Gracias a la Ley del sólo sí es sí, la Audiencia Provincial de La Coruña ha reducido la condena de un padre que abusó sexualmente, de forma reiterada, de su hija discapacitada cuando ésta era menor de edad.
Así consta en un auto, en el que los magistrados rebajan "ligeramente" su pena: de 11 años a 10 y medio.
La sentencia original, fechada el 17 de noviembre de 2021 y consultada por EL ESPAÑOL, dio por probado que el hombre, durante once meses, aprovechaba que su esposa trabajaba fuera del hogar y proyectaba a la niña películas pornográficas en el dormitorio conyugal.
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Una vez allí, "la desnudaba y le hacía tocamientos en sus pechos y partes íntimas, le daba besos en la boca, le introducía los dedos por su vagina para, posteriormente, introducir parte de su pene, sin llegar a eyacular dentro, pero sí encima de su hija, diciéndole a la misma que le hacía esto para medirle la temperatura y para curarle el dolor de barriga".
También se duchaba con ella y aprovechaba para continuar los abusos. La menor tiene diagnosticada una discapacidad del 36%, sufrió pesadillas con su padre y esos hechos la aislaron del resto de niños de su edad. En 2016, se declaró su desamparo y asumió su custodia una de sus tías.
Tal y como recuerda el auto de la Audiencia Provincial coruñesa, el artículo 2.2 del Código Penal establece que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena". Es lo que sucede en este caso. Con él, los beneficiados por esta norma rozan ya los 260 en toda España. No obstante, la cifra es aún mayor, ya que no todas las Secciones de las distintas Audiencias provinciales hacen públicas sus resoluciones.
En torno a una veintena de delincuentes sexuales han sido excarcelados tras haberse reducido sus condenas. Los efectos perversos de esta ley no acaban ahí. El sí es sí puede, incluso, costarle dinero al Estado, ya que la defensa de uno de estos reos que ha quedado en libertad, un pederasta residente en Madrid, ultima una reclamación por los años de más que su cliente ha pasado entre rejas. Así lo confirmó su abogado a EL ESPAÑOL.
Las consecuencias de la norma han generado reproches cruzados entre las dos facciones del Gobierno central. Pese a que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero aún sigue defendiendo la que es una de sus normas estrella, la semana pasada, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, anunció, sin mucho detalle, que, como parte de la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025, su departamento fomentará el empleo de pulseras electrónicas para evitar la reincidencia de los agresores sexuales. No obstante, son los jueces quienes deben ordenar la colocación de estos aparatos.
La novedad de esta Estrategia 2022-2025 es que las pulseras de seguimiento podrán pedirlas las "víctimas afectadas por reducciones de penas imprevistas o, incluso, algunas excarcelaciones sorpresivas". Siempre, eso sí, con autorización judicial.