La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a tachar este jueves de "patriarcal" a la Justicia española y ha atacado al Consejo General del Poder Judicial, al que ha presentado como una institución "que se ha opuesto a todas las leyes que han supuesto avances significativos para los derechos de las mujeres".
Esta vez lo ha hecho en un foro institucional vinculado al Derecho, la sede del Colegio de Abogados de Madrid, cuyo decano, José María Alonso, ha manifestado "estar encantado" con la presencia de la ministra pese al "cierto malestar de los compañeros".
La invitación a Montero ha generado en los últimos días cientos de comentarios críticos de abogados debido a su trayectoria de frecuentes descalificaciones al sistema judicial.
Llamativamente, ni una sola de las preguntas que se le han planteado en el debate, previamente seleccionadas por la organización, se ha referido a las descalificaciones que la ministra vierte sobre la Administración de Justicia, por lo que el paso de Montero por el Colegio de Abogados de Madrid no ha podido ser más de guante blanco.
La ministra se refirió a las "reflexiones" de los movimientos feministas sobre la "consideración de la Justicia patriarcal como un obstáculo para el acceso de las mujeres a las garantías de todos sus derechos".
"Los sistemas judiciales y los ordenamientos jurídicos", ha dicho, "siguen siendo ciegos en muchas ocasiones a la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y que subordina a más de la mitad de la población, privilegiando la posición masculina. Los sistemas judiciales, igual que la sociedad, siguen esperando de hombres y mujeres que actúen conforme a desiguales roles de género que el machismo impone, y sanciona a quien no sigue esos mandatos".
Tras afirmar que "el feminismo es un pilar de la democracia" y aludir a que el trabajo del Ministerio de Igualdad es "consolidar una nueva generación de derechos feministas en España", Montero manifestó que "resulta imprescindible identificar y deshacer la Justicia patriarcal como una barrera que impide la protección eficaz de las víctimas, incluidos los niños y las niñas, por ejemplo cuando culpabiliza y cuestiona a las mujeres víctimas de las agresiones y las violencias que han sufrido".
El caso de La Manada, motor
A este respecto se refirió al caso de la La Manada como "un buen ejemplo de ello" que "permite comprender también cómo la acción del movimiento feminista, denunciando esa justicia patriarcal, haciendo que en cada calle hubiese una mujer diciendo 'hermana, yo sí te creo' y 'no es abuso, es violación', se ha convertido en el motor de una profunda transformación de la cultura sexual de nuestro país que pone el consentimiento en el centro".
Según Montero, ha sido el movimiento feminista el que "ha sido capaz de dar la vuelta a una sentencia judicial que era injusta".
"El movimiento feminista ha puesto el foco en las prácticas judiciales basadas en prejuicios machistas, reclamando su eliminación", ha señalado la ministra, que también ha atribuido a ese movimiento el "impulso de los avances normativos feministas desde los primeros años de este siglo, frente a la oposición casi siempre de un Consejo General del Poder Judicial que se ha opuesto a todas las leyes que han supuesto avances significativos para los derechos de las mujeres, como la Ley 1/2004 contra la violencia de género o la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual".
El decano aprovechó su intervención final para indicar que "estoy de acuerdo en que tenemos que tener una Justicia más especializada pero no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una Justicia feminista. Ni machista. Tenemos que tener una justicia independiente, que tiene que aplicar las normas que le sean dadas y aplicar la presunción de inocencia, sin inclinarse ni hacia un lado ni hacia otro".