El juez Manuel García-Castellón ha decidido "suspender temporalmente" el acceso de las partes a los chats de WhatsApp mantenidos entre Francisco Martínez, el exnúmero dos del Ministerio del Interior, y diversos políticos, mandos policiales y periodistas.
Dichos wasaps fueron incorporados recientemente al sumario del caso Kitchen, la investigación judicial sobre el supuesto espionaje organizado para sustraer documentación perjudicial para el PP al extesorero del partido, Luis Bárcenas.
En una resolución, fechada el pasado día 3 de marzo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado, atiende la petición de Martínez, quien, previsiblemente, se sentará en el banquillo de los acusados por esta causa.
"El solicitante arguye que tales conversaciones [de WhatsApp] carecen de interés para el esclarecimiento de los hechos y que se contienen aspectos privados, íntimos y reservados, entre los que se haría alusión a la salud, a la confesión religiosa, al estado económico, etc.", recuerda el juez, sobre la petición del exsecretario de Estado de Seguridad.
"A ello cabe agregar que el solicitante pone de manifiesto que buena parte de las conversaciones accesibles desde cloud estarían amparadas por la legislación relativa a secretos oficiales, estimando que se trataría de cuestiones reservadas, dimanantes de su etapa como secretario de Estado de Seguridad, por lo que se trataría de materias especialmente sensibles", añade.
Por todo ello, García-Castellón opta por "suspender temporalmente el acceso" a dichos 23 chats, que incluyen conversaciones con, entre otros, el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro, periodistas de diversos medios, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el exsecretario general del PP Teodoro García Egea o el exresponsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí.
"Dado que la petición presenta apariencia de hallarse fundamentada, y para garantizar la salvaguarda de todos los intereses en presencia, tanto de particulares no investigados como el propio interés general y la seguridad nacional, que se podrían ver comprometidos por un acceso íntegro a tales elementos, procede suspender temporalmente el acceso a los 23 chats enumerados por el solicitante en la plataforma cloud", reza el documento.
No obstante, el juez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Fiscalía que dé su opinión en un informe sobre "el fondo de la cuestión".
Chats con Navarro
La publicación en prensa de las conversaciones entre Martínez y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, provocó que Podemos pidiese la dimisión de este último.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 manifestó que, "igual que se pide que, cuando se demuestra que un político es corrupto, tiene que dimitir, los jueces corruptos y los periodistas corruptos tienen también que dimitir".
No obstante, en dichos mensajes, no consta que Navarro le comentase al exsecretario de Seguridad dato alguno sobre el contenido del caso Kitchen. Tampoco, que le facilitase documentación alguna de carácter reservado ni que le asesorase en su defensa. Menos aún, que influyese en el devenir de la instrucción.
La existencia de ese chat era conocida desde el principio de la investigación, ya que fue el propio Martínez el que facilitó su móvil a los investigadores, que procedieron a su volcado. Ni la Policía ni la Fiscalía ni el juez instructor han dado relevancia alguna al contenido de esa conversación.
"Mañana te digo, Paco...", "Estoy en el avión, ya han cerrado las puertas", "En cuanto sepa te digo..." son varias de las contestaciones que el magistrado da al político a principios de 2019. No constan wasaps posteriores a la imputación de Francisco Martínez.
García-Castellón, instructor de la pieza Kitchen y del resto de las que componen el caso Villarejo, citó, finalmente, al exnúmero 2 de Interior como investigado a principios de 2020.
Hace poco más de una semana, Anticorrupción solicitó 15 años de prisión para él, misma pena que para quien fuese su superior directo, el ministro Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía considera —y así lo reflejó en su escrito de acusación, ya enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6— que este operativo de espionaje contra Bárcenas contaba con el "total acuerdo" tanto de Martínez como de Fernández Díaz.