El exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, declara este viernes como testigo ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, quien investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración a la prensa de un e-mail del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
¿Por qué declara Lobato? Hurtado acordó su interrogatorio tras la información publicada el pasado domingo por el diario ABC en la que se asegura que fue Moncloa la que filtró este documento, que no es sino el reconocimiento de que González Amador cometió dos delitos fiscales.
Por ello, Carlos Neira, su letrado defensor, ofreció un acuerdo de conformidad al fiscal Julián Salto, que acusa al novio de Ayuso de estos ilícitos en otro procedimiento judicial distinto a éste.
Según el citado medio, fue Pilar Sánchez Acera (jefa de gabinete del hoy ministro Óscar López cuando éste era jefe de gabinete de Pedro Sánchez) le filtró el mail para que lo utilizara en una sesión de control de la Asamblea de Madrid y perjudicase a Ayuso.
Cuando se dio a conocer su citación, el pasado lunes, Lobato aún era líder de los socialistas madrileños. Pero, tras amagar con dar la batalla contra el aparato de Ferraz, dimitió el pasado miércoles de su cargo, en pleno enfrentamiento con la Moncloa y la dirección de su partido.
El exdirigente llevó a una céntrica notaría de Madrid los wasaps a través de los que, en aquella mañana del 14 de marzo de 2024, poco antes de la sesión de control en la Cámara regional, recibió el e-mail con la oferta de acuerdo que el abogado Neira le planteó al fiscal Salto.
De hecho, la resolución del Supremo que le cita expone que Lobato "deberá acudir aportando copia del acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó en relación con los hechos, según la información periodística".
Lobato comparece este martes ante los medios en la Asamblea de Madrid.
Como testigo, tiene dos obligaciones: contestar a todas las partes que formulen preguntas y decir la verdad en sus respuestas. De lo contrario, podría cometer un delito de falso testimonio.
Y esta situación deja en riesgo de acabar investigada por un supuesto delito de revelación de secretos a Sánchez Acera, siempre que Lobato —wasaps y acta notarial mediante— logre acreditar que esta alto cargo de Moncloa le reveló dichos datos antes de que hubieran trascendido por otras vías.
Ahora bien, Lobato explicó el pasado lunes, aún como líder del PSOE madrileño, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que recibió de la Moncloa un correo electrónico con datos del novio de Díaz Ayuso. Descartó, sin embargo, mostrar la conversación "privada" en la que se le remitió este e-mail. Por el momento, todavía no lo ha hecho.
Según manifestó Lobato entonces, acudió a la notaría con el objetivo de que quedara "bien asegurada la conversación" y "no dependiese de la integridad" de su teléfono móvil. "Por si pasa algo a mi móvil, para tener claro que podemos acreditar en un procedimiento judicial en el que nos requieran información sobre eso, cómo nos llegó a nosotros la información", señaló.
"No lo consulto con el partido, Ferraz, ni nadie. Es un tema mío", precisó sobre su visita a la notaría.
¿Ya publicado en prensa?
Este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recalcó que la información suministrada por Sánchez Acera a Lobato ya "había sido publicada en los medios de comunicación".
En efecto, varios medios de la órbita izquierdista citaron extractos del citado mail, sin publicar pantallazos del mismo. Otras cabeceras, momentos después, acabaron publicando una imagen del correo electrónico.
Debido a la publicación de estas noticias, Alberto González Amador se querelló contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal superior de Madrid. Ambos, por el momento, son los únicos investigados en esta causa.
Lobato será interrogado este viernes por estos extremos. Tendrá que contestar, además de a la Fiscalía, al juez y a la Abogacía del Estado, al letrado del novio de Ayuso y a las acusaciones populares que ejerce el sindicato Manos Limpias, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.