La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, la supuesta operación parapolicial destinada a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación perjudicial para el partido.
Concretamente, el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel por el delito de malversación, tres por encubrimiento y otros cuatro años por cada uno de los dos delitos contra la intimidad de los que acusa quien fuera titular de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Así consta en el escrito de acusación firmado por los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha instruido esta causa.
Asimismo, Anticorrupción solicita la misma pena —15 años de cárcel— para quien fuese el número dos del exministro, Francisco Martínez, que desempeñó el cargo de secretario de Estado de Seguridad. También, para Eugenio Pino, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el cargo más importante del Cuerpo después del director general. Para estos tres encausados, la Fiscalía solicita, a su vez, 33 años de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
Para el excomisario José Manuel Villarejo, otro de los investigados en el caso Kitchen, Anticorrupción pide 19 años de cárcel, 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio.
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, en una imagen de archivo.
El excomisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, enfrenta una petición de los fiscales de 12 años y medio de prisión, más otro 28 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
Para Sergio Ríos, quien fuese el chófer de Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias —y quien habría sido captado como confidente por esta trama—, el Ministerio Público solicita 12 años, 5 meses y 15 días de prisión por estos tres mismos delitos.
Anticorrupción también pide 15 años de cárcel y 48 de inhabilitación absoluta para Andrés Gómez Gordo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, además de hombre de confianza de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.
Para Marcelino Martín Blas, excomisario de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, los fiscales solicitan dos años y medio de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento. En total, la Fiscalía solicita un total de 106 años, 5 meses y 15 días para estas ocho personas.
Espiar a Bárcenas
Tal y como relata la Fiscalía en su escrito, a mediados de 2013, "desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por los encausados Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino, DAO de la Policía Nacional, se ideó, sin que pueda descartarse la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales (...) que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el caso Gürtel, en el que Bárcenas figuraba como investigado.
Todo ello, prosigue la Fiscalía, "con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el PP y sus dirigentes" acabara en manos del juez que instruía dicha causa.
El escrito relata que Sergio Ríos contaba con la "absoluta confianza de la familia Bárcenas" y fue "captado" por la trama para penetrar en el entorno del extesorero del PP.
"No sólo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades, sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia, hacía gestiones privadas propias de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias, como, entre otras, acudir a oficinas bancarias, trasladar documentación a abogados o notarios o guardarles en momentos puntuales efectos personales como el teléfono móvil", relatan los fiscales.
"José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo transmitían a los encausados Eugenio Pino y Francisco Martínez la información y documentación relativa a Luis Bárcenas y su entorno que el encausado Sergio Ríos les hacía llegar", subraya la Fiscalía, que relata también que el exDAO y el secretario de Estado de Seguridad "reportaban toda esta información" al entonces ministro Jorge Fernández Díaz.
Según los fiscales del caso, el chófer de Bárcenas recibió, de manos de Villarejo, 2.000 euros al mes entre julio de 2013 y abril de 2015, lo que sumó un importe total de 44.000 euros. Todo ello, con cargo a los fondos reservados del Estado. También consiguió una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.
Anticorrupción señala en su escrito que se trató de una "contraprestación por los servicios prestados" sugerida por Villarejo a Pino y Martínez. "Si bien, no consta de qué manera efectiva los encausados, o terceras personas, pudieron interferir en el procedimiento de acceso, facilitando al encausado Sergio Ríos el aprobado en el año 2015 en la oposición libre, logrando su incorporación en septiembre de ese mismo año a la Escuela de Ávila, momento a partir del cual comenzó a percibir las retribuciones que por ello le correspondían". En la actualidad, mantiene su condición de policía.
Los fiscales Serrano y Rivas también piden al Juzgado Central de Instrucción 6 el archivo de la causa para tres investigados: el comisario José Luis Olivera, el inspector José Ángel Fuentes Gago y el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano.