La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descarta que el juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, tuviese una "pretendida motivación política" al imputar a Puigdemont por el delito de terrorismo el pasado 6 de noviembre, mientras se ultimaba entre PSOE y Junts la Ley de Amnistía.
Así se pronuncia el tribunal en respuesta, precisamente, al abogado Gonzalo Boye, defensor del expresidente de Cataluña, que comparte con otro de los investigados, el exjefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay.
"Debe destacarse que son absolutamente rechazables las alegaciones sobre una pretendida motivación política del ilustrísimo señor Manuel García-Castellón al dictar los autos del 6, 21 y 27 de noviembre, a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos políticos PSOE y Junts", reza un auto fechado este mismo viernes, firmado por los jueces Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Carlos Fraile.
Dicho acuerdo entre socialistas y posconvergentes perfilaba, entre otras cuestiones, la futura ley que amnistiará los delitos vinculados al procés. Y los independentistas catalanes pretenden que, cuando entre en vigor, dicha ley beneficie al fugado Puigdemont y despeje al completo su horizonte judicial.
En este escrito, en realidad, la Sala avala que el juez instructor ordenase varias diligencias el pasado 27 de noviembre. Concretamente, García-Castellón pidió información a varios organismos nacionales e internacionales acerca de las consecuencias que tuvo el asalto al Aeropuerto del Prat, organizado por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en octubre de 2019, como protesta por la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés.
El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón.
De esta forma, da la razón a varias de las acusaciones populares personadas en el caso Tsunami (las asociaciones Dignidad y Justicia y Sociedad Civil Catalana) y a los agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos durante otras acciones violentas promovidas por la plataforma independentista. Todos ellos pidieron a la Sala que confirmase las diligencias acordadas por el juez.
De hecho, la respuesta de varios de esos organismos nacionales e internaciones, como la OTAN, los Mossos d'Esquadra o Enaire, sirvió para "consolidar" y "afianzar" la tesis que sostienen tanto García-Castellón como la Guardia Civil: que los disturbios que organizó Tsunami deben ser considerados como actos terroristas.
Asalto al Aeropuerto de El Prat, organizado por Tsunami Democràtic en octubre de 2019.
Y así lo manifestó el magistrado en un auto firmado este jueves, en el que considera que los indicios recabados durante su investigación han apuntalado su tesis; tesis a la que se opone la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que defiende que los hechos constituyen un delito de desórdenes públicos.
El fiscal Miguel Ángel Carballo, de hecho, recurrió el auto fechado el pasado 6 de noviembre, en el que Manuel García-Castellón citó como investigados por terrorismo a Puigdemont, a Alay y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas. Y la Sala, en un futuro más o menos lejano, deberá pronunciarse sobre este recurso. En su resolución de este viernes, ojo, no lo hace aún.
"Debe precisarse que este auto en nada afecta a los recursos de apelación frente al auto del 6 de noviembre de 2023, pendientes de resolución por esta Sección", matizan Guevara, Fraile y Vieira.
Ataque del Gobierno
Ahora bien, este auto, firmado este mismo viernes, se conoce horas después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno, la ministra Teresa Ribera, en una entrevista en Televisión Española, acusase a García-Castellón de instrumentalizar políticamente el caso Tsunami Democràtic, en sintonía con la tesis de los independentistas.
Ribera atribuyó al juez "cierta querencia" al pronunciarse "en momentos políticos sensibles". Aludía así tanto al auto del pasado jueves, fechado a la par que se tramitan las enmiendas a la Ley de Amnistía, como al del 6 de noviembre, en el que imputó por terrorismo a Puigdemont.
Precisamente, la proposición registrada en el Congreso por el PSOE contemplaba que la Ley de Amnistía pudiera favorecer a los investigados por terrorismo, siempre que no exista una sentencia condenatoria firme. Ésa es la situación de Puigdemont, que está imputado por este delito en el caso Tsunami, pero aún no ha sido siquiera juzgado, si es que llega a serlo algún día. Junts, el partido del expresidente catalán, es más ambicioso y pretende que todos los actos de terrorismo puedan verse beneficiados.
La ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en una imagen reciente.
Además del auto de este viernes de la Sala de lo Penal, instancia superior al Juzgado del que es titular, García-Castellón también ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Por unanimidad, la Comisión Permanente del CGPJ ha reprochado a la ministra Ribera sus manifestaciones "contrarias a la lealtad institucional", a la independencia judicial y a la separación de poderes.
Apelando a la "moderación, a la prudencia y a la mesura", el Consejo ha afeado al Gobierno estas palabras de su vicepresidenta, que "merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional". "Merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos", reprocha el CGPJ.