Pasaban unos minutos del mediodía del 10 de febrero cuando Paula [nombre ficticio] llamó al timbre de una vivienda del Distrito Norte de Granada. Oyó gritos a través del telefonillo. "¿Quién es?", chilló una voz masculina. Paula se identificó. "¿A qué viene?", insistió. Ella respondió que pretendía entregar una notificación judicial. Aquella voz colgó el auricular.
Un individuo bajó hasta el portal, donde se encontraba Paula. La respuesta del hombre llegó en forma de disparos con una pistola de aire comprimido. A bocajarro. En total, cuatro balines de acero, similares a los de las escopetas de feria. Impactaron en su cuello, la cabeza y, debido al forcejeo, en una mano. Tres de ellos, aún siguen dentro de su cuerpo.
Paula trabaja en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, encargado de dar en persona las resoluciones judiciales a sus destinatarios. La mañana del pasado día 10 acudió a aquel domicilio para entregar uno de esos documentos, por un proceso civil.
Cuando estos funcionarios acuden a una vivienda, lo hacen en calidad de agentes de la autoridad, pero sin más armas que un bolígrafo y una carpeta. Ahora, el drama de Paula ha conmocionado a Granada.
"Uno de los balines se ha podido extraer, los otros tres no", narra a EL ESPAÑOL Manuel [nombre ficticio], marido de la afectada. Un proyectil aún sigue alojado en la mano de Paula, entre su dedo pulgar y su índice, y le está provocando dolor y problemas de movilidad. El segundo, en la sien.
"El del cuello quedó cerca de la arteria carótida", la que suministra sangre al cerebro, cuenta Manuel por teléfono. "Otro le rozó y no le entró en el ojo de puro milagro", añade. Paula ha necesitado varios puntos de sutura. También mastica y traga con muchas molestias. "En todos los disparos, el individuo le apuntó a la cabeza", indica su esposo.
Tras un segundo análisis, el cirujano decidió este miércoles que los tres balines de acero deberán seguir dentro de su cuerpo. Extraerlos es peligroso, aunque no se descarta si alguno de ellos se infecta en un futuro.
Cuando Paula pudo huir, llamó a la Policía, que no tardó más de un cuarto de hora en aparecer. Pocos minutos después, los agentes detuvieron a un varón español, de 58 años y con antecedentes policiales, según trasladan a este periódico fuentes del Cuerpo.
El sábado 12, el individuo pasó a disposición judicial, fue interrogado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada y, desde entonces, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.
Exteriores de los juzgados de Granada.
"Se sufren peripecias desagradables a diario, como insultos, gritos, lanzamiento de piedras, que tiren cosas desde los balcones...", narra a este diario Eloy Maza, delegado en Granada del Sindicato Profesional de Justicia-Unión Sindical Obrera (SPJ-USO). "El caso de Paula es el más grave, pero es sólo la punta del iceberg", sentencia.
Medidas de prevención
Andalucía cuenta con un protocolo contra la "violencia externa en el trabajo" sufrida por funcionarios de la Administración de Justicia. A raíz de este suceso, tuvo que ser activado por primera vez, tras celebrarse una reunión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad y Salud Laboral de la Administración de Justicia. A ella asistió el director de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra.
Dicho protocolo, aprobado el pasado octubre, confirma que las relaciones entre trabajadores públicos y ciudadanos "pueden dar lugar a cargas de agresividad externa" y reconoce el "elevado riesgo de enfrentarse a situaciones conflictivas" que encaran los funcionarios de este departamento.
La Consejería de Justicia andaluza también ha anunciado a SPJ-USO que, próximamente, los funcionarios podrán ir en parejas a las zonas más conflictivas y se agilizará la asistencia policial en caso de necesitarla.
Dos coches patrulla de la Policía Nacional en Granada.
Por su parte, el sindicato ha instado a las autoridades a que los empleados de Justicia "sean acompañados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en diligencias especialmente delicadas o en zonas de reconocido mayor riesgo". Este diario ha tratado, sin éxito, de recabar una valoración de lo sucedido por parte de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Además de estas medidas, ya acordadas, USO ha propuesto que los funcionarios del Servicio de Notificaciones puedan contar con un botón de teleasistencia, similar al que portan algunos ancianos, que les permita pedir auxilio en situaciones de riesgo y ser geolocalizados si fuese necesario. La Junta andaluza estudiará esta medida.
Paula continúa de baja tras el suceso. El Ejecutivo regional le ha ofrecido asistencia psicológica y jurídica. "Nuestros compañeros del Servicio de Notificaciones y Embargos sufren más peligrosidad que otros funcionarios", insiste Eloy Maza.
El sindicato pide que dicha condición sea reconocida con un complemento en el salario de estos empleados públicos. "No es lo mismo estar al abrigo de un edificio judicial que patearse las calles y llamar a una puerta sin saber a quién te vas a encontrar tras ella", sentencia.