La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) no acusará a los jefes de ETA que han sido recientemente imputados por ordenar, supuestamente, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.

Ha sido el fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, quien ha impuesto su criterio de que los hechos estarían prescritos para los investigados Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza), María Soledad Iparaguirre (Anboto) y José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri).

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes próximas al caso, que aseguran que se trata de la postura defendida personalmente por Alonso.

Recientemente, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional elevó una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida aún por el que será el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien confirmó este criterio.

Al igual que Jesús Alonso, García Ortiz considera que acusar a los tres jefes de ETA por el asesinato del concejal del PP en Ermua en 1997 atentaría contra el principio de irretroactividad y contra la seguridad jurídica.

Fue entonces cuando Alonso impuso, finalmente, esta directriz al resto del organigrama fiscal de la Audiencia Nacional, dando un golpe de timón a la actuación del Ministerio Público en esta causa.

Por contra, Vicente González Mota, el fiscal de la misma, sí consideraba que el plazo de prescripción, de 20 años, no se inició hasta una vez que los etarras fueron detenidos. Y en el caso de Antza y Anboto, ello no ocurrió hasta 2004, por lo que, a su juicio, los hechos no estarían prescritos.

Ésta es la misma fórmula seguida por el juez instructor a la hora de citar como investigados a los miembros de la cúpula de ETA. En el caso del exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui (Iñaki de Rentería), el juez Manuel García-Castellón consideró que los hechos sí estaban prescritos para este jefe del aparato militar de la banda terrorista, ya que fue detenido en el año 2000.

El propio González Mota, precisamente, firmó un recurso contra esta decisión del juez. De esta forma, trató de que Rentería fuese imputado también.

Sin embargo, este jueves, González Mota no acudió a los interrogatorios de Mikel Antza y Anboto, dadas sus discrepancias con la cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

En su lugar, asistió el fiscal Pedro Rubira. Fuentes presentes en las declaraciones confirman a EL ESPAÑOL que éste se pronunció a favor de "mantener vivo" el procedimiento para que las víctimas "sepan la verdad", aunque culminó con un alegato a favor de la prescripción de los hechos para los dos interrogados, en línea con el criterio establecido por Jesús Alonso. Tanto Mikel Antza como Anboto se acogieron a su derecho a no declarar.

Este miércoles, la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6, personarse en la causa como acusación particular. Como acciones populares, ya están personados el Partido Popular —formación a la que perteneció el asesinado—, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, autora de la querella inicial contra la cúpula de ETA.