La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado que se inadmita la denuncia que una abogada presentó contra el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por llamar "prevaricador" al juez de la Audiencia Nacional que investigó el caso Dina, Manuel García-Castellón.
En un escrito, remitido al Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Ministerio Público considera que no hay delito en las palabras del también exsecretario general de Podemos. Considera que están amparadas por la libertad de expresión.
"Aunque, lógicamente, moleste, inquiete o disguste", matiza la Fiscalía. Las declaraciones de Iglesias tuvieron lugar el pasado 19 de abril durante el acto de presentación de uno de sus últimos libros, titulado Verdades a la cara. En él, dedica decenas de páginas al llamado caso Dina, la investigación judicial sobre el supuesto robo de la tarjeta del móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham.
Iglesias, además de atacar continuadamente al juez que lo instruyó, admite que fue "paternalista" por retener durante varios meses la SD de su entonces colaboradora, después de que unos periodistas la obtuviesen y se la entregasen. Esos dos reporteros, además del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en cuya casa se halló una copia de la tarjeta, fueron investigados en esta causa. En la misma instrucción, Manuel García-Castellón trató también de imputar, sin éxito, a Pablo Iglesias.
"La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador", señaló Pablo Iglesias durante la presentación de su libro. Ésas fueron las palabras que motivaron la denuncia.
Iglesias, junto a Dina Bousselham, en una imagen de archivo.
Pero, para la Fiscalía, dichas expresiones no suponen un "menoscabo, desprecio o descrédito" ni atribuyen delito alguno, de forma "directa", al magistrado, sino que vierten "una sombra de sospecha sobre el sentido de sus resoluciones".
Tras la denuncia de la letrada, la titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres, abrió diligencias.
La Fiscalía de Madrid ya estaba investigando este asunto, después de que la Fiscalía General del Estado se lo remitiera para que determinase si las palabras de Iglesias constituían o no un delito de injurias o calumnias.