Se busca sistema tecnológico que permita identificar webs con actividades ilegales

León es la ciudad de referencia en lo que se refiere a la lucha contra la ciberdelincuencia, que ha crecido con la pandemia. Hay muchos argumentos que lo evidencian, como por ejemplo el hecho de que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) tenga su sede principal allí.

Este eje institucional ha generado un ecosistema formado por casi un centenar de empresas relacionadas con el sector que han ubicado en territorio leonés sus centros de operaciones. No extraña, pues, que el Gobierno haya estado peleando durante meses para que el Centro Europeo de Ciberseguridad también se instalara en la zona, algo que finalmente no se logró.

Pero más allá de grandes decisiones, de grandes proyectos o de grandes promesas, lo cierto es que el trabajo en ciberseguridad es constante y también se realiza desde el marco de la administración regional.

En este sentido, por poner un ejemplo, la Junta de Castilla y León está buscando en estos momentos una solución tecnológica que permita identificar dominios o sitios web donde se desarrollan actividades ilegales de forma anónima, que no hayan sido identificados previamente, y que no se puedan encontrar en fuentes públicas, tanto en la internet profunda deepweb como en la web superficial.

Y lo ha hecho a través de una licitación de Compra Pública Innovadora (CPI).  Esta licitación tiene como objetivo el desarrollo de herramientas que permitan descubrir nuevos servicios ilícitos ocultos y monitorizados y, con la información obtenida, eliminarlos.

Según explican fuentes de la Junta, esta modalidad se denomina compra precomercial, ya que permite contratar servicios de I+D para dar respuesta a un reto público para el que no existen productos o servicios desarrollados en el mercado, impulsando así el desarrollo en I+D y compartiendo riesgos y beneficios con las empresas adjudicatarias.

El plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el 14 de mayo de 2021. A partir de la adjudicación, el plazo de ejecución está establecido en 13 meses.

El procedimiento se divide en dos fases competitivas, de siete  y seis meses respectivamente, con sus correspondientes actividades y evaluaciones de carácter eliminatorio, y permitirá desarrollar varias soluciones innovadoras simultáneamente, de forma que se maximicen las probabilidades de éxito.

Con carácter previo a esta licitación se ha llevado a cabo una consulta de mercado entre las empresas y operadores tecnológicos del sector para explorar las posibles respuestas a las necesidades tecnológicas detectadas.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ha querido potenciar para este proyecto la Compra Pública Innovadora (CPI) como una herramienta de apoyo a la innovación desde la demanda.

En este sentido, fuentes autonómicas recuerdan que "desde hace más de una década el sector de la ciberseguridad viene desarrollándose como uno de los más estratégicos en la región, para lo que ha invertido desde 2016 más de 6,5 millones de euros, a través de las distintas líneas de apoyo de consolidación y procesos de I+D+i incluidas en la Plataforma Financiera y de la CPI".

En el marco del Programa denominado ESCALA CPI, y bajo esta fórmula como un nuevo mecanismo en la forma de apoyar la innovación, el ICE ha publicado en el portal de Contratación del Estado esta licitación, "la primera en materia de ciberseguridad de Europa", a la que destinará un presupuesto total de 535.591,29 euros, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Lo cierto es que el sector muestra unos datos en constante crecimiento: se estima que el mercado de la ciberseguridad en España ascienda a 1.324 millones de euros en 2021, un 8,1 % más que el resultado obtenido en 2020.

Además, en el foro de 2021 de IDC Cybersecurity, apoyado institucionalmente por INCIBE y protagonizado por los 16 líderes tecnológicos de este campo en España, se han puesto de manifiesto los grandes cambios a los que hace frente la ciberseguridad, dado el incremento del número de amenazas de seguridad con cerca de 350.000 ataques de software malicioso  –Malware- diarios a nivel mundial, y la falta de habilidades en este campo.

De ahí que la Junta de Castilla y León quiera seguir apostando por ser un referente y reforzar su estrategia. "Consideramos que jugaremos un papel fundamental en atraer conocimiento y talento y será un instrumento clave para impulsar la transformación digital de nuestras compañías", explican las mismas fuentes.

Respecto a la CPI, cabe explicar que se trata de un procedimiento administrativo de contratación de productos o servicios con alto componente de investigación y desarrollo, fuertemente impulsado desde la Unión Europea.

A través de él se orientan las compras que realizan las administraciones públicas, no sólo al cumplimento de sus fines ofreciendo productos y servicios de calidad e innovadores, sino también al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas, incentivándolas a que hagan en sus ofertas propuestas innovadoras que no existen en el mercado, o incorporen soluciones tecnológicas que mejoren sustancialmente lo que existe.

Entre sus ventajas y beneficios destaca garantizar una mayor eficiencia en el gasto público y una mejora de la calidad de los servicios públicos prestados a ciudadanos y empresas.

Además convierte a las administraciones en palanca de la innovación y la competitividad empresarial. Lo hace de forma creativa -demanda un servicio como cliente- y contribuyendo a compartir los riesgos que conlleva la I+D.

Bajo esta fórmula de CPI, el 12 de marzo, el ICE también ha cerrado un proceso de recogida de soluciones tecnológicas innovadoras para crear una nueva plataforma inteligente destinada a emprendedores y empresas que apoye la innovación y el emprendimiento en la región denominado SENDA, que corresponde a las siglas ‘Sistema Experto en la Nube de Diagnóstico y Acompañamiento’.