Presentaron quejas. Después, recursos administrativos. Y, ahora, acaban de dar el paso y han acudido a la vía judicial. Unos 300 opositores a la Policía Nacional, considerados "no aptos" tras la prueba de Ortografía, ya han interpuesto los primeros recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
EL ESPAÑOL ha consultado varios de estos escritos, fechados a finales de julio y firmados por el abogado que defiende a los miembros de la promoción 38 —constituidos en la plataforma #Justicia38— que fueron excluidos del proceso tras rellenar el polémico test.
Toman esta decisión después de que, como adelantó este periódico, el Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Policía, se negase a variar los criterios con los que corrigió sus exámenes y confirmase así sus calificaciones.
El origen del conflicto son las palabras stent, software y majorette. Se trata de tres de los cien términos que los opositores tuvieron ocho minutos para discernir si formaban parte del Diccionario de la Lengua Española (DLE) o no.
Los aspirantes que suspendieron consideraron que no figuraban en el DLE escritos en letra redonda, como aparecían en el folio del examen, sino que, al tratarse de extranjerismos, debían aparecer en cursiva. Interior les evaluó negativamente estas preguntas del test y, al no llegar a la nota de corte, los aspirantes a policía fueron considerados "no aptos" y quedaron fuera del proceso.
En respuesta, el Ministerio alega que la disyuntiva letra redonda vs. letra cursiva "no es un asunto ortográfico, sino estilístico". "Y la prueba consistía en si las palabras que figuraban en el examen estaban o no en el Diccionario", replicó Interior en un escrito, avanzado por este periódico.
En sus recursos dirigidos al TSJM —aún pendientes de admisión—, los miembros de #Justicia38 impugnan el acuerdo del tribunal que les calificó el pasado febrero y la resolución posterior del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, que desestimó sus recursos administrativos (recursos de alzada).
Varapalo judicial
La situación parece camino de repetirse. Con su decisión, el Ministerio del Interior se enfrenta a otro varapalo judicial, como el que dio la razón a los opositores de una promoción anterior, la número 36. El pasado mayo, TSJ madrileño falló a su favor en un contexto muy similar a éste.
La Justicia concluyó que los opositores, en aquella ocasión, contestaron de manera correcta al test, en el que debían responder si los términos ciberataque, LGTBI, reditar y preminente estaban correctamente escritos.
[Los Mossos, investigados por la identificación de las víctimas de la masacre islamista de 2017]
Ambas promociones, tanto la 36 como la 38, elevaron una duda a laReal Academia de la Lengua Española. En el caso de esta última, la institución confirmó que los vocablos stent, majorette y software deben escribirse en cursiva.
Y así lo recogieron los magistrados en su sentencia: "Sería un completo sinsentido que consideráramos palabras incorrectamente escritas las grafías analizadas, cuando la RAE, máxima institución garante de establecer los criterios de corrección en el uso de nuestra lengua común, ha señalado inequívocamente que eran palabras correctamente escritas". Interior optó por no recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo, por lo que se convirtió en firme.
Situación idéntica
Ahora, los opositores confían en obtener un fallo como el de la promoción 38. "La situación es idéntica", comenta Ángel Galindo, el abogado que defiende a estos 300 recurrentes y que consiguió la sentencia favorable del TSJM.
"Yo creo que el asunto está claro; tan claro como lo estuvo en el caso de #Justicia36", incide el letrado.
Se resuelva su conflicto en un sentido o en otro, la promoción número 38 será la última en sufrir la prueba de ortografía. La Dirección General de la Policía anunció el pasado febrero que eliminará este polémico test en las próximas convocatorias, aunque esta materia se evaluará como parte de otra.