El cambio en las reglas del juego que tantos dolores de cabeza -y demandas- ha traído a la administración española en materia energética en la última década vuelve a estar de actualidad con una nueva revisión de una normativa que ha transformado drásticamente el panorama de las centrales nucleares.

A mediados de diciembre, el gobierno español celebraba la consecución de un acuerdo europeo para reformar el mercado eléctrico de la zona durante su presidencia de turno que preservaba la importancia de las nucleares que tanto ansiaba Francia. Solo dos semanas después, el Consejo de Ministros aprobó la enésima revisión del Plan General de Residuos Radiactivos (PGGR) para el “apagón” nuclear definitivo que reduce la competitividad de la industria española y los planes de descarbonización con un aumento impositivo que duplica el contemplado en la norma anterior.

El séptimo y por ahora último PGGR decreta la construcción de siete almacenes nucleares en lugar de uno centralizado, una cuestión que justifica más de la mitad de los 3.000 millones de euros de sobrecoste de la factura del apagón nuclear previsto entre 2027 y 2035 hasta alcanzar los 20.220 millones.

Los gastos asociados a la gestión de residuos radiactivos son sufragados mediante un fondo administrado por Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), financiado por las contribuciones de los titulares de las centrales nucleares. Actualmente, estos titulares pagan 7,98 euros por cada megavatio/hora producido en forma de tasa de gestión de residuos.

"Voracidad fiscal"

La patronal del sector, el Foro Nuclear, estima que, dependiendo del volumen final de la electricidad, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares están abonando en torno a 450 millones de euros anuales al fondo, que cuenta con unos 7.500 millones acumulados. Según sus estimaciones, la “voracidad fiscal” ha dejado a las centrales en números rojos en la última década, con pérdidas acumuladas de 1.300 millones de euros.

A pesar de que en 2019 se estableció un protocolo limitando el aumento de esta tasa al 20%, el Gobierno propone ahora incrementarla en un 40%, llevándola a 11,14 euros por megavatio/hora. Considerando todos los impuestos (nacionales, locales, autonómicos y la tasa Enresa), las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares enfrentan una carga fiscal significativa. Independientemente del precio de venta de la electricidad. Estas tasas ascienden a los 25 euros/MWh, que equivalen a entre un 35 y un 40 por ciento de la facturación anual de las centrales.

Con la implementación de la nueva norma, la carga fiscal se elevará a los 28 euros/MWh, una cifra que plantea desafíos sustanciales para la rentabilidad y competitividad del sector. Para las centrales españolas el coste de producción promedio oscila entre los 58 y los 62 euros/MWh, un 40% más caro que en Francia.

Un coste de 22.600 millones

Según el think tank medioambiental Oikos, el cierre anticipado de las centrales en España aumentará los precios mayoristas de la electricidad. En un informe sobre las prospectivas de la transición energética en España, los autores consideran que no extender la vida de las nucleares -en contra de la tendencia en buena parte de Europa- tendrá un coste de 22.600 millones de euros entre 2027 y 2050 soportado por las empresas y los consumidores nacionales.

Además, el cierre de las nucleares -que produjeron el 20% de la electricidad en España en 2022 y más de un 30% del total libre de emisiones- disparará las emisiones de CO2 y podría poner en riesgo el suministro en las regiones más dependientes de la generación nuclear.

“Las renovables no son capaces de absorber toda la demanda de electricidad que las centrales nucleares cubren actualmente. Esto se debe principalmente a que su capacidad no es flexible, y a que otras posibles tecnologías flexibles (baterías, almacenamiento, interconexión...) no se están desarrollando lo suficientemente rápido como para cubrir el calendario previsto de desmantelamiento de las centrales nucleares”, explican los analistas de Oikos.

Las renovables no son capaces de absorber toda la demanda de electricidad que las centrales nucleares cubren actualmente

Oikos, think tank medioambiental

Ante esta situación, el apagón nuclear implicará en toda España un aumento de la producción de los ciclos combinados dado que las energías renovables no tendrán capacidad para producir energía y asegurar el suministro eléctrico 24 horas al día, 7 días a la semana. La consecuencia directa será un fuerte aumento de las emisiones, con un aumento de emisiones que Oikos estima en unos 3.000 millones de euros.

Voz de alarma en el sector

La situación es particularmente relevante en Cataluña, donde se ubican tres de las centrales nucleares que en 2022 produjeron más de siete veces electricidad que la fotovoltaica y la eólica conjuntamente. Un 56,2% del consumo de la región proviene de la producción nuclear y su clausura supondrá, según cálculos del Foro Mercado Libre, un incremento de las emisiones de CO2 en la comunidad de un 30%.

Con estos vaivenes en las estrategias nacionales y sus contradicciones con las pautas europeas, el sector ha levantado la voz de alarma al considerar que enfrenta una nueva encrucijada que amenaza su futuro inmediato y que exige soluciones equitativas y sostenibles que preserven la deseada estabilidad del sistema energético y del objetivo común e ineludible de la transición energética.

“Mantener la operación del parque nuclear español va en la línea de la resolución aprobada en la reciente COP28, contribuye a reducir las emisiones y a conseguir el objetivo del Net Zero de la Unión Europea, a reducir la factura de la luz de familias y empresas y ayuda considerablemente a la financiación del propio Plan, ya que cuanto más tiempo funcionen las centrales nucleares más financiación estará disponible”, sostiene el Foro Nuclear.