El enfrentamiento, público y notorio, entre Rodrigo Rato y la Fiscalía Anticorrupción ha escalado este jueves un peldaño más. Hasta el punto de que, mientras el exministro de Economía declaraba como acusado en la Audiencia Provincial de Madrid, la fiscal Elena Lorente le interrumpía para reclamar "el debido respeto".

—Los que nos tienen ocupados son estos señores— reprochaba Rato, mientras señalaba a los asientos ocupados por los representantes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

—A ver, a ver, señoría, no, no... Apuntar a esta acusación... Creo que se nos debe el debido respeto y lo reclamamos— intervino Lorente.

—Eso depende de lo que cada cual opine, señora fiscal. El respeto se gana— replicó Rato, tajante. —Después de nueve años, le tengo que el respeto que le tengo que tener...— ha asegurado.

Entretanto, la magistrada Ángela Acevedo se ha visto obligada a intervenir y calmar los ánimos. "Señor Rato, no. No vamos a entrar en discusiones aquí", ha ordenado la jueza. "Pues muy bien, pero vamos a poner a cada cual en su sitio", ha retado el exministro. A renglón seguido, Acevedo ha tranquilizado a la Fiscalía: "Si el señor acusado le falta el respeto, yo me ocuparé". Unos quince minutos después, la presidenta del tribunal ha ordenado un receso de diez minutos.

La de este jueves ha sido la segunda sesión dedicada a interrogar a Rodrigo Rato, acusado por la Fiscalía de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Tras casi nueve años de instrucción, Anticorrupción, que le ubica como beneficiario de un entramado societario internacional, con empresas en Suiza o Luxemburgo, solicitó para él una pena de 70 años de cárcel por haber defraudado, supuestamente, unos 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.

Este miércoles, Rato defendió el origen legal de su fortuna. Mencionó una herencia paterna —"dinero que mi padre tenía en Suiza"—, su pensión como antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional y la regularización fiscal a la que se sometió en 2012, promovida por el entonces ministro Cristóbal Montoro. Todo ello, según insistió, siguió los cauces legales.

No lo cree así la Fiscalía, que sospecha que el expolítico cometió varios delitos de fraude fiscal y que una parte de su vasto patrimonio deriva de supuestas comisiones irregulares cobradas a través de contratos de publicidad firmados cuando el exministro presidía Bankia.

A preguntas de su abogada, María Massó, Rato ha mantenido la misma postura que horas atrás. Y ha vuelto a criticar las tesis de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra él, que tacha de "inquisitoriales", "peregrinas" y "demenciales".

"Esto, realmente, es sorprendente. Alguien tendrá que decirlo, porque todos somos mayorcitos de edad. Es decir, que la Administración española nos pida respeto y no sepa que las cotizaciones de las monedas cambian, pues ¿qué quiere que le diga? No se lo puede uno creer...", ha insistido.

"No sé yo si son expertos en eso, no parece que lo sean", ha apostillado, en alusión a la fiscal y el abogado del Estado.

Massó ha puesto fin este jueves al "segundo bloque" de su interrogatorio. Tras ello, ha comunicado a la magistrada Acevedo que el siguiente sería "denso". La juez, que le apremió este jueves y le pidió que no se extendiese, ha aceptado su petición de que Rato continúe declarando el lunes, en la que será la cuadragesimosegunda sesión del juicio. Será entonces cuando, según lo previsto, deba explicar los contratos que Bankia adjudicó, bajo su presidencia, a dos agencias de publicidad. Ésta es una de las vías que la Fiscalía sospecha que utilizó para cobrar comisiones. Algo que el exministro niega.

Por ello, Acevedo ha autorizado que, al final de la mañana, declarase el acusado de Santiago Alarcó, excuñado de Rato. Sólo ha respondido las preguntas de su defensa y ha explicado que, en efecto, realizó una transferencia de 920.000 desde su cuenta a la del exministro. Pero ha subrayado que lo hizo de forma voluntaria y que se trataba de un préstamo, como apuntó el expolítico este miércoles.