Cuatro ministros de Justicia, dos de Gobiernos socialistas y otros dos del PP, han coincidido este viernes en que el Consejo General del Poder Judicial debe ser renovado ya, después de tres años y medio en prórroga de funciones.
El cambio debe hacerse con la vigente ley, que mantiene la elección de los 20 vocales del CGPJ en manos de las fuerzas políticas -algo contrario a los estándares que exige Europa- , al margen de la reforma que se pueda acometer en el futuro.
Así se han manifestado Juan Fernando López Aguilar, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo durante el debate con el que se ha clausurado la celebración del 425 aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
La institución que dirige el decano José María Alonso ha desarrollado durante toda la semana una magna conmemoración que este viernes han cerrado el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Ayuso, y que fue inaugurada el pasado lunes por Felipe VI.
Felipe VI, en la inauguración de la celebración del 425 aniversario del ICAM./
Alonso expresó la “perplejidad absoluta” de los juristas por la no renovación del CGPJ debido a la falta de acuerdo entre PSOE y PP. “Esto traslada al ciudadano una percepción errónea de que la Justicia esta politizada. Y eso afecta desde el CGPJ hasta el juez de Navalcarnero”, lamentó el decano de los abogados madrileños.
Alonso preguntó “si es bueno” que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, "porque si eso es", indicó, "los abogados también queremos elegir a los abogados que vayan al Consejo".
Le contestó Ruiz-Gallardón (ministro de Justicia entre 2011 y 2014) recordando que la Constitución obliga a que el CGPJ esté integrado por 12 jueces, pero no prescribe que todos o alguno de los ocho los vocales juristas tengan que ser necesariamente abogados.
Intromisión política
"La Justicia es independiente", manifestó Ruiz-Gallardón, "pero hay una percepción de una parte de la ciudadanía de que no lo es y eso es muy perturbador. Los ciudadanos piensan que resoluciones no responden al criterio jurídico del juez sino que obedecen a intereses espurios de carácter político y eso es una catástrofe".
A su juicio, esa percepción "modifica la realidad" y, por tanto, "hay que acabar con ella". El problema es que "históricamente todas las fuerzas políticas hemos tenido una vocación de intromisión en una parte de la función jurisdiccional de la que deberíamos habernos abstenido", admitió.
Además, "nos hemos equivocado al interpretar y aplicar la Constitución" porque los políticos "hemos interpretado que, para alcanzar la mayoría reforzada que se exige en la renovación del CGPJ, tenemos que repartirnos los puestos, y eso no lo quiere la Constitución. La Constitución quiere 20 vocales de todos, y así acabaríamos con el apellido 'conservador' o 'progresista'".
Tras sostener que es preferible el derecho de veto a los candidatos que el reparto de las vocalías del CGPJ, Ruiz-Gallardón sostuvo que el modelo de elección judicial, vigente en 1980, fracasó porque "las asociaciones judiciales decidían los nombramientos y solo nombraban a sus asociados".
Las asociaciones judiciales se convirtieron en "sistemas de canalización de los intereses de los asociados", sostuvo, "y ello permitió decir a un determinado Gobierno ‘vamos a acabar con este sistema’. Se abusó del sistema y se marginó a la mitad de la carrera en sus posibilidades de ascender", dijo el exministro, que también se refirió a la "dudosa constitucionalidad" de la ley impulsada por el actual Gobierno y que impide al CGPJ en funciones realizar nombramientos discrecionales.
López Aguilar puso de manifiesto que las amenazas a la independencia judicial "no vienen sólo de la política. Eso es reduccionista e injusto. Existe la presión mediática sobre los jueces y los poderes económicos también intentan influir".
Por ello, dijo, "tiene que haber una ciudadanía madura que vigile".
Quien fuera ministro de Justicia entre 2004 y 2007 subrayó que, fruto de un acuerdo entre PSOE y PP, el actual modelo de elección del órgano de gobierno del Poder Judicial permite que los jueces participen en el proceso de renovación mediante el sistema de avales a los candidatos judiciales. "No vale decir que hasta que no elijan los jueces a los jueces el CGPJ no se renueva", dijo. "Eso ha deteriorado la imagen de España en Europa de forma absolutamente injusta, porque tenemos que aguantar que se nos compare con Polonia".
"El Consejo debe ser reformado con la ley vigente y luego veremos la reforma", defendió López Aguilar.
Para Juan Carlos Campo, responsable de Justicia entre 2020 y 2021, el problema no está en el sistema en sí sino en la gestión del mismo. "Sistemas de elección hay muchos, ni mejores ni peores, el problema es no creerse el modelo”, dijo.
"Si el mandato del constituyente y de la ley orgánica que regula el proceso de elección es claro, en el sentido de que debe ser renovado cada cinco años, lo primero que hay que hacer es renovarlo. Tengamos un modelo, creamos en él, y a partir de ahí mejorémoslo. Debemos empeñarnos en que funcione y no en bloquearlo, y es en lo que muchas veces nos enredamos”, ha lamentado.
Para Rafael Catalá, titular de la cartera de 2014 a 2018, el próximo Consejo "debe hacer un trabajo intenso en la recuperación de la legitimación" y "trabajar en el eje de la transparencia en los nombramientos, despolitizándolos".
También reclamó del futuro CGPJ un "impulso a la responsabilidad, que va unida a la independencia judicial", de modo que existan mecanismos "para la evaluación del desempeño", ya generalizados en otros ámbitos.
Ayuso: "Justicia independiente"
La presidenta del Gobierno madrileño clausuró la conmemoración con un discurso combativo en el que reivindicó la separación de poderes y una "robusta Justicia independiente", a su juicio especialmente necesaria cuando "algunas Administraciones deciden actuar al margen de las sentencias de los tribunales, como está ocurriendo con las que referidas al español en las aulas", dijo en alusión al Gobierno catalán.
“Los abogados sois esenciales para garantizar la libertad de la ciudadanía y una pieza esencial además a la hora de acercar el Derecho. Y es que sin justicia no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad", declaró Díaz Ayuso, que enfatizó que "ha sido el Derecho el que nos ha permitido convertirnos en una nación capaz de proporcionar estabilidad, bienestar e igualdad a todos los ciudadanos”.