Juanma Moreno da rango de ley al diálogo social: empresas y sindicatos participarán en las políticas públicas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado un paso más para mejorar su relación con los sindicatos y, con ello, el diálogo social en la comunidad, elevándolo a rango de ley. Aunque otras regiones llevan décadas de ventaja a Andalucía, Moreno ha reivindicado que "ha tenido que llegar un gobierno del PP para impulsarla".

La misma se llamará de Participación Institucional y su puesta en marcha ha sido firmada este miércoles en san Telmo -sede del Gobierno andaluz- por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y con los sindicatos UGT-A y CCOO-A.

Se trata de una petición que los sindicatos llevan solicitando desde hace décadas. En concreto, esta firma es el primer paso de la prometida norma para llevar el papel de los agentes económicos y sociales "al máximo nivel". Es decir, hasta el punto de informarles de las leyes que prepare el Gobierno y permitirles hacer aportaciones y participar en el diseño de las políticas públicas.

Para darle este rango de ley el presidente de la CEA, Javier González de Lara; la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, y el secretario general UGT Andalucía, Oskar Martín, han firmado el denominado 'Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional' de las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También ha asistido el secretario de UGT a nivel nacional, Pepe Álvarez.

En su intervención, el presidente andaluz ha alabado "la determinación y firmeza" de los tres agentes socioeconómicos firmantes. "Hoy damos el paso decisivo para elevar el diálogo social a su máxima categoría. Y no existe mayor categoría que es el mayor rango posible, el rango de ser ley".

Tras señalar la discrepancias que "siempre se dan" entre las partes, el presidente ha valorado que las centrales sindicales "siempre estén dispuestas a hablar y a avanzar" y ahora, ha enfatizado, "ha llegado el momento de pasar de nivel".

"El mayor consenso"

"Queremos darle al diálogo social el lugar central que le corresponde, institucionalizando su valor", ha asegurado. También se ha mostrado "convencido" de que la Proposición de Ley se sustanciará en el Parlamento andaluz y contará con el apoyo de "la mayoría" de los grupos parlamentarios. "Intentemos sacarlo con el mayor consenso posible porque, sin duda alguna, será bueno para Andalucía", ha sugerido.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado la figura del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, por su "empeño" para sacar adelante este proyecto de ley. Además, ha destacado que el propio Tribunal Constitucional (TC) tiene doctrina al respecto.

La Ley de diálogo social aumenta sensible y considerablemente el nivel de compromiso y decisión de los agentes sociales y económicos más representativos en la propia acción de gobierno.

De igual forma, se le darán a conocer, antes de su aprobación, los anteproyectos de ley relacionados con las materias que son de su correspondencia; serán consultados en las iniciativas legislativas de todos y cada uno de los ámbitos en los que ellos participan podrán proponer directrices o líneas generales de actuación y participar también en su propia elaboración.

También podrán realizar el seguimiento y evaluación de los órganos y planes en los que participen y "todo ello desde el espíritu crítico, constructivo y leal".

Moreno ha reconocido que desde 2020 se viene hablando "mucho de esta ley", pero ha destacado la forma de gobernar de este Ejecutivo para avanzar en este asunto. A su vez, ha abierto la puerta a que esta fórmula se exporte al resto de España respetando al adversario, empatizando con el adversario y llegando a acuerdos. Lo que los populares denominan "la vía andaluza".

"No es el final del camino"

Por su parte, los representantes sindicales y de los empresarios han valorado la firma de este acuerdo que impulsará la normativa.

El secretario general de UGT-A, Oskar Martín, ha precisado que esta futura ley no sólo es un paso adelante en "el cumplimiento de compromisos históricos", sino que también es una demostración manifiesta de la capacidad para "construir una sociedad más justa y democrática".

Martín ha apuntado que esta normativa supone el desarrollo de un mandato estatutario y ha detallado que también está reconocido en la Constitución Española, por el Tribunal Constitucional, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Comisión Europea (CE).

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha llamado la atención sobre el trabajo que empezó en el año 2000 hasta llegar al acto de este miércoles, defendiendo el derecho a la participación de los trabajadores en asuntos públicos, "en aquellas decisiones que nos afectan y que nos condicionan nuestra vida".

"No es solo que nos pregunten sino que supone intervenir de forma activa en el diseño de todo tipo de acciones, de medidas y decisiones que nos afectan, ya sea en al ámbito económico, social o cultural", ha explicado López. La sindicalista ha defendido que la clase trabajar tiene "muchas soluciones y muchas propuestas y alternativas para mejorar y enriquecer las normas".

Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha mostrado su satisfacción por la firma de este acuerdo para propiciar el inicio de la tramitación de la Ley de Participación Institucional. "Estamos ante un acontecimiento crucial, pues 17 años después de la reforma de nuestro Estatuto finalmente se desarrolla la participación institucional".

González de Lara ha resumido los tres elementos esenciales de esta nueva regulación: reconocer con rango lega los derechos y obligaciones de los agentes económicos y sociales más representativos, garantizar la actividad y el ejercicio de las competencias de esas organizaciones empresariales y sindicales más representativas y dotar de transparencia y seguridad jurídica al ejercicio de esta participación.