Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado su intención de presentar una querella por injurias y calumnias contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Así lo hará si la dirigente socialista no se retracta de las declaraciones en las que le llamó "defraudador confeso" y por las que el empresario solicita que le indemnice con 20.000 euros.
Los letrados de González Amador han presentado una demanda de conciliación en los juzgados, que, si no se llega a un acuerdo entre las dos partes, constituirá el paso previo a la interposición de la querella. Así lo confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.
González Amador reclama 20.000 euros a Maroto por las declaraciones que la exministra realizó a la prensa acerca de la causa judicial en la que consta como investigado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, por la difusión de un e-mail de la defensa de González Amador, en el que éste reconoce haber cometido dos delitos de fraude fiscal.
Maroto aseveró que "hay mucho ruido" en relación a esa causa y que "el fondo de la cuestión" es que "el único que, de momento, es un defraudador confeso" es "la pareja de la señora Ayuso".
No es la única dirigente a la que el novio de Ayuso ha demandado o interpuesto una querella. Recientemente, Alberto González Amador ha demandado ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "intromisión ilegítima en su derecho al honor", y le reclama por ello 40.000 euros, debido a unas declaraciones en las que afirmó que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".
Lo hizo después de que Montero no acudiese el 2 de octubre pasado al acto de conciliación convocado en un Juzgado madrileño.
La pareja de la presidenta madrileña continúa así la ofensiva judicial emprendida contra varios ministros por las declaraciones que éstos han efectuado en relación al pacto que, en aquel e-mail, ofreció su defensa a la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales y evitar así ir a juicio.
Tras la difusión en prensa de este correo electrónico, González Amador interpuso una querella contra el fiscal general del Estado, lo que provocó que, tras su admisión a trámite, se iniciara una investigación contra éste.