El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha archivado las diligencias de investigación abiertas sobre la concesión de un contrato administrativo y unos avales del ICO a la empresa PASD/BeeDigital, en la que trabaja como director de marketing Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

"Atendiendo a la documentación obrante en los expedientes examinados, la información tributaria aportada a las presentes diligencias por la Unidad de Apoyo de la AEAT, informes de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) e informe de la Unidad de Guardia Civil adscrita, y de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por el fiscal instructor, Luis Pastor, no se aprecian indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada", concluye Luzón.

La investigación fue abierta el pasado abril tras una denuncia interpuesta por Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

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Fue la respuesta del PP madrileño, que dirige Isabel Díaz Ayuso, a la denuncia que habían presentado unas semanas antes el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos por un contrato de mascarillas anti-Covid que la Consejería de Sanidad adjudicó a una empresa relacionada con el hermano de la presidenta regional. Estas diligencias ya fueron archivadas el pasado junio al no hallarse ninguna conducta "penalmente relevante" en Tomás Díaz Ayuso.

La denuncia

Serrano denunció que la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., ahora llamada BeeDigital, fue contratada por el Ministerio de Inclusión pese a tener deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, lo que vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público.

Según el denunciante, el contrato podría haber tenido como objetivo el rescate de BeeDigital que, aparte de deudas, tenía unas perdidas de 6,4 millones de euros.

Además, la empresa de la que es directivo el marido de Calviño recibió la acreditación como agente digitalizador del programa Kit Digital, aprobado precisamente por la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño.

BeeDigital también obtuvo dos avales a la financiación de empresas y autónomos, gestionados por el ICO y por importe de 875.000 euros.

Al corriente 

El decreto de archivo firmado por Luzón indica que Martínez de Lara forma parte del comité de dirección de la empresa como director de marketing, pero no ostenta cargo social alguno.

Subraya que dos certificaciones de la Agencia Tributaria, emitidas en septiembre de 2019 y marzo de 2020, constatan que BeeDigital está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales.

En el mismo sentido, existen tres certificaciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (de 2019, 2020 y 2022) indicando que la sociedad no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

De este modo, Anticorrupción concluye que "en esas concretas fechas previas a la adjudicación del contrato [con el Ministerio de Inclusión] no concurriría la prohibición para contratar con la Administración Pública alegada en la denuncia".

El informe de la IGAE, fechado el pasado 5 de septiembre, ha concluido que "no existe ninguna irregularidad en la tramitación del expediente" por el que se adjudicó a BeeDigital un contrato para la gestión de imagen y reputación online de la Seguridad Social.

Sí se indica que la forma de determinar el objeto del contrato "parece que sí pudo afectar a la adjudicación" dado que la empresa que ya realizaba la publicación en papel de las páginas amarillas y blancas era PASD/BeeDigital.

En cuanto a la calificación de agente digitalizador adherido, la investigación ha dado como resultado que la empresa "cumplía todos los requisitos".

Respecto a contratos de préstamo con dos entidades bancarias por importes de 750.000 euros y 500.000 euros, que fueron avalados en un 70% de principal por el ICO al amparo de las líneas de avales COVID-19, el decreto de la Fiscalía señala que la empresa "cumplía todos los requisitos exigibles: había visto mermada su actividad y sus ingresos como consecuencia de la crisis, tenía domicilio social en España, no estaba en situación de morosidad según CIRBE (Central de Información de Riesgos) a 31 de diciembre de 2019, no estaba incursa en una situación concursal ni pre-concursal y no tenía la consideración de empresa en crisis".

Además, la concesión de los créditos no dependía exclusivamente del

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, sino que ésta otorgaba la capacidad de decisión última a la propia entidad financiera.

La entidad prestataria ha certificado a petición de la Fiscalía el estado de amortización de los préstamos, sin que hasta la fecha se hayan tenido que ejecutar los avales del ICO.

Ninguna intervención

Para Anticorrupción es destacable que "no consta intervención directa ni indirecta" ni en el contrato con el Ministerio de Inclusón ni en la concesión de los avales por parte del ICO ni en la acreditación del denominado Kit Digital.

Por ello, no considera exigible la obligación de abstención que establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para los casos de autoridades o funcionarios que intervienen en un procedimiento administrativo y están ligados al interesado en él por un vínculo matrimonial.