El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cedido a Guinea Ecuatorial la investigación contra Carmelo Ovono Obiang (hijo del dictador del país, Teodoro Obiang) por el secuestro de dos ciudadanos nacionalizados españoles, opositores a dicho régimen.
Así consta en un reciente auto, en el que Pedraz expone que el país africano ha solicitado a España que sea su Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia la que continúe esta causa, iniciada por los mismos hechos.
"Concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y, con ello, acceder a la cesión de jurisdicción", reza el auto firmado por Pedraz, en el que el magistrado señala que no puede "poner en duda" que el procedimiento abierto en Guinea vaya a contar con todas las garantías o que "adolezca de falta de parcialidad o sea meramente instrumental".
No obstante, recalca que existe una "cláusula de salvaguarda" que el juez podría activar si el Estado africano no lleva a cabo la investigación, que implica a varios altos cargos del régimen.
En el llamado caso Guinea o caso Obiang, el juzgado de la Audiencia Nacional del que es titular Pedraz investigó el supuesto secuestro de cuatro opositores al régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial. Dos de ellos tenían DNI español y habían servido en nuestras Fuerzas Armadas. El hecho ocurrió en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que habían viajado las víctimas para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.
El avión oficial de Guinea Ecuatorial usado en el supuesto secuestro.
Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional —la llamada Inteligencia exterior— en el Gobierno que encabeza su padre.
Tras ser detenidos, habrían sido introducidos en unos contenedores de carga y custodiados después por una caravana de militares sudaneses fuertemente armados, que los habrían conducido hasta la puerta de un avión presidencial del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Un informe policial señala que el jet oficial fue utilizado para llevarles a Guinea.
Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, los tres ficharon recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entre otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M.
Este procedimiento judicial se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del grupo opositor Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), al que pertenecían los cuatro activistas.
Dos de ellos eran españoles. Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella. El MLGE3R considera que se trató de una "represalia".
Represión fuera de Guinea
Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna con puño de hierro la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, esta unidad policial asegura que Carmelo Ovono Obiang creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias que coordinaba contra los disidentes políticos que residen en nuestro país. Algunos de estos seguimientos fueron ejecutados en pleno centro de Madrid.
El Ministerio de Exteriores español solicitó, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ordenó repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo en enero de 2023 y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva más de un año negándose a colaborar y alega que la muerte se debió a una enfermedad.
Fotomontaje de la fachada de la Audiencia Nacional y Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang.
El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".
Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.
Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".
"Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.
No obstante, Pedraz ha optado por ceder la investigación a las autoridades del país africano. La Fiscalía se opuso a esta opción y aún tiene posibilidad de recurrir la decisión. "En estas diligencias no se investiga el régimen guineoecuatoriano. Y se debe proceder como si de cualquier otro país se tratara, en base al principio de reciprocidad internacional", concluye el juez.