así en la catalizadora del cambio y culpable de que se haya acuñado el término “legaltech”. Bajo él se engloba la aplicación de herramientas digitales al sector jurídico, tanto en lo relacionado con la automatización de tareas en los despachos como en el establecimiento de relaciones más fluidas con el cliente. 

“La agilidad es una de las cualidades que ha demostrado ser clave en esta última época. El despacho debe adaptar la prestación de servicio y la respuesta a esta premisa, y ha de contar con las mejores herramientas para dar soluciones rápidas y precisas. Para ayudarle en esta tarea cuenta con bases de datos jurídicas y búsqueda de información a través de sistemas de inteligencia artificial”, recuerda Martínez.

Un procedimiento que es novedoso en el uso de esta tecnología –la inteligencia artificial–, pero que no lo es tanto en cuanto al método. En 1979, la estadounidense Lexis Nexis ya introdujo los primeros servicios de investigación legal asistidos por ordenador.

A través de su terminal UBIQ, los abogados de los despachos que podían permitírselo, conectaban sin moverse de su sitio con varias bases de datos de leyes y jurisprudencias de Estados Unidos.

Todo un hito para el ámbito jurídico procedente de una compañía que en 1974 ya había creado su propia red privada de telecomunicaciones. El propósito era asegurar que sus clientes de las grandes ciudades tuvieran acceso ininterrumpido a sus servicios.

El otro punto de inflexión se produjo en el año 2000. También en Estados Unidos. En esta ocasión la innovación de los fundadores de Axiom Law fue dar la espalda a las estructuras tradicionales y jerárquicas de los despachos jurídicos con el fin de ofrecer servicios más asequibles y flexibles. Es lo que se conoce como ALSP (Alternative Legal Service Provider). 

“Los proveedores de servicios legales alternativos nos apoyamos en la tecnología para salir del sistema por el que se venían rigiendo hasta ahora los despachos de abogados y, así, romper con el modelo piramidal”, explica Natalia Martos, fundadora del ALSP Legal Army, en conversación con este medio. 

Un modelo en el que predominan las grandes oficinas, se factura por horas y donde son pocos los que alcanzan la cúspide de esa pirámide. “A los que están arriba generalmente les ha costado mucho esfuerzo llegar y, por eso, resulta complicado cambiar un sistema ya asentado. Nosotros proponemos un modelo disruptivo al que preferimos denominar empresa de servicios jurídicos”, afirma David Fernández, fundador de Eskariam y abogado con 25 años de experiencia, en una entrevista con D+I.

Hacia un modelo más flexible

Tanto Legal Army como Eskariam nacieron en 2018. Ambas, con el objetivo de transformar la profesión jurídica en España. “Gracias al empleo de la tecnología se reducen los costes en infraestructuras y se trabaja con procesos más eficientes y escalables. Así, conseguimos algo que no se había visto hasta ahora en la abogacía: ofrecer a los clientes tarifas cerradas”, detalla Martos.

En el caso de Legal Army, para la gestión de proyectos emplean un ERP (Enterprise Resource Planning) adaptado. Un tipo de software que facilita la automatización de los recursos productivos de un negocio y que no es habitual en una firma de servicios jurídicos.

“Esta herramienta nos permite saber en qué está trabajando cada abogado en cada momento, comprobar que ninguno esté sobrecargado y, en ese caso, repartir la carga de trabajo. Se trata de verificar la rentabilidad por cliente y la rentabilidad por abogado, lo que ayuda a ver cómo mejorar la compañía en cuanto a los procesos internos”, explica la fundadora. 

En la gestión con los clientes, al ser especialistas en negocios digitales, propiedad intelectual y privacidad, uno de los servicios que proporcionan es la externalización del data protection officer. Una figura que todas las empresas europeas tienen que acatar desde la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). “Para garantizar su cumplimiento contamos con una plataforma donde se registran todas las acciones que hay que realizar y que asegura su trazabilidad”.

Plataforma propia de la empresa de servicios jurídicos Eskariam.

Eskariam, por su parte, especializada en demandas masivas, defiende grandes causas apoyándose en soluciones tecnológicas punteras y técnicas de gestión empresarial. “Trabajamos con metodologías de trabajo ágiles, implantadas hace tiempo en otros sectores de las que el legal no sabía nada, para transformar los procesos. Empleamos tecnología útil que ya se usa en otros ámbitos”, explica Fernández.

Gracias al uso de bases de datos relacionales, tecnología OCR (Optical Character Recognition) y desarrollo de aplicaciones propias son capaces de hacer frente a grandes volúmenes de clientes. Entre los casos más destacados que han liderado, el fundador de Eskariam menciona el del ‘Cártel de la leche’. “Con más de 2.000 afectados, pudimos auditar dos millones de documentos gracias al empleo de software y dar servicio a los clientes con el empleo de un sistema ERP”.

Nuevas tecnologías, nuevas estructuras

La incorporación de estas herramientas implica un cambio en las estructuras de los modelos de negocio. Una transformación que ambos –tanto Martos como Fernández– coinciden que hay que abordar desde las personas. “Hay que cambiar su forma de trabajar en el día a día y para ello se requiere mucha más inversión en formación. No es algo que pueda tratarse únicamente desde los consejos de administración”, incide Fernández.

“Por otro lado –añade la portavoz de Lefbvre–, el cliente debe ‘enfrentarse’ a constantes cambios de normativa y a posibles sanciones; y el abogado necesita estar preparado para dar un servicio pleno, transmitir seguridad y control”. El papel del cliente se vuelve así fundamental en este nuevo modelo de negocio. 

La tendencia actual apunta al aumento del uso de la inteligencia artificial. “No para sustituir al profesional, sino para aportarle nuevas herramientas y una mayor capacidad de respuesta”, puntualiza Martínez. Esto se traduce en que el abogado que cuente con este tipo de soluciones será más competitivo y ofrecerá un asesoramiento más preciso y rápido a su cliente.

Martos pone como ejemplo lo que ya hacen en su empresa: automatización de la redacción de contratos a partir de unos modelos preestablecidos. “Se trata de una tarea sin valor añadido que no requiere del trabajo de un abogado. Lo que antes podía llevar hasta cuatro o cinco horas, ahora solo requiere de 20 minutos”, explica. “Así es cómo las firmas alternativas podemos escalar nuestro negocio”. 

Llegados a este punto surge la cuestión recurrente sobre la destrucción del empleo y, de nuevo, la respuesta es la más habitual: “No se trata de sustituir a los abogados, sino de modificar sus puestos de trabajo. Es una oportunidad para aprender, adaptarnos a la nueva realidad y generar nuevas posiciones”, defiende la fundadora de Legal Army.

La innovación pasa por una mayor rapidez en las comunicaciones, reducción de procesos y facilidad de acceso a los datos. “La idea es que la máquina acabe haciendo las tareas repetitivas de captura y aprovechamiento de los datos –remarca el delegado de nuevas tecnologías del CGN–, de forma que las personas nos podamos dedicar a labores creativas y productivas allí donde la inteligencia artificial no llega”.

La irrupción de este modelo no solo está cambiando las sólidas estructuras del ámbito legal, también logrará la democratización de los servicios jurídicos a un coste fijo. La revolución de mano de la tecnología parece imparable.