Frente a las voces que llevan clamando semanas por la dificultad que la fragilidad parlamentaria del Gobierno añadiría al ingente número de reformas comprometidas, los negociadores españoles y comunitarios cerraron unos compromisos que desplazan el foco del Parlamento para situarlo sobre el diálogo social.

Las 300 páginas de anexos que detallan cada una de las reformas pactadas con Bruselas marcan una condición sine qua non al Gobierno de Sánchez: las grandes reformas (pensiones, laboral y fiscal) deberán llegar a Bruselas con el pacto previo con los sindicatos y patronal. Un listón que otorga al Gobierno gran parte de la flexibilidad de la que carece en el Parlamento y que desde Bruselas señalan que ha sido cocinado por Nadia Calviño y su equipo gracias a sus profundas conexiones con los halcones comunitarios.

Esta condición va a marcar todo lo que acontezca durante los próximos 12 meses. En este periodo de tiempo el Gobierno pasará dos reválidas que desbloquearán 22.000 millones, que se sumarán a los 9.000 ya comprometidos. Prácticamente, la mitad de los fondos incluidos en el Plan de Recuperación. Las dos próximas evaluaciones contienen los compromisos más complejos comprometidos por el equipo de Sánchez. Para superarlas, ocho personas conformarán el núcleo duro de negociadores que tendrán en sus manos el futuro de gran parte de los fondos europeos.

Todos los caminos llevan a Iván Redondo

Los miembros del Gobierno que deberán buscar los consensos claves de las reformas esperados estarán encabezados por Iván Redondo. El jefe del Gabinete de la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá su posición como autor intelectual de la estrategia del ejecutivo de cara a cerrar los acuerdos más complejos en la mesa de negociación.

Tras el compromiso de Bruselas de aceptar las reformas consensuadas por el diálogo social, Redondo tiene ante sí un terreno de juego en el que más pueden lucir sus capacidades. Una vez alcanzados estos acuerdos, ¿alguien se imagina a un socio del Gobierno tensando la cuerda para aprobar una reforma acordada con los representantes sindicales? ¿El Partido Popular o Ciudadanos se opondrán frontalmente a una propuesta que tenga el aval de la CEOE?

Pero si importante va a ser el marco y las líneas rojas que Moncloa dictará en las negociaciones, más aún lo va a ser el trabajo de los conocedores de la letra pequeña de las materias a acordar. Un ejemplo de esto lo encontramos en el papel que ya está desempeñando José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta misma semana su equipo ha conseguido dar un paso de gigante en la consecución de un acuerdo de cara a la reforma de las pensiones que espera rubricar durante los próximos días.

En él, el Factor de Sostenibilidad se sustituirá por un factor de "equidad intergeneracional" que el Gobierno aprobará en 2022 para que entre en vigor en 2027. Una decisión que el equipo de José Luis Escrivá ha aceptado tras mucho tira y afloja y que allana el camino del conjunto de la reforma. 

Calendarios distintos para Díaz y Montero

Frente a la placidez con la que Escrivá puede afrontar el resto de la negociación en materia de pensiones, aparece el gran reto que tendrá que afrontar la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Sin duda, la política gallega va a ser la que más recorrido va a tener que realizar desde sus posiciones iniciales para llegar a un acuerdo tanto con sindicatos como con la patronal de los empresarios.

Y es que estamos ante un marco para esta negociación muy similar a esa manta que te tapa los pies pero no te cubre el rostro y que, cuando uno intenta abrigarse la cara, le deja descubiertos los pies. La simplificación de contratos, las medidas para reducir temporalidad o subcontrataciones o los elementos de flexibilidad son, con diferencia, el cóctel más complejo de elaborar de las reformas pendientes. Un elemento al que hay que sumar el factor tiempo: el acuerdo tiene que estar listo antes de final de 2021.

Una cuestión, la temporal, con la que por el momento no va a tener que lidiar María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El calendario marcado por Bruselas le otorga un importante balón de oxígeno. Una cuestión en la que ha sido definitoria la violencia con la que el coronavirus ha golpeado a la economía española. Esto otorga una tregua de muchos meses hasta que el Gobierno tenga que afrontar la revisión de la captación de ingresos para las arcas españolas.

Pero que Montero tenga más tiempo que Díaz no hace que pueda afrontar este reto con despreocupación. España va a tener que dotar a sus empresas de mayores capacidades para ganar competitividad en un contexto muy complejo. Por otro lado, los retos de la agenda de Bruselas van a obligar a tasar multitud de actividades que hoy son fundamentales para nuestra economía. Conjugar ambas cuestiones dotando a España de los recuros necesarios para cuadrar sus cuentas con un modelo que agrade a empresarios y sindicatos será una labor de ingeniería fina.

La cintura de Garamendi

Al otro lado de la mesa, los representantes del Gobierno van a encontrarse con un bando de negociadores que llegan muy fortalecidos tras las indicaciones de Bruselas. Un grupo en el que sobresale la figura de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que vuelve a erigirse como el hombre en cuyas manos más veces se prevé esté la última palabra a la hora de cerrar los acuerdos de las grandes reformas.

Durante los últimos meses, Garamendi ha desempeñado el rol de contrapoder al Gobierno en todas aquellas decisiones con grandes implicaciones económicas. Sobre todo en los momentos de desescalada, el directivo vasco ha tenido un papel sumamente beligerante haciendo suyas, en multitud de ocasiones, no solo las visiones de los empresarios, sino también las de las comunidades autónomas más beligerantes y la oposición.

Del mismo modo, Garamendi ha demostrado cintura durante esta crisis. Se ha presentado como un negociador que estira hasta el último segundo los tiempos pero que, cuando el reloj marcaba la hora, ha sabido entender que, en la actual situación, un acuerdo de mínimos era mejor que un no acuerdo. Algo que esta última semana ha vuelto a mostrar con su matizado, pero apoyo al fin y al cabo, a una cuestión tan delicada para el Gobierno como los indultos a los políticos independentistas catalanes condenados por saltarse en reiteradas ocasiones la legalidad durante el procés.

A su lado, aparece la figura de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. Un jugador que va a tener mucho más que un papel secundario en esta partida. En el caso de la reforma laboral, Cuerva ya ha manifestado que los primeros bocetos presentados por el Gobierno tienen "una gran carga ideológica", pero están "lejos de las necesidades del tejido económico". En este sentido, se espera que el representante de la pequeña y mediana empresa española juegue la baza de la apuesta por la competitividad como eje de su argumentario en la mesa de negociación.

Los sindicatos, fuera de su zona de confort

Por último, los representantes sindicales llegan a este momento clave de la legislatura en una posición muy distinta a la de otras negociaciones. Pese a tener que sentarse a negociar con un Gobierno de signo progresista, que debería estar alineado a sus sensibilidades, los representantes de los trabajadores van a verse en la tesitura de, en algunos elementos de las tres grandes reformas, estar más cerca de la patronal que del Gobierno.

De hecho, desde el Gobierno llegan a señalar que no sería de extrañar que sindicalistas y empresarios consiguieran llegar a consensos previos en algunas cuestiones que les permitirían hacerle frente común gracias al gran peso que desde Bruselas se ha dado a su posición. En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ya ha adelantado su objetivo de cerrar tanto la reforma de las pensiones como la laboral este mismo mes de agosto.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, llega a la mesa de negociaciones con un mensaje muy beligerante. El mandatario se ha mostrado muy contrario a la visión 2050 planteada por el Gobierno, que ha llegado a calificar de ultraliberal. Del mismo modo, en lo que concierne a la reforma laboral, Álvarez parte de la posición de derogar por completo el actual modelo. Una posición de la que va a ser muy complicado moverle.

Así las cosas, todo apunta a que durante los próximos meses el termómetro del diálogo social va a llegar a registros pocas veces alcanzados. Lejos de hacer que se relajen las posturas con la llegada del verano, la exigencia del calendario no va a dar respiro alguno a los responsables de alcanzar los acuerdos de los que dependen 70.000 millones de euros.

De la pericia de estos ocho elegidos dependerá que España afronte, por fin, gran parte de los desequilibrios que arrastra desde hace décadas y, a la vez, acceda al mayor volumen de ayudas de la historia del país. Nunca tan pocas personas tuvieron en sus manos tomar decisiones que marcarán tanto el futuro de España. Su suerte será la de todos.