La Fiscalía Anticorrupción investiga si Luis Medina Abascal, hijo del fallecido duque de Feria y de la socialité Naty Abascal, cobró un millón de euros como intermediario en un contrato del Ayuntamiento de Madrid para comprar material sanitario en marzo de 2020.
Según expone elDiario.es, que avanza la noticia, Medina habría recibido un millón de euros por poner en contacto con los responsables de compras del consistorio a otro empresario amigo suyo, Alberto Lucero Cerón, que se embolsó 5 millones.
De acuerdo con el citado medio, el Ministerio Público persigue indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la intervención de los ambos intermediarios. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas estas diligencias de investigación desde finales de 2020.
El contrato al que alude esta información permitió la llegada de mascarillas y test de anticuerpos procedentes de China para proteger al personal que trabajaba en las emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Luis Medina Abascal —prosigue dicha información— habría contactado con el cargo del consistorio que se encargaba de las compras en tres o cuatro ocasiones de forma telefónica para comentarle que su amigo, especializado en importar material textil de Asia, podría facilitar material sanitario.
Este viernes, el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha confirmado que un cargo del Ayuntamiento ha declarado como testigo por este contrato y otros dos. No obstante, ha reiterado que no hay ningún cargo del Ayuntamiento investigado.
Así lo ha explicado también el gabinete del alcalde a la agencia Efe, que han confirmado que se trata de contratos aprobados entre el 23 y el 25 de marzo de 2020 "por unanimidad de todos los grupos políticos" en el consejo de administración de la empresa municipal de Funeraria, que a las 10:00 horas del lunes próximo, día 4, se reunirá en consejo extraordinario.
En dicho consejo figuran como integrantes, recuerdan fuentes municipales, Javier Barbero, de Más Madrid; Ramón Silva, del PSOE, y Pedro Fernández, de Vox.
El Ayuntamiento es "el primer interesado en conocer si se ha producido algún delito con esos contratos", ha remitido a la Fiscalía la documentación requerida —contratos, correos y mensajes de WhatsApp— y "está prestando la máxima colaboración con la Justicia y lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos", han dicho las fuentes a la agencia Efe.
También añaden que los tres contratos se hicieron "en precio según oferta y demanda del momento" e informan de que, entre marzo y julio de 2020, se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.