La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ocho años de cárcel para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y la misma pena para su antecesor, Juan Antonio Ibáñez, por presuntos delitos contra el mercado y los consumidores y delito societario que habrían cometido en la operación de ampliación de capital de la empresa que fue escriturada en agosto de 2015 por un importe de 384,5 millones de euros.
El escrito de acusación que se dirige contra otras 12 personas, entre ellas un socio de auditoría de Grant Thornton y dos tasadores.
Según Anticorrupción, Urbas acordó en la junta general celebrada el 10 de julio de 2015 ampliar el capital de la compañía en un total de 384.488.000 euros.
Esta ampliación no incluía ninguna ampliación de capital dineraria "pese a la necesidad vital de liquidez" de Urbas, llevándose a cabo únicamente una ampliación de capital no dineraria mediante la aportación de bienes inmuebles "extremadamente sobrevalorados", en concreto, el 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias SL.
Antes, el 21 de mayo de 2015, el consejo de administración de Urbas, con asistencia de todos sus miembros, había aprobado un informe para justificar ante la junta general la oportunidad de realizar la ampliación de capital.
El informe se fundamentaba en la "ficticia sobrevaloración" de los activos inmobiliarios de Aldira. La valoración estaba avalada por una revisión realizada por el socio de auditoría de Grant Thornton Alfredo González del Olmo, a fin de cumplir con la Ley de Sociedades de Capital.
Valoración "irracional"
"Tanto la valoración efectuada por el consejo de administración de Urbas como las conclusiones del informe de Grant Thornton eran irracionales y ajenas a la realidad tanto de las fincas y sociedades aportadas como de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular, no existiendo correspondencia entre los valores de los inmuebles y el valor nominal, más la prima de emisión, de las acciones de Urbas que se emitieron", sostiene la Fiscalía.
El 26 de mayo de 2015, en la misma fecha en que se firmó el informe de Grant Thornton, se incorporaron al activo de Urbas inmuebles por un importe de 11.278.523,69 euros, cuando en el mismo día habían sido adquiridos de terceros por 562.240 euros. La contraprestación por parte de Urbas a esta operación no consistió en metálico, sino en la cesión de un derecho de crédito de 10.790.769 euros que Urbas ostentaba contra tres sociedades vinculadas con los administradores de la entidad.
La acusación pública afirma que el informe del consejo de administración y el suscrito por González del Olmo tuvieron presuntamente como única finalidad justificar la ampliación de capital "con pleno conocimiento del engaño que ello comportaba".
La "irracionalidad e inexistencia de las plusvalías latentes" en que, en última instancia, se justificaba el valor de los bienes con los que se suscribió la ampliación de capital ha sido puesta de manifiesto en informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), destaca la Fiscalía.
La ampliación de capital tenía como fin último la puesta en circulación de las nuevas acciones emitidas. Así, en la junta del 10 de julio de 2015 "y sobre la base del mendaz informe" se autorizó al consejo de administración para que, una vez ejecutado el acuerdo de ampliación de capital y emitidas las acciones correspondientes para su suscripción exclusiva por parte de los aportantes o los titulares de las participaciones aportadas, pudiera solicitar y obtener la admisión a cotización oficial de las nuevas acciones resultantes de la ampliación de capital en las correspondientes bolsas de valores.
El 31 de marzo de 2016 Urbas registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores una solicitud para la admisión a negociación de las 30.759.040.000 acciones de la ampliación de capital. Parte de las acciones fueron transmitidas a un total de 62 personas físicas y jurídicas.
Petición de penas
Anticorrupción acusa a Juan Antonio Ibáñez de dos delitos societarios y uno relativo al mercado y los consumidores, la misma acusación que dirige contra Juan Antonio Acedo. Para ellos pide la pena más alta, ocho años de prisión a cada uno.
Para el auditor Alfredo González del Olmo solicita cuatro años de cárcel por un presunto delito relativo al mercado.
Para José Antonio Bartolomé, José Humberto Ávila, Julia María Moreno, Iván Arias y Luis Ramos solicita seis años de prisión por el presunto delito relativo al mercado y un supuesto delito societario.
Para José Manuel Arrojo y Tomás Alarcón solicita cuatro años de prisión por el presunto delito relativo al mercado. A Marta Prat y Juan Javier Masana les pide tres años y 10 meses de prisión por un presunto delito de estafa y el presunto delito relativo al mercado.
La Fiscalía solicita 10 meses de prisión por el presunto delito relativo al mercado a Rafael Nadal y Patricia Palau.
Anticorrupción reclama que se declare la nulidad de la ampliación de capital y que Ibáñez y Acedo indemnicen a Urbas en 10,7 millones.
Además, ha pedido que se comunique a la CNMV la presentación del escrito de acusación "para que adopte las decisiones que crea competentes en el ejercicio de sus atribuciones".