La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado esta mañana por un solo voto de diferencia no admitir a tramite ninguno de los 63 recursos interpuestos contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los nueve dirigentes políticos y sociales condenados a penas de prisión por el proceso soberanista catalán. 

Por tres votos frente a dos, la Sección Quinta de la Sala ha negado que cualquiera de los recurrentes tenga legitimación para recurrir la concesión de la medida de gracia.

Una de las decisiones más polémicas del Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos quedará, así, sin ser revisada por los tribunales en cuanto a su legalidad.

Los magistrados han estado deliberando durante dos días, el martes pasado y hoy, sobre la admisión o no a trámite de los recursos interpuestos por el PP, Vox y diputados de Ciudadanos como Inés Arrimadas, además de asociaciones y particulares.

La magistrada ponente, Ángeles Huet, mantuvo desde el principio una firme postura contraria a la legitimación de cualquiera de ellos en sintonía con la doctrina de la Sala, muy restrictiva en esta materia.

La ponente fue apoyada por Octavio Herrero, mientras que Fernando Román y Wenceslao Olea defendieron la legitimación, como mínimo, de los partidos y sus representantes al considerar que sí tienen un interés directo y legítimo en la revisión de los indultos por los tribunales.

El presidente de la Sección, Segundo Menéndez, que en un primer momento propuso una legitimación limitada a los partidos por razón de la singularidad de estos indultos -concedidos por razones de utilidad pública-, ha acabado convencido de la tesis más restrictiva.

El Gobierno ha estado siempre convencido de que haber mantenido en prisión a líderes políticos como Junqueras, que encarnaban un valor simbólico para sus seguidores, hubiese incrementado la desafección y la percepción de que se trataba de un castigo excesivo, cronificando el conflicto.

El indulto se concibió, así, por el Ejecutivo como una forma de abrir el camino para tratar de resolver un conflicto político mediante el diálogo, en un momento en el que acababa de comenzar una nueva etapa política en Cataluña con el Gobierno de ERC y Junts.

En los informes sobre el indulto a los que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el propio Gobierno afirmaba que cinco de los nueve responsables del proceso independentista "no merecen personalmente el indulto". Se trataba de Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. 

El Ejecutivo reconocía que, respecto a estos condenados, "se echan en falta gestos o declaraciones" que "hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas".

Esas razones se concretaban en el "interés público" de "generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas" y la necesidad de crear un "ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española".

Asimismo, no se perdonaría a ninguno de los nueve la pena de inhabilitación absoluta. Por tanto, no podrán ocupar ningún cargo público -sea electivo o no- durante el tiempo indicado por el fallo del Supremo.

En el caso de Junqueras, no podrá acceder a un cargo público hasta julio de 2031. Ello no quiere decir que no pueda ejercer la actividad política. De hecho, la propuesta motivada de la medida de gracia resaltaba que, como exvicepresidente del Gobierno catalán y, sobre todo, como presidente de ERC era "una persona clave para la restauración de la convivencia" y "su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible".