El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de investigar el espionaje a varios miembros del Gobierno central mediante el software Pegasus, ha denegado a la Generalitat de Cataluña personarse en esta causa.
En un auto, Calama se opone a que la Administración catalana pueda desempeñar la acusación popular, ya que "no hay habilitación legislativa general" para que "las personas jurídicas públicas" la ejerzan.
Asimismo, el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, recuerda que, "para esa defensa, ya se cuenta, en el proceso penal, con la figura del Ministerio Fiscal". E indica que los derechos de los hipotéticos acusados, en un futuro, "podrían verse seriamente afectados" si se enfrentasen a dos entidades públicas "que no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares".
En su auto, el magistrado desmonta las invocaciones de la Generalitat al Estatuto de Autonomía —"no contiene sino referencias genéricas al mandato de los poderes públicos de promover el pleno ejercicio de libertades y derechos, proteger su libre ejercicio y velar por la igualdad, dignidad, seguridad y protección integral de las personas, sin mención alguna al ejercicio de la acusación popular"— y a la ley catalana sobre delitos de odio, que sí insta a la personación de la Administración para perseguir estos ilícitos, pero "que no son el caso de autos".
El Govern solicitó personarse en base a un informe del instituto CitizenLab que aseguraba que más de 60 personas vinculadas al independentismo habían sido espiadas con el sistema Pegasus. Esta negativa del juez, en línea con la opinión de la Fiscalía, aún puede ser recurrida.
La denuncia
Desde principios de mayo, la Audiencia Nacional investiga, tras una denuncia de la Abogacía del Estado, el supuesto espionaje sufrido por varios miembros del Gobierno central mediante el programa Pegasus.
La instrucción, que permanece secreta, comenzó ceñida a los teléfonos del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Luego, la investigación se amplió al hackeo al móvil del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el intento de infección del ministro de Agricultura, Luis Planas.
A la primera denuncia de Abogacía, muy breve, se adjuntaron los análisis realizados por el CERT, adscrito al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El CERT (Computer Emergency Response Team) es un equipo dedicado a prevenir, detectar y responder a los incidentes de seguridad sobre sistemas informáticos.
En los primeros informes aportados con la denuncia, fechados el 30 de abril, se certifica que el móvil de Pedro Sánchez fue infectado en dos ocasiones durante el mes de mayo de 2021: los días 19 y 31. En la primera, se extrajeron 2,6 gigabytes de información y en la segunda, 130 megas. Ambas fechas coinciden con la crisis migratoria desatada en Ceuta, que supuso uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre España y Marruecos.
Asimismo, los espías accedieron al móvil de Margarita Robles en junio de 2021 y robaron únicamente 9 megas de información. El pasado 10 de mayo, el Gobierno certificó un tercer hackeo: al ministro Fernando Grande-Marlaska, mediante dos ataques, iniciados ese mismo mes, en los que le fueron sustraídos 400 megas y 6,3 gigas. Y un intento fallido de infectar el móvil de Luis Planas.
Pegasus
A pesar de las elucubraciones —cada vez, de mayor contundencia— que apuntan a Marruecos, por el momento, se desconoce con exactitud quién ordenó utilizar el software Pegasus para infectar los terminales de miembros del Ejecutivo. Certificar ese dato es, además, técnicamente complicado. Ninguna de las denuncias de Abogacía detallan tampoco qué tipo de información fue capturada por el programa espía.
Pegasus puede acceder a todos los mensajes de texto y llamadas de un smartphone, ingresar a todas las aplicaciones (WhatsApp, Telegram, etc.) del móvil, localizar a su dueño a través de su posición GPS, activar la cámara o el micrófono, obtener sus contraseñas o extraer sus videos y fotografías.
Desarrollado por la empresa israelí NSO Group e ideado, en un inicio, como arma contra el yihadismo y otros tipos de terrorismo, sólo se vende, teóricamente, a Gobiernos de todo el mundo, previa autorización de las autoridades de Israel.