El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid ha instado al Ministerio del Interior a contratar sanitarios para reanudar las consultas médicas de las que, hasta el estallido de la pandemia de la Covid-19, disfrutaban los presos de la cárcel de Aranjuez.
Así consta en un auto, fechado el 20 de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que la juez María del Prado Torrecilla estima una queja de un interno de ese centro, que criticaba la falta de consultas desde hacía tres meses en su módulo, donde sólo se atendían las urgencias médicas.
Solicitado por el Juzgado, el subdirector médico de la prisión redactó un informe que ponía de manifiesto que la "limitada" plantilla de sanitarios es incapaz de proporcionarlas. Según el escrito, de la plantilla de nueve profesionales, la prisión sólo contaba entonces con cinco. Y, a partir del 22 de diciembre, estaba previsto que uno de ellos iniciase una baja de larga duración por una intervención quirúrgica.
Grande-Marlaska (i) y, al fondo, Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Además, debido a la pandemia de la Covid —recuerda la juez—, "como ha ocurrido con carácter general en la sanidad española, se han incrementado notablemente [las necesidades asistenciales], habiendo tenido que acudirse por parte de todas las comunidades autónomas a la contratación de personal interino (...), no constando que ese mismo esfuerzo se haya realizado en las prisiones españolas y, en concreto, en el Centro Penitenciario de Madrid VI Aranjuez".
Tal y como informó este diario el pasado noviembre, la sanidad penitenciaria acumula un déficit estructural de más del 50% en sus plantillas médicas, de acuerdo con los sindicatos del sector. Por ello —y ante la falta de relevo, debido a las condiciones que ofrece—, el Ministerio del Interior ha tenido que terminar contratando servicios privados de salud para gestionar las cárceles. Una práctica que comenzó con la pandemia, pero que ha acabado prolongándose.
En la prisión de Aranjuez, hasta noviembre de 2020, se pasaba consulta semanal en todos los módulos residenciales, recuerda el auto. "Posteriormente, se comenzó a pasar una consulta a demanda por día, de lunes a viernes no festivos, hasta julio de 2021, y en la actualidad no se cuenta con personal para pasar dicha consulta médica", expone el auto, en base al análisis que hizo subdirector médico sobre las condiciones de la prisión.
Otros servicios médicos, como la valoración de los nuevos ingresos o la consulta de enfermería, sí siguen efectuándose con la periodicidad habitual. No obstante, como recogía dicho informe, "de continuar con la plantilla actual, sin la incorporación de efectivos de refuerzo", se preveía el retraso en otras prestaciones sanitarias, "llevando a un deterioro de la atención global y, consecuentemente, de la salud" de los internos.
Por tanto, habiendo constatado la juez que "la escasa plantilla médica es lo que impide que pueda mantenerse una asistencia sanitaria con un nivel equiparable al que se dispensa al resto de los ciudadanos", insta a Interior a reforzar la plantilla médica con dos profesionales —como solicitaba el subdirector médico en su informe; una petición que no fue autorizada— y un tercero para que supla la baja iniciada el 22 de diciembre.
Y recuerda a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska, que puede hacerlo mediante alguna de las múltiples vías que tiene a su disposición: convenios con otras Administraciones Públicas, conciertos con entidades privadas, contratos de prestación de servicios...