La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que abra juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro de sus directivos por un presunto delito contra los consumidores consistente en aumentar artificiosamente el precio de la energía en 2013.

El fiscal Antonio Romeral dirige su acusación la filial de Iberdrola, respecto a la que pide que sea condenada a pagar una multa de 84,8 millones de euros.

También se sentarán en el banquillo Ángel Chiarri, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, a cargo de Mercados a corto plazo y Generación Global.

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Para cada uno de ellos, Anticorrupción pide dos años de cárcel, una pena que, de ser impuesta y si carecen de antecedentes penales, puede ser suspendida.

También solicita que se imponga una multa de 12.000 euros y se les inhabilite para cualquier empleo relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, lo que implicará la pérdida de sus puestos de trabajo.

La tesis de Anticorrupción es que "con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores", los acusados idearon y pusieron en funcionamiento un sistema "para incrementar el precio de la energía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".

Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, relata el fiscal, "a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentaron, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones".

Y ello "a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad".

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El fiscal calcula que se ocasionó un perjuicio de 107.340.000 euros que soportaron tanto los consumidores como la veintena de compañías distribuidoras que constan como perjudicadas en la causa.

Por ello, pide que los acusados sean condenados a indemnizar hasta un máximo de 107.340.000 euros, conjunta y solidariamente, a las comercializadoras "y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento de los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre de 2013, ambos inclusive".

"La acusación no se sostiene"

Iberdrola Generación sostiene, sin embargo, que la acusación "no se sostiene" por cuanto "la producción está siempre sometida a los controles y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y de Red Eléctrica".

Fuentes de la mercantil aseguran que la variación del precio "nos ocasionó un perjuicio" porque en aquellas fechas la compañía tenía una posición neta compradora. Por ello, no había ningún incentivo económico para provocar una subida de precios, sino lo contrario.

Explican que el alza de precios  que se produjo en el mercado mayorista diario entre los días 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013 fue por causas "completamente ajenas" a Iberdrola Generación.

"El alza respondió a una serie de circunstancias exógenas de mercado (subida de la demanda, reducción drástica de la producción renovable por falta de viento, elevada indisponibilidad de centrales, incremento coyuntural de los precios del gas, bajada de la capacidad de interconexión) todas ellas ajenas a Iberdrola", indican.

"La actuación de la empresa y de su personal se basó estrictamente en criterios técnicos y de mercado, y estuvo condicionada por la situación excepcional de escasez de aportaciones hidráulicas que se dio en esas fechas", añaden.

"Lo más llamativo es que se le busque una relevancia penal cuando ni la propia CNMC se la dio", concluyen.