El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha respondido al fiscal del caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, quien presentó un escrito en el que se quejaba de la tardanza para elevar a la Sala de lo Penal su recurso de apelación contra la imputación por terrorismo de Carles Puigdemont y Marta Rovira.
El pasado 6 de noviembre, el juez instructor de esta causa judicial, Manuel García-Castellón, citó como investigados a ambos políticos independentistas, a los que atribuye delitos de terrorismo por los disturbios violentos organizados por la plataforma Tsunami Democràtic.
El fiscal Carballo, que descarta que los hechos investigados constituyan un delito de terrorismo, recurrió esta decisión. Lo hizo a través de un recurso directo de apelación; es decir, se dirigió, directamente, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la instancia superior al Juzgado Central de Instrucción. El juez García-Castellón debía elevarlo a este tribunal y la Fiscalía se quejó de la tardanza.
Ahora bien, en respuesta a las quejas de la Fiscalía, el Juzgado ha respondido. Lo ha hecho la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que es titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, pero sustituye temporalmente al encargado del Central Seis.
Tardón, en respuesta, enumera, uno a uno, las labores del juez del caso Tsunami para dar traslado de toda la documentación y ofrecer acciones a las partes personadas en la causa judicial. Lo hizo, por ejemplo, con los dos agentes de la Policía Nacional heridos durante los disturbios y que se personaron después de que el recurso del fiscal fuese enviado al Juzgado. Hubo, por tanto, que darle traslado del mismo. Poco después, se repitió el proceso con un tercer policía.
El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón.
"Del examen de las actuaciones, por tanto, se concluye que el magistrado instructor titular de este Juzgado [García-Castellón], no ha acordado retrotraer ni reiterar actuación procesal alguna, sino que ha procedido a dar traslado del recurso de apelación [de la Fiscalía] a las víctimas personadas como acusación particular en el curso del trámite de los recursos interpuestos (...), a fin de permitir su personación con las garantáis previstas legalmente", avala Tardón, que subraya que el instructor actuó con arreglo a la ley que protege a las víctimas del terrorismo.
Ahora bien, la juez sustituta, "a la vista de lo interesado por el Ministerio Público", ha optado por emitir un "impulso del recurso", para que sea elevado a la Sala de lo Penal "tan pronto como se agote el plazo dado en el último traslado".
Pese a estas quejas del fiscal del caso, Carballo sí se ha opuesto a la recusación contra el juez García-Castellón planteada por Gonzalo Boye, abogado de dos de los investigados: Carles Puigdemont y el exjefe de gabinete de éste, Josep Lluís Alay.
Boye pidió que el juez se apartase del caso Tsunami después de que, semanas atrás, hubiese hecho unas declaraciones sobre la amnistía al procés que por entonces se negociaba entre Junts per Catalunya (el partido que dirige Puigdemont) y el PSOE.
Ni la Fiscalía ni otras acusaciones populares personadas en la causa, como la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia y el partido Vox, han apoyado esta recusación.
Dicho asunto será analizado en una pieza separada, de la que será instructora la magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius.