El juez afea al empresario que pagó a Alvise su "brindis al sol" para salvar su "desmoronada" sociedad denunciada por estafa

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reprochado duramente al empresario Álvaro Romillo sus peticiones para intentar evitar la quiebra de su chiringuito financiero, la plataforma de inversión Madeira Invest Club (MIC).

Romillo está investigado por supuesta estafa, después de que el MIC clausurase su web y dejase de efectuar pagos a decenas de inversores, que presentaron varias denuncias en la Audiencia Nacional.

Este cripto-empresario, además, también está investigado por un supuesto delito de financiación ilegal de partidos, tras haber admitido que pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, a fin de sufragar su campaña a las elecciones europeas del 9-J.

Los abogados de Romillo, en el marco de la pieza separada de esta causa centrada en la supuesta estafa, solicitaron a Calama que designase un administrador judicial que se hiciese cargo de las empresas que forman el conglomerado del MIC y tratara de evitar su quiebra. Entre ellas, hay varias empresas de ocio y restauración.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez insiste en que la designación de un administrador judicial persigue los objetivos de asegurar las hipotéticas penas y de "neutralizar la actividad delictiva, limitando la libertad de obrar del presunto infractor".

A renglón seguido, recuerda que, según las denuncias en su contra, Romillo "ofrecía una serie de inversiones en los productos y servicios que gestionaban sus sociedades mercantiles", pero que "su estructura societaria se desmoronó de un día para otro, quedando desatendidos todos sus inversores sin explicación alguna al efecto".

"Igual forma opaca de proceder pretende seguir ante este Juzgado, limitándose a solicitar de manera genérica la administración judicial de una serie de mercantiles sin aportar dato alguno al efecto", le reprocha.

"Evidentemente, nos encontramos ante un brindis al sol. Una mínima seriedad en esta petición, que viene suscrita por [su] abogado, acompañaría, cuanto menos, una memoria expresiva de la situación económica y jurídica de las mercantiles en cuestión, de la actividad o actividades a que se haya dedicado durante los últimos años y de los establecimientos, oficinas y explotaciones y bienes de que sea titular, y las causas del estado de insolvencia en que parece encontrarse", añade.

"Es evidente que el recurrente confunde de forma palmaria las funciones de este órgano judicial con las de un Juzgado de lo Mercantil, ante el que una empresa, cuando se enfrenta a dificultades financieras y se encuentra en situación de insolvencia, solicita la declaración de concurso, que se presenta como una tabla de salvación", afea el juez a la defensa de Romillo.

"A mayor abundamiento, cabe indicar que en el esquema de funcionamiento de la trama delictiva objeto de investigación, la entidad Madeira Invest Club (...) constituye el eje sobre el que los investigados organizan y ejecutan una estafa piramidal, no apareciendo ninguna sociedad mercantil con esta denominación ni en España ni en el extranjero", expone la resolución.

El pasado mes de octubre, Álvaro Romillo confesó ante la Fiscalía haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, para financiar la campaña con la que este lograría convertirse en eurodiputado.

El empresario aportó a su denuncia decenas de chats entre ambos. En ellos, se aprecia cómo Pérez le promete hacer "lobby masivo" desde Bruselas en favor de sus empresas. Cuando Romillo declaró ante el juez Calama por la supuesta financiación ilegal, admitió que esperaba "favores futuros" de Alvise a cambio de entregarle este dinero.

En abril de 2024, durante la campaña del 9-J, el todavía candidato a eurodiputado participó en un evento organizado por Madeira Invest Club en el Hipódromo de La Zarzuela, en el que, micrófono en mano, el político y agitador agradeció la labor de Romillo y animó a los presentes a participar en esta plataforma de inversión.

No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ya había alertado en 2023, casi un año antes, de que el MIC constituía, literalmente, un "chiringuito financiero" y no contaba con la autorización para las inversiones que ofrecía.