Arranca este lunes en la Audiencia de Sevilla una de las citas judiciales más esperadas: la declaración de la excúpula de UGT Andalucía, acusada de haber desviado entre 2009 y 2013 hasta 40 millones de euros de subvenciones concedidas por la Junta.
El primero en declarar ha sido el antiguo líder del sindicato Francisco Fernández Sevilla, que ha negado cualquier 'contabilidad b' y ha apuntado directamente al Gobierno autonómico que concedió esa cantidad, liderado entonces por el PSOE.
Porque esa administración, sostiene, dio el 'ok' a la justificación que hacían del gasto de las subvenciones autonómicas. "Tendría algo que decir" esa Ejecutiva sobre el asunto, ha remachado en su declaración, según recoge Europa Press.
Fernández Sevilla se sienta en el banquillo acusado dentro del denominado caso de facturas falsas. La causa investiga si entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados" entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores para desviar 40 millones de euros que debían destinarse a cursos para personal ocupado y desocupado pero que habrían terminado financiando gastos corrientes del sindicato, como comidas.
El exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, acompañado por su letrada.
Junto al ex secretario general de UGT-A se sentarán en el banquillo otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical y diez representantes de empresas proveedoras, como cooperadores necesarios. La Fiscalía Anticorrupción solicita para los exresponsables del sindicato entre cinco y siete años de prisión y multas de hasta 50 millones de euros.
No era raro tener un 'bote'
En lo que respecta a Fernández Sevilla, contar con un supuesto "bote" de dinero cosechado por UGT-A para sus gastos propios no era "nada raro", sino un mecanismo de "funcionamiento interno" para el "día a día" de las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas con los mismos.
"No había nada raro", ha insistido el exlíder sindical, que sólo ha accedido a responder a las preguntas de su defensa y del tribunal. Rehusó así responder al fiscal, el resto de acusaciones y los demás abogados en representación de los restantes acusados.
Esos acusados son el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Fernández Sevilla ha manifestado en todo caso que supo del término "bote" cuando, fruto de las publicaciones periodísticas, tuvo que "dar la cara" ante los medios de comunicación.
En este punto, ha achado la divulgación de esas informaciones, "sesgadas", a una supuesta venganza del extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, que no había "entendido" su despido dentro de un ERE en UGT-A.
"Película" contra UGT
En este contexto, ha sostenido que se ha formado una "película" contra UGT Andalucía. Y considera su afirmación apoyada en el hecho de que la propia Junta daba el 'ok' a las justificaciones presentadas por el sindicato respecto al gasto de las subvenciones autonómicas.
En este sentido, ha agregado que la Administración andaluza solicitó después "una nueva justificación" ante las publicaciones derivadas de las filtraciones de Macías. Es algo que le sorprende, pues el sindicato, ha asegurado, obtuvo incluso la "felicitación" del Gobierno andaluz de entonces por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.
Del mismo modo, ha asegurado que él no dio ninguna "instrucción" a la plantilla sobre cómo justificar las ayudas, porque no era su competencia y cada miembro de la comisión ejecutiva del sindicato tenía una "responsabilidad" sobre su área concreta de gestión.