La Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años y nueve meses de prisión para El Pequeño Nicolás por, supuestamente, encabezar una red dedicada a obtener, de forma ilegal, información policial y utilizarla después a cambio de favores.
Así lo ha anunciado el Ministerio Público, que imputa al joven, cuyo nombre real es Francisco Nicolás Gómez Iglesias, los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho activo.
Por ello, será juzgado desde el próximo lunes a las 10.00 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid.
En su escrito de acusación, consultado por EL ESPAÑOL, la Fiscalía también solicita ocho años y seis meses de prisión para F. G. S. y J. G. H. Se trata, respectivamente, de un funcionario y un cabo de la Policía Municipal de Madrid.
Para un cuarto acusado, el guardia civil F. J. S. L., el Ministerio Público pide dos años y ocho meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que para el coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid E. G. G. reclama una multa de 4.500 euros por un delito de violación de secretos. Todos ellos habían facilitado al joven datos de carácter reservado.
Según el escrito, hasta el año 2014, El Pequeño Nicolás pidió información a los dos policías municipales acerca varias matrículas de vehículos. Ambos habrían accedido a una aplicación interna del Cuerpo para consultar quiénes eran los titulares de las placas. Tenían permitido indagar en esta base de datos, pero únicamente "en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y en el marco de una concreta actuación policial en la que participen", recuerda el fiscal.
Y la información sobre las matrículas —que los agentes habrían proporcionado a Gómez Iglesias a cambio de dinero— habría sido utilizada por el joven para contactar con los titulares de las placas, "a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia".
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid.
Cuando Gómez Iglesias fue detenido en 2014, los investigadores hallaron, al registrar su casa, entre otros documentos, informes creados por él sobre los casos judiciales que afectaban al empresario propietario de uno de esos vehículos y al que ya había contactado para ofrecer sus servicios.
Estos tres acusados —Nicolás y los dos municipales— llegaron a crear un grupo de WhatsApp llamado Departamento de Seguridad Nacional, "a través del cual concretaban cuándo se repartían el dinero por su colaboración". Según la Fiscalía, consultaron varias placas de matrículas de vehículos que eran, en su mayoría, propiedad de importantes empresarios.
El 29 de septiembre de 2014, Gómez Iglesias habría contactado con F. J. S. L., un funcionario de la Guardia Civil destinado en la Casa Real, "que también accedió a facilitar la identidad del titular del vehículo con la matrícula que [El Pequeño Nicolás] le había facilitado". Y le habría comunicado que dicha placa correspondía a una Secretaría de Estado.
Siempre según el relato de la Fiscalía, el 29 de septiembre de 2014, Francisco Nicolás Gómez Iglesias también pidió por WhatsApp al otro acusado, E. G. G., coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, información sobre si una matrícula de la que no había obtenido información estaba vinculada a los servicios de contravigilancia de la Policía Municipal de Madrid. "Los de Casa Real tardan más en mirarla", le dijo. El acusado le confirmó que no.
Concretamente, la Fiscalía solicita un año y tres meses de prisión para Gómez Iglesias por pertenencia a grupo criminal, cuatro años por revelación de secretos continuada y cuatro años y medio por cohecho activo. Asimismo, el Ministerio Público solicita que se le imponga una multa de 54.000 euros.