"No fue una idea mía. El Campus de la Justicia era una idea que todo el mundo apoyaba. Todo el mundo de la Justicia, madrileña y nacional: desde el fiscal general de entonces [Conde-Pumpido], actual presidente del Tribunal Constitucional; el presidente del Supremo..." .
La expresidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Esperanza Aguirre, ha defendido las buenas intenciones del Ejecutivo madrileño con el proyecto del Campus de la Justicia. Así se ha pronunciado durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional. "Pensábamos que no iba a costar ni un duro", ha recalcado.
Durante casi una hora, la también exministra ha sido interrogada en el juicio en el que está acusado, entre otros, quien fuese su consejero de Justicia, Alfredo Prada, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en este proyecto, que pretendía aglutinar en un mismo lugar las sedes de los distintos organismos judiciales que están en la Comunidad de Madrid.
Finalmente, este complejo, que preveía albergar 14 sedes judiciales, diseñadas por arquitectos de renombre e interconectadas por túneles, fue abandonado, tras una inversión de 355 millones de euros.
"Ya había un Campus de la Justicia en Valencia, otro en Barcelona... Parecía una buena idea", ha señalado Aguirre, antes de culpar a la crisis de 2008 de que el proyecto se truncase.
"Nuestra regla era que no se podía gastar más de lo que se ingresaba. Nos cedieron un terreno en Valdebebas, muy grande, como de no sé cuántos campos de fútbol. No nos iba a costar dinero. Era el momento del boom inmobiliario", ha recordado la expresidenta de la CAM.
"Lo tuvimos que paralizar porque vino una crisis económica enorme, la de 2009. Les recuerdo que [el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez] Zapatero recibió las llamadas de [el presidente chino] Xi Jinping y del presidente de EEUU. Fue la crisis más grande de los últimos años", ha relatado Aguirre.
Alfredo Prada y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo.
A preguntas del abogado de Alfredo Prada, quien pidió llamar a Aguirre como testigo, la lideresa del PP ha subrayado que cesó a su entonces consejero "por razones políticas". "Nada que ver con su gestión", ha recalcado. "El señor Prada apoyó al señor Rajoy [con el que Aguirre discrepaba] y lo cesé, pero por razones puramente políticas, de partido. Yo estaba muy contenta con la gestión del señor Prada", ha insistido.
Interrogada por la defensa de otro de los acusados, Isabelino Baños, Aguirre ha señalado que la decisión de frenar el proyecto y "parar la actividad" fue "puramente económica", ya que, debido a la crisis, la CAM no iba a poder ingresar las cantidades previstas por las ventas de las sedes judiciales de su propiedad. Sólo lo había conseguido, años atrás, con una de ellas. "Y nos habían dado más del doble de lo previsto. Pensamos: 'Esto no va a costar'...", ha reiterado Aguirre.
"Teníamos que empezar a recortar en nuestro propio presupuesto. Pensamos que era un frenazo temporal, pero la crisis duró más de lo que pensamos. La idea era retomarlo cuando se pudiera", ha señalado. Finalmente, el Campus de la Justicia nunca se reactivó.
Asimismo, la también exministra ha señalado que la intención de la CAM era contar con arquitectos españoles en el proyecto. Por ello, tantearon a Santiago Catrava, aunque no fue posible contar con él. Uno de los pocos edificios construidos en el Campus de la Justicia lleva la firma de Norman Foster.
"Ni un duro"
"Fue una idea que me trasladó Prada, la de que fueran arquitectos conocidos y de renombre y que eso podría ser bueno para la imagen de Madrid y para la arquitectura española", ha recordado la exdirigente.
"El proyecto no le iba a costar al contribuyente. Todo estaba enmarcado en la idea de que no íbamos a tener prácticamente costes, todo se iba a conseguir con [la venta de] las sedes que teníamos en propiedad y con lo que nos ahorraríamos en alquileres. No nos iba a costar ni un duro", ha insistido Aguirre.
Finalmente, tal y como ha declarado Ángel Garrido (sucesor de Prada al frente de la Consejería de Justicia y Presidencia y, tras Cristina Cifuentes, presidente de la CAM), la Abogacía de la Comunidad de Madrid recomendó llevar el proyecto ante la Fiscalía Anticorrupción "por indicios de delito", después de que un informe de la Cámara de Cuentas alertase de la gestión de este proyecto.
A preguntas del fiscal, Esperanza Aguirre ha sostenido que ella no tuvo "ninguna participación en las decisiones sobre el gasto o los contratos" del Campus de la Justicia, ya que Alfredo Prada trabajaba "de forma libre, con sujeción a las leyes".
El abogado de la Comunidad de Madrid le ha preguntado si su consejero no le aportaba "una llevanza pormenorizada" de las cuentas.
"No tenía la obligación de dármela. El señor Prada tenía competencias normales y, además, tenía que ocuparse de la Ciudad de la Justicia", ha respondido la expresidenta de la CAM.
El juicio sobre el Campus camina ya hacia las tres semanas de duración. Ninguno de los acusados ha declarado aún. Lo harán en las sesiones finales, tal y como han solicitado sus defensas, con el visto bueno del tribunal. La causa se abrió en 2018, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase una denuncia por las presuntas irregularidades de este proyecto.
El Ministerio Público solicita ocho años de cárcel para Prada por los delitos continuados de prevaricación y malversación. Y pide seis para el resto de los acusados, que formaron parte del equipo directivo del Campus: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz Piñar (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).