El Gobierno da a García Ortiz otro fiscal de Sala que controle casos de corrupción en paralelo a la Fiscalía Anticorrupción

"Debe ser que hasta ahora no ha habido una 'verdadera' lucha contra la corrupción", manifiestan con ironía fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, con 29 años de trayectoria y una de las 'joyas de la corona' en la estructura del Ministerio Público, con un modelo de funcionamiento que se ha exportado a otros países de la Unión Europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro Félix Bolaños, un real decreto que amplía la plantilla del Ministerio Fiscal con 79 nuevas plazas, incluidas las dos de fiscales de Sala y las de los dos fiscales de segunda categoría que cada uno de ellos tendrá adscritos.

"No se estima suficiente el número de plazas con las que se amplía la plantilla", escribió el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el voto particular que suscribió al informe del Consejo Fiscal, todavía más crítico.

El escrito de García Ortiz, aun respaldando la creación de dos nuevas plazas de fiscales de Sala (no pedidas desde la Fiscalía General), también dejaba constancia de que "algunas de las modalidades delictivas cuya intervención puede atribuirse a estos nuevos fiscales coordinadores están previstas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal respecto a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".

"Solapamiento"

El informe del Consejo Fiscal, que salió adelante con los votos de los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales y el del vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, dejaba más claro el "solapamiento" entre el nuevo fiscal de Sala de delitos contra la Administración de Justicia y la Fiscalía Especial Anticorrupción que dirige Alejando Luzón.

"No resulta debidamente justificada la creación de la nueva unidad", resaltaba el Consejo Fiscal, que añadía que "el real decreto parece desdeñar la labor de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".

"Algunas de las modalidades delictivas cuya intervención puede atribuirse a estos nuevos fiscales de Sala coordinadores están ya previstas respecto a la Fiscalía Anticorrupción", señalaba, "por lo que no solo en sus fines, sino también en su ámbito competencial se produce un solapamiento entre ambas que deberá ser resuelto en cada caso por el fiscal general".

El vocal de la APIF Salvador Viada abundó en que "se van a solapar de manera innecesaria las atribuciones de las nuevas Fiscalía de Sala para la persecución de los delitos contra la administración pública y económica con las funciones de los fiscales anticorrupción, especialmente en las delegaciones".

Y añadía que "las Fiscalías de coordinación generan, de manera inevitable, una red de especialistas elegidos de manera discrecional ofreciendo así más posibilidades para la asignación subjetiva de asuntos" por parte del fiscal general.

Viada subrayaba que la discrecionalidad de la que dispone el fiscal general para asignar el conocimiento de un asunto a una u otra Fiscalía "va en contra de la línea que marca el Consejo de Europa. "Si encima estos asuntos se refieren a la delincuencia económica o a los delitos contra la Administración pública, el terreno propicio para la arbitrariedad está marcado", consideraba.

"Mensaje a la sociedad"

Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se destaca que con estas medidas, más la aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, se da luz verde a las dos primeras iniciativas del Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno el pasado 17 de septiembre.

Bolaños dijo que "con la aprobación de estas normas el Gobierno quiere mandar un mensaje contundente a la sociedad española: no toleramos ningún tipo de corrupción y por eso reforzamos los medios para esclarecer y perseguir estos delitos”.

El Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante establece como prioridades garantizar la protección de la persona informante y servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción.

Reconoce la autonomía funcional de la Autoridad respecto del Gobierno, de las Administraciones públicas y de cualquier otra organización pública o privada.

 La Autoridad recibirá las denuncias por medio de un canal seguro, se realizará la correspondiente comprobación y, si procede, se remitirá a la Fiscalía. En todo momento, se mantendrá el anonimato del denunciante.

Asimismo, se adoptarán medidas de protección frente a represalias como, por ejemplo, la nulidad de los actos que supongan dicha represalia.