Muface y el éxito del sistema sanitario
En una sociedad con un alto lo nivel de desarrollo, como lo es la española, la asistencia sanitaria se ha convertido en un bien de primera necesidad debido, en gran parte, al éxito del sistema sanitario en su lucha contra la enfermedad.
Enfermedades graves que no hace mucho tiempo eran mortales, ciertos tipos de cánceres, por ejemplo, se combaten hoy en día de forma eficaz y a un coste asumible. Estos éxitos generan, afortunadamente, el envejecimiento de la población, que goza de mejor salud, pero a costa de dedicar un porcentaje elevado de renta a satisfacer una demanda de atención médica, que no deja de crecer.
En Estados Unidos, el gasto sanitario alcanza ya el 20% de su PIB (en 1970 era del 7% de un PIB muy inferior). En España se sitúa en el 10% (el 3% en 1970), pero si se satisficiese la demanda de la población reduciendo, por ejemplo, las listas de espera, el gasto sanitario se situaría, a corto plazo, muy por encima.
De acuerdo con nuestra Constitución y la legislación que la desarrolla, los españoles tenemos derecho a recibir atención médica gratuita con independencia de la edad, lugar de residencia, renta, patrimonio, etcétera. La responsabilidad de garantizar asistencia gratuita a los ciudadanos corresponde a la Administración General y a la Autonómica en definitiva, competencia de los partidos políticos, quienes se muestran de forma persistente incapaces de gestionar con eficacia los recursos, de personal principalmente, asignados al sistema sanitario.
Las listas de espera son un indicador importante, no el único, de una deficiente gestión de los recursos económicos y del incumplimiento del compromiso libremente asumido entre los políticos y los votantes.
Además de los principios de equidad citados, recogidos en la Constitución, la intervención de las Administraciones Públicas en el consumo de bienes y servicios que garanticen un nivel adecuado de salud es necesaria porque el paciente no tiene capacidad ni para elegir la asistencia que necesita ni para pactar el precio de la prestación (ignorancia invencible, relación de agencia, etcétera).
La intervención conjunta del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Economía es ineludible. No se trata sólo de que el paciente pueda o no pagar la asistencia, es que es incapaz de elegir la adecuada y de negociar el precio.
La intervención conjunta del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Economía es ineludible
Pese al compromiso de las Administraciones Públicas de prestar asistencia sanitaria gratuita a toda la población, un 40% de españoles, 12 millones de personas, cuentan, con carácter complementario, con un seguro privado de salud, a lo que habría que añadir las prestaciones pactadas libremente entre médico y paciente, y cuyo coste es soportado por este último (la asistencia buco-dental es un ejemplo). El control por parte de la Administración de este tipo de asistencia, en lo que se refiere a cantidad, calidad y coste, es muy escaso, (siempre lo fue) lo que dificulta su gestión eficaz.
La protección gratuita de la salud a toda la población exige distinguir en la prestación tres funciones distintas, aunque estrechamente relacionadas: provisión, financiación y producción.
La provisión gratuita de bienes y servicios necesarios para mantener o recuperar la salud es la función principal y la más compleja, a la que se enfrentan las autoridades sanitarias y condiciona las otras dos, aunque de manera recíproca: sólo se puede proveer lo que la Administración es capaz de financiar.
Definir el volumen y composición de la asistencia sanitaria a prestar supone definir la red de centros sanitarios disponibles (hospitales, ambulatorios, etcétera), su ubicación, dimensión, dotación de personal (aspecto fundamental), equipamiento, etcétera. En este proceso es imprescindible el cálculo de los costes y de los rendimientos en términos de salud, de los servicios a prestar por cada uno de los centros, tarea que exige disponer de estadísticas actualizadas y coherentes con los objetivos fijados.
Colaboración
La producción de la asistencia sanitaria, que, de forma gratuita, (financiada con impuestos) tanto la Administración General, como las comunidades autónomas, se comprometen a proveer a la población, puede ser acometida en centros públicos gestionados por funcionarios o en centros privados gestionados por empresas privadas, previo contrato con la Administración competente.
La colaboración público-privada: provisión y financiación pública, producción privada, es la fórmula adoptada con éxito en el caso del alumbrado público o en el de las infraestructuras del transporte (carreteras, por ejemplo). En tales casos el proveedor es el sector público, responsable igualmente de su financiación mediante impuestos, por tratarse de prestaciones no vendibles.
En cambio, la producción del bien o servicio es responsabilidad de empresas privadas, como resultado de los correspondientes contratos públicos, lo que obliga a la convocatoria de concursos y exige disponer de mecanismos que controlen los resultados.
Esta fórmula es la que se aplica en el modelo Muface a los funcionarios públicos cuyas necesidades en el campo de la salud son satisfechas por las Administraciones Públicas. Es también el modelo aplicado a la asistencia sanitaria de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En el modelo Muface, la Administración General se responsabiliza del cuidado de la salud de los funcionarios, públicos y familiares a su cargo. Lo específico del modelo es que los funcionarios pertenecientes a Muface pueden elegir entre recibir asistencia sanitaria en centros públicos como el resto de la población o recibir la asistencia sanitaria proporcionada por determinadas aseguradoras privadas de acuerdo con las condiciones pactadas entre Muface y dichas aseguradoras.
Los funcionarios, en un 80%, eligen ser atendidos por las aseguradoras privadas, no por la sanidad de gestión pública. El coste por persona que abona Muface a las aseguradoras privadas es, además, inferior al coste por persona de la asistencia sanitaria de gestión pública.
Origen
El modelo Muface surgió hace 50 años como consecuencia de que el colectivo de funcionarios disponía de un nivel de protección que dependía del cuerpo al que pertenecía el funcionario: los funcionarios de Hacienda tenían, por ejemplo, un nivel de protección muy diferente del de los maestros. Pero, en general, inferior al que disfrutaban la gran mayoría de los trabajadores por cuenta ajena.
A la hora de evaluar, desde la perspectiva del consumidor, la asistencia sanitaria pública prestada a través de Muface es importante destacar que, para muchos ciudadanos, los funcionarios públicos gozan de una situación privilegiada: asistencia gratuita y con la posibilidad de elegir, lo que hace suponer que millones de usuarios, obligados a consumir asistencia sanitaria en centros de gestión pública, preferirían el modelo Muface: asistencia sanitaria pública gratuita de producción privada, frente al modelo de asistencia sanitaria pública gratuita de producción pública, aplicado a la población en general.
Sin embargo, Muface no nació para que los funcionarios gozasen de un privilegio. Nació, en 1975, como solución práctica, económicamente asumible, para garantizar la asistencia sanitaria a un colectivo de más de un millón de personas en condiciones de igualdad con el conjunto de la población. Es un ejemplo de éxito, como abordaré en una segunda entrega de este artículo.
*** José Luis Lancho de León es economista del Estado.