El PSOE, el PP y Vox deberán ejercer la acusación de forma conjunta en el caso Mediador, en el que figura como investigado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (apodado Tito Berni), que encabezaría una trama corrupta establecida en las islas Canarias.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife así lo obligó en un auto fechado el pasado 21 de marzo. Pero el Partido Socialista, formación que expulsó a Tito Berni tras ser imputado, recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, al considerar esta decisión judicial "no suficientemente motivada".
El PSOE también señaló que estos tres partidos, además de las asociaciones que también ejercen la acusación popular y que también fueron incluidas bajo la misma representación letrada, persiguen "valores distintos; en ocasiones, contradictorios entre sí", por lo que se "dificultaría, cuando no imposibilitaría", seguir una "estrategia común".
No obstante, en sintonía con la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha avalado la postura del Juzgado en un reciente auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
A juicio del tribunal, la juez que investiga el caso Mediador ha justificado suficientemente su decisión y la cuantía de la fianza impuesta (2.000 euros).
La Audiencia Provincial reconoce que no es ajena a "la diferencia ideológica que pudieran tener las diferentes organizaciones agrupadas", pero da por hecho que comparten —o así debería ser, dado que es lo que caracteriza a las acusaciones populares— "la búsqueda de la verdad y la acción de la Justicia".
"No es posible concluir la existencia, a priori, de las diferencias insalvables que invoca la organización recurrente", contradice el tribunal al PSOE. De esta forma, confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga esta causa.
La Audiencia tinerfeña, sin embargo, sí permite acusar en solitario a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que se desgaja de los partidos políticos, al tratarse de una organización policial.
'Caso Mediador'
El sumario del caso Mediador sitúa el exdiputado canario Fuentes Curbelo en la cúspide de una supuesta trama corrupta dedicada a cobrar mordidas a empresarios para conseguir adjudicaciones o eliminar sanciones.
El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife señaló que el ya exparlamentario Tito Berni ostentaría "la cúspide de una organización criminal asentada en Canarias". Su interés no sería otro que el de "enriquecerse ilícitamente mediante delitos relacionados con la corrupción".
Además del diputado, como intermediario en esta trama figuraría Marcos Antonio Navarro Tacoronte —el considerado mediador entre el político y los empresarios del archipiélago, del que el caso toma el nombre—, que sería el encargado de conseguir el pago de dádivas por parte de quienes se beneficiarían de los tejemanejes, tanto para obtener subvenciones y anular sanciones como para extender su negocio al archipiélago. La Policía enumeró estas dádivas en un informe: "prostitutas, cocaína, viagra, cenas...".