La Fiscalía ha detectado durante 2022 un "agotamiento de la militancia" vinculada al independentismo catalán violento. Y así lo ha hecho constar en su Memoria del año 2023, presentada este jueves por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Uno de los motivos que señala el Ministerio Público para este cambio es la "falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizados como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones". En su lugar, los militantes violentos se dedican ahora a fomentar la "antirrepresión", pese a que años atrás, tras el procés, sí cometían acciones violentas o sabotajes.

"La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos, con la ejecución de campañas de pintadas o en redes sociales", compara el documento.

La Fiscalía recoge en su Memoria varios de los procedimientos judiciales abiertos contra el separatismo catalán violento. Por ejemplo, el proceso contra los CDR detenidos en la Operación Judas, que pretendían penetrar en el Parlament de Cataluña y gestionaban un laboratorio de explosivos.

También, la causa contra la organización Tsunami Democràtic, que animó al colapso del Aeropuerto del Prat.

El Ministerio Fiscal señala también que, tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de Octubre, en 2017, la Guardia Civil "identificó como una amenaza la existencia y proliferación de los Comités de Defensa de la República (CDR)". "Dicha hipótesis se reforzó tras los violentos actos producidos tras la denominada sentencia del procés durante el otoño de 2019", explica.

Trece de los detenidos en la Operación Judas, pertenecientes a un subgrupo especializado (llamado Equipo de Respuesta Táctica) de los CDR, ya han sido procesados por los supuestos delitos de terrorismo y de fabricación de explosivos.

Según los datos que maneja la Fiscalía, recogidos por la Memoria 2023, once personas vinculadas al separatismo catalán violento fueron detenidas en 2023 por delitos de daños o de incitación al odio. Otras ocho, por desobediencia. Una más, por enaltecimiento del terrorismo y una última, por "daños a sedes políticas".