Un error judicial ha anulado la causa de corrupción abierta contra el cuñado y el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, Bienvenido y Juan Carlos Martínez, por el presunto desvío de dinero público desde la agencia IDEA —la que pagaba los fondos de los ERE— hacia un entramado de empresas de su propiedad.
Gámez renunció al cargo a cuenta de la situación de su esposo el pasado mes de marzo, pero ahora siete meses después la Audiencia de Sevilla ha concluido que la instrucción estaba caducada cuando el juez instructor, José Ignacio Vilaplana, dictó la imputación de ambos en febrero.
Todo ello, atendiendo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que marca un sistema de plazos de las investigaciones penales para evitar que se eternicen en los juzgados.
En concreto, el marido de Gámez estaba siendo investigado por el citado desvío de dinero público, por lo que el juez les atribuía los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
Sin embargo, la Audiencia da la razón al cuñado de Gámez y declara como "preconcluida la instrucción de la presente causa con fecha del 29 de julio de 2022". Por ello, todas las pesquisas y resoluciones adoptadas posteriormente, quedarían anuladas, incluida la llamada al procedimiento de ambos como investigados o el informe pericial, según publica ABC.
Realmente no es por falta de indicios. La defensa de Bienvenido Martínez, ejercida por el abogado Juan Carlos Alférez, sostenía en su recurso que no se había dictado la preceptiva ampliación del plazo de la investigación principal de la que surge esta causa en tiempo y forma. Es el mismo letrado que consiguió anular la causa de Isofotón o Avales.
El error de forma
El abogado indicó en su escrito que "la división del objeto procesal en nuevas diligencias previas nunca podría suponer la puesta del contador a cero" y que los plazos habrán de ser los que aplican en la causa matriz, que es la de Santana Motor, empresa que Bienvenido Martínez llegó a presidir. Fue ahí cuando se produjo el error.
Debería haber dictado la prórroga antes del 29 de julio de 2022, que es cuando finalizaba el plazo, pero no lo hizo "en el erróneo entendimiento de que por dividirla, podría poner esos contadores a cero".
De ahí que la Audiencia haya concluido que el expresidente de Santana, al igual que su hermano, fueran citados como investigados en "una causa caducada", una decisión "contraria al ordenamiento jurídico.
El defecto se localizaría en el caso de la empresa automovilística, que se inició en el año 2015, del que surgió la pieza en la que ha sido investigado el cónyuge de María Gámez.