Durante esta legislatura que está tocando a su fin, la financiación de las políticas de dependencia y cuidados del mayor se ha elevado. Según los datos del Gobierno, este mandato terminará con un incremento para estas partidas de 2.000 millones anuales.

Sin embargo, sigue sin ser suficiente. En España unas 177.423 personas esperan una prestación que ya tienen aprobada y todavía no reciben. El tiempo medio de espera para la valoración de la misma es de 378 días.

Lo más grave de esta situación es que sólo en 2021 murieron 46.300 personas, 126 al día, sin recibir la ayuda de dependencia que podría corresponderles. Y no lo hicieron bien porque no ejercieron sus derechos o bien porque estaban pendientes de resolución de su solicitud. 

En este sentido, los actores del sistema de dependencia están de acuerdo en que un pacto de Estado de los cuidados se antoja más necesario que nunca para amparar este pilar de los servicios sociales. ¿Quiénes son estos actores? Los que conforman su Diálogo Social: la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, el sector privado y los sindicatos. 

Precisamente, Cristóbal Valderas, presidente de Clece, es uno de sus impulsores. "Es imprescindible en este momento un pacto de Estado de los cuidados, que incluya a Gobierno, a empresas, a sindicatos, a autonomías, a ayuntamientos, a usuarios... Hoy día en este país y viendo que en 2050 tendremos 16 millones de personas mayores, esta debe ser una propuesta que no puede caer en saco roto". 

Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, valora esta propuesta y también la considera necesaria, pero admite que en el actual momento político se antoja un objetivo muy difícil.

Con todo, el secretario de Estado ha recordado que, pese a que "la figura del pacto de Estado me gusta y me siento cómodo con ella, ya tenemos una suerte de pacto de Estado que ha echado a andar. Cuando en el ámbito del Diálogo Social y con las comunidades autónomas pactamos el plan de choque en dependencia de 2021, de facto estábamos poniendo una pica en Flandes en esta suerte de pacto de Estado de los cuidados que tenemos que construir". 

Estas cuestiones se han abordado en la mesa redonda El futuro de los cuidados, organizada por Clece y El Español en CaixaForum Madrid. En ella el secretario de Estado de Derechos Sociales ha avanzado los próximos pasos legislativos del Gobierno en el ámbito de los cuidados. 

Por un lado "se está reformando la Ley de Atención a la Dependencia para incorporar la teleasistencia como un derecho subjetivo".

Por el otro, se van a hacer modificaciones en el Real Decreto 1050 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia "para mejorar las prestaciones y la intensidad de los servicios". Este cambio se hará realidad "en primavera, en junio a más tardar". 

Otra cuestión que tuvo importante protagonismo en el debate fue la importancia de que los contratos públicos indexen las subidas salariales mandatadas por convenios colectivos o aumentos como los del salario mínimo interprofesional (SMI).

En este sentido, tanto los sindicatos CCOO y UGT como la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia reclaman que la conocida como Ley de Desindexación se reformule. "Un pilar de nuestra gestión es la dignificación laboral", ha afirmado Cristóbal Valderas. "Lo que pactamos con los sindicatos se tiene que reflejar en los contratos con la Administración", sentencia. 

Por su parte, Carolina Vidal, secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, que sin esta reforma de los contratos públicos las empresas "no pueden repercutir los costes de la mano de obra" en los pagadores, en este caso las Administraciones. 

Nacho Álvarez ha admitido conocer esta preocupación, que en su caso también le afecta en la gestión del Imserso. "Soy consciente de esta realidad y se está debatiendo en el seno del Gobierno. Pero tengo que ser prudente respecto las deliberaciones que se están tomando". 

Precisamente, en este sentido, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, ha demandado cambios en la Ley de Contratos del Sector Público. De manera que se haga "especial hincapié en que todas las Administraciones dejen de priorizar los contratos a la baja económicamente, y que valoren la calidad en las licitaciones".

Sintonía

El coloquio organizado por Clece y EL ESPAÑOL ha sido una prueba de que los agentes del sector de la dependencia están en sintonía. Todos han destacado que para prestar una mayor atención a los usuarios hay que mejorar la situación de los trabajadores, y eso pasa también por su profesionalización. 

En este contexto, tanto Gobierno como agentes sociales han estado de acuerdo en que para desatascar el sector de la dependencia el futuro pasa, cada vez más, por la colaboración público-privada. 

Jesús Cubero, secretario general de AESTE, por su parte, ha recordado que el sistema de colaboración público-privada ya ha demostrado ser "eficiente y nos va a permitir ahorrar costes a los ciudadanos cubriendo a una mayor parte de la población, reduciendo al mismo tiempo las listas de espera". 

Pese a esta mejora de la eficiencia, sin fondos poco se puede hacer. El propio Álvarez ha admitido el déficit de financiación en el que está España en dependencia. "Vivir en sociedades cada vez más longevas es una suerte, pero también un desafío económico y presupuestario. Nuestro país está invirtiendo del orden del 1% del PIB en el ámbito de los cuidados de larga duración, pero países de nuestro entorno están invirtiendo el orden del 2% del PIB. Queda mucho camino por andar".