La Audiencia Nacional investiga a un exasesor de la Generalitat de Cataluña por la supuesta agresión sexual denunciada por una joven y que habría tenido lugar en Rabat (Marruecos) el pasado 2020.
Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas conocedoras de este procedimiento judicial, que no había trascendido hasta la fecha.
El investigado es Pere-Yves D. B. (o Pedro-Yves D. B.), que en numerosos documentos académicos de su especialidad —el sistema penitenciario y los menores— aparece reseñado como exdirector del centro educativo Els Til·lers, "adscrito a la Dirección General de Medidas Penales Alternativas y de Justicia Juvenil (Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya)".
En la actualidad ya no ostenta este cargo, pero sí ha participado recientemente en proyectos financiados por la Unión Europea sobre dicho ámbito. Especialmente, en el norte de África.
Una publicación académica de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) fechada en 2021 recoge que este "educador social infatigable" también fue "subdirector de Interior del Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona" y hoy es cooperador internacional en los programas de modernización de los sistemas penitenciarios del mundo árabe, en especial de Argelia y Marruecos.
Según la web oficial del Gobierno catalán, el centro Els Til·lers que el investigado dirigió se dedica a la atención de menores y jóvenes infractores. Concretamente, de chicas que deben cumplir el internamiento impuesto por la Justicia y de adolescentes de ambos sexos que necesitan "una intervención específica por su alteración psíquica o dependencia a sustancias tóxicas".
La denunciante es una joven, mayor de edad, que se encontraba realizando su tesis doctoral sobre la reforma del sistema penitenciario de la Unión Europea.
Según su testimonio, la agresión sexual se produjo en Rabat, el 28 de febrero de 2020. La denuncia tiene fecha de 23 de diciembre de 2020. Al tratarse de un supuesto delito cometido por un español en el extranjero, los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional son los competentes para investigarlo. Por ello, esta causa, que se abrió a mitad de 2023, está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Cuando sucedieron los hechos denunciados, el investigado era el team leader (jefe de equipo) de otro proyecto internacional financiado por la UE. Este programa, iniciado en 2018 y con una duración prevista de casi tres años, pretendía modernizar el sistema penitenciario marroquí, las condiciones de detención de los investigados, la reinserción de los condenados y prevenir la reincidencia de los infractores en dicho país. Contaba con un presupuesto de tres millones de euros.
Por otro lado, la web de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) recoge que también contó con este experto en un proyecto de colaboración con Argelia para la modernización de su sistema carcelario. De hecho, la publicación indica que, en 2014, cuando se desarrolló este estudio, el hoy investigado residía en dicho país.
Dicho programa fue financiado por la Unión Europea con 17 millones de euros. La FIIAPP es una fundación pública española, integrante de la Cooperación Española, que trabaja en la mejora de sistemas públicos en más de 100 países.
La Fundación se refiere al investigado como "especialista de alto nivel" en el ámbito del "tratamiento y la psicología penitenciaria" y como "experto en reinserción social y formación".
Recientemente, tal y como informó EL ESPAÑOL, la Fiscalía Europea asumió la parte de la investigación del caso Mediador relativa a cuatro de los contratos concedidos por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas para un proyecto de la UE en el Sahel, al norte de África.
El FIIAPP depende de Exteriores y uno de los investigados en este caso, el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, fue su coordinador y máximo responsable. El exmilitar es uno de los principales investigados en el caso Mediador.