En un escrito de acusación presentado este miércoles, los fiscales solicitan 28 y 21 años de cárcel para Rafael Araújo y Rafael Girona (exdirectivos de seguridad de Repsol) y 21 años de cárcel para Miguel Ángel Fernández Rancaño (exjefe de seguridad de CaixaBank) por presuntos delitos de cohecho por haber contratado a un policía en activo; descubrimiento de secretos por el espionaje y falsedad en documentos mercantiles por haber confeccionado facturas falsas para los pagos a Villarejo.

La investigación de la contratación del grupo Cenyt, la empresa de Villarejo, por Repsol y CaixaBank comenzó en diciembre de 2019 como parte del caso Tándem, el macrosumario que tramita la Audiencia Nacional por las múltiples actividades presuntamente delictivas desarrolladas por Villarejo al servicio de entidades privadas utilizando información y medios policiales.

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Anticorrupción fracasó en su intento de implicar penalmente tanto a Repsol y CaixaBank como a sus más altos directivos, Antonio Brufau e Isidro Fainé, que tuvieron que ir a declarar como investigados pero fueron finalmente exonerados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En coherencia con la decisión judicial, el escrito de acusación del Ministerio Público indica que "los más altos directivos" de Repsol y CaixaBank -sin citar nombres- ordenaron recabar información sobre el pacto de sindicación alcanzado en 2011 entre Sacyr y Pemex, a través del cual pretendían tomar el control de la compañía petrolera española.

Y añade que Araújo, Girona y Rancaño "compartieron la información con sus superiores en las respectivas compañías, sin que conste que éstos tuvieran conocimiento que el titular real de la empresa proveedora de los servicios contratada por sus subordinados fuera un comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía".

Responsables civiles subsidiarios

Repsol y CaixaBank sí figuran en el acta acusatoria de la Fiscalía como responsables civiles subsidiarios, lo que significa que, en caso de condena de sus exempleados, tendrían que abonar las indemnizaciones que correspondiesen a las víctimas de los delitos cometidos si los condenados no pudieran asumirlas en todo o en parte.

La petición se apoya en el artículo 120.4 del Código Penal, según el cual "son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente" las personas jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio "por los delitos que hayan cometido sus empleados (...) en el desempeño de sus obligaciones o servicios".

Anticorrupción también reclama la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el caso de que Villarejo sea condenado. El excomisario afronta una petición de pena de 40 años y medio de cárcel. Para su número dos en Cenyt, Rafael Redondo, la Fiscalía pide 32 años y medio de prisión.

Según el escrito de acusación, cuando en el verano de 2011 fue conocido el acuerdo de sindicación de acciones entre Del Rivero, entonces presidente de Sacyr, y la mexicana Pemex "por parte de los más altos directivos de Repsol se adoptaron diferentes medidas, una de las cuales fue recabar información sobre ese pacto de accionistas, sirviéndose para ello de la dirección de seguridad corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban Rafael Araújo y Rafael Girona".

Estos contactaron los primeros días de octubre de 2011 con Villarejo "a sabiendas
de que se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de
Policía y que podía servirse de dicha condición para llevarla a cabo, entre otras
cosas por el acceso que desde su posición tenía a información de carácter
reservado tanto en poder de la propia Policía Nacional como en poder de entes
privados".

Proyecto Wine

Araújo y Girona encargaron a Villarejo una investigación inicialmente dirigida a recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero. Nació así el llamado Proyecto Wine.

CaixaBank, accionista de referencia de Repsol, se sumó más tarde al encargo a través de Fernández Rancaño en su condición de director del área de seguridad corporativa del banco.

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En el curso de esa investigación, Villarejo accedió ilegalmente al tráfico de llamadas de Luis del Rivero, de su esposa y de otras personas, afirma la Fiscalía. También se espiaron sus contactos con personas del mundo de la política, los medios de comunicación y las finanzas.

Asimismo, se llegaron a identificar los números de teléfono de los directivos de Pemex con los que Del Rivero hablaba.

A partir de enero de 2012, el Proyecto Wine "incluyó un nuevo objeto", añade el escrito de acusación, "a fin de abarcar, también, eventuales conductas irregulares que Luis del Rivero hubiera podido realizar" con el propósito de utilizar esa información en el marco del conflicto que Repsol y CaixaBank mantenían con él.

Villarejo y Redondo "recabaron información sobre las vinculaciones que, según manifestaban, habría tenido Luis del Rivero con los hechos y las personas investigadas en diferentes operaciones desarrolladas por las autoridades españolas contra la corrupción, como la denominada operación Malaya, que afectó al Ayuntamiento de la localidad malagueña de Marbella; el caso de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha o el caso de Jaume Matas".

También "se recabó información sobre supuestas actuaciones irregulares que atribuían a Luis del Rivero Asensio por operaciones desarrolladas en Panamá".

Repsol y CaixaBank pagaron a Villarejo un total de 389.400 euros por el Proyecto Wine. En las facturas no se reflejó el encargo real, sino que se hizo constar como concepto la “elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos, anulados o dañados. Consultoría jurídica y técnica”.