La juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha archivado provisionalmente el llamado caso ITV, por el que llegaron a estar imputados la alcaldesa de la localidad, la socialista Noelia Posse, y el resto de miembros de su Gobierno.
El proceso se deriva de una querella de Más Madrid-Ganar Móstoles, la marca local de Más Madrid en el municipio, en la que acusaban a la corporación municipal de haber perdonado tributos a una empresa, adjudicataria de un contrato desde 2011 y dedicada a la inspección técnica de vehículos (ITV) en un pabellón de titularidad municipal.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, a lo largo de la instrucción, la juez imputó a la alcaldesa de la localidad por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Por ello, tuvo que acudir a declarar en calidad de investigada el 18 de noviembre de 2021.
En un auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso este medio, la magistrada María Pinto considera que "procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no haber quedado debidamente acreditada la comisión de los hechos denunciados".
No obstante, reconoce "que, de inicio, había indicios de la presunta comisión" de los mismos; "de ahí que se admitiera a trámite la querella". "Ha sido tras la instrucción de la causa cuando se ha podido determinar que no ha quedado acredita la comisión de los hechos denunciados", añade el auto.
Gabriel Ortega y Susana García, concejales de Ganar Móstoles, acusaban al Gobierno local de haber perdonado, fraudulentamente, casi dos millones y medio de euros a una empresa y del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años" de la cantidad que aún adeudaba. En su querella, cifraron el supuesto perjuicio en casi dos millones de euros.
Por contra, la juez subraya que "en ningún momento existe condonación de la deuda". "Ha quedado acreditado, pese a lo que dicen los querellantes, que el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas", añade, en línea con las declaraciones que Posse y el resto de miembros de su equipo prestaron en el Juzgado, considerando esta decisión el "mal menor" de entre las opciones a su alcance.
"De las diligencias de investigación practicadas, se constata que en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local, al aprobar el acuerdo (...), de causar un perjuicio para las arcas públicas, no debiendo olvidar que, por un lado, el acuerdo respeta la legalidad y la normativa vigente y, por otro, que con el acuerdo alcanzado se evitó causar que la mercantil querellada [ITV Móstoles S. L.] fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto", subraya la juez María Pinto.
Por otro lado, un interventor municipal, el encargado de supervisar las finanzas del consistorio, también se opuso de forma contundente a esta rebaja de la deuda e incluso remitió un informe al Tribunal de Cuentas.
Este funcionario fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las últimas elecciones autonómicas en Madrid, las del 4-M— alegando "pérdida de confianza". Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de represión por haber alertado de estos hechos.
En conversación con EL ESPAÑOL, fuentes municipales celebran el archivo del caso ITV y reiteran que la acusación se basó en "mentiras". "No se ha perjudicado al Ayuntamiento; lo que se hizo fue conseguir mantener una empresa y sus puestos de trabajo", añaden. "Con esta acusación falsa, se buscaba dañar al Gobierno de Móstoles y a su alcaldesa", subrayan.