La aprobación de la reforma laboral ha permitido que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con exoneraciones para las empresas se hayan que quedado fijados en la legislación española. De hecho, para José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son unas herramientas que han demostrado su utilidad especialmente tras la pandemia y que impiden que las empresas, a partir de ahora "tengan que recurrir al despido".
De hecho, Escrivá ha presumido de que la "reforma laboral es el mejor mecanismos de flexibilidad interna de Europa", gracias a los ERTE que habilita. "Se puede sustituir el despido por la flexibilidad interna ante caídas transitorias de demanda. Esto permite mantener a los trabajadores dentro de las empresas".
Además, ha subrayado que se incentiva a las empresas a dar formación a los trabajadores, con lo cual se "potencia el capital humano", una de las asignaturas pendientes del mercado laboral español.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
En este sentido, Escrivá ha destacado los ERTE sectoriales, el Mecanismo Red, que se va a estrenar con el sector de las agencias de viaje, que se cuentan entre las pocas empresas 'tocadas' estructuralmente por la crisis pandémica. "La protección con este mecanismo que se puede extender durante dos años para pasar a otra actividad productiva cuando no haya otra alternativa", ha indicado el ministro.
Escrivá ha abordado estas cuestiones durante su intervención en la tercera sesión del II Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, un encuentro que esta semana reúne a los principales actores del sector financiero español.
Planes de pensiones
El responsable de las políticas de Seguridad Social también ha abordado el recién aprobado por el Consejo de Ministros proyecto de ley de planes de pensiones de promoción pública, cuya intención es incentivar el "ahorro financiero a largo plazo" entre los españoles de rentas medias y bajas.
Por ello, ha defendido que se haya movido el beneficio fiscal (que tiene un coste para las arcas públicas de 1.500 millones de euros anuales) de los planes de pensiones individuales a los colectivos, tanto porque permite una mayor política redistributiva como porque las comisiones en el caso de los segundos son mucho más bajas.
El objetivo del proyecto de ley es que haya más población cubierta por planes de pensiones complementarios. Para ello, se han armado incentivos tanto para los trabajadores como para las empresas, y particularmente para los autónomos, que son "los primeros candidatos para los fondos de pensiones de promoción pública".
Asimismo, ha defendido que la propuesta gubernamental "es una forma de introducir competencia. La industria va a ver que hay una oportunidad enorme de desarrollo".