La Audiencia Provincial de Madrid se ha opuesto a que el juez instructor del caso Mascarillas investigue el listado de llamadas telefónicas de Carlos Martínez-Almeida, primo del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Así consta en un auto, fechado a finales del pasado octubre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él, los jueces desestiman íntegramente el recurso presentado por Más Madrid, personado como acusación popular en esta causa.
El partido izquierdista había solicitado a la Audiencia Provincial que autorizara indagar en el listado de llamadas de Carlos Martínez-Almeida, ya que fue éste quien facilitó a uno de los imputados en el caso, Luis Medina, un contacto en el Ayuntamiento al que hacerle llegar su oferta de mascarillas, test antiCovid y guantes. Dicha compraventa está siendo investigada ahora por estafa.
Concretamente, Más Madrid solicitó el listado histórico de llamadas salientes y entrantes entre ellos los días 10 y 30 de marzo de 2020 "y, si no fuese conservada esa información, el rescate y aporte de la facturación del mes de marzo de 2020, con el detalle del consumo —y, por tanto, las llamadas realizadas— y los números a los que la hicieron, así como las recibidas". Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Madrid se opusieron a esta petición.
Ahora, en sintonía con la decisión del juez instructor Adolfo Carretero, la Audiencia Provincial recuerda que Carlos Martínez-Almeida no figura como investigado en esta causa —tan sólo ha declarado como testigo— y que se limitó a facilitar a Medina un correo electrónico genérico del Ayuntamiento. Tampoco se investiga un posible tráfico de influencias.
Los magistrados Rosa Rebollo, Agustín Morales y Antonio Viejo consideran que el análisis de sus llamadas supondría una "intromisión en su intimidad personal" que "no aportaría nada al proceso", resultando "inútil" para aclarar la supuesta estafa.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial concluye que la petición de Más Madrid pretende, "de forma prospectiva, aflorar un posible tráfico de influencias", del que, por el momento, "no hay una base indiciaria mínimamente sólida en la causa".
Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d)
Por todo ello, rechaza íntegramente el recurso de apelación presentado por la acusación popular y confirma la negativa de Adolfo Carretero a practicar estas diligencias.
Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el PSOE, otro de los personados en el caso Mascarillas como acusación popular, también ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que ordene al juez analizar los teléfonos móviles de los dos únicos imputados en esta causa: Luis Medina y su socio en esta compraventa, Alberto Luceño.
Investigación desde abril
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Además, entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
La funeraria municipal, encargada de esta compra, pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
Su labor se habría limitado a ofrecer un catálogo de material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió por parte del primo del alcalde, con quien tenía a una amiga en común. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero y varios coches deportivos—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal, siempre según la querella de la Fiscalía.
Estafa
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes.
El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, asegurase que no iba a hacerlo.
En un auto del pasado 20 de octubre, el juez del caso Mascarillas optó por mantener la imputación de Luis Medina por este último delito, el de alzamiento de bienes.
El aristócrata ofreció al Juzgado la parte que le corresponderá de la herencia de su abuela, pero Carretero recuerda en su auto que el litigio que se sigue en un juzgado sevillano por los bienes de la difunta aún no ha concluido. Por ello, hasta que la sentencia no sea firme, dichas propiedades no pueden embargarse.