La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, ha exigido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, explicaciones detalladas por sus "supuestas maniobras para poder justificar" que el fiscal Ignacio Stampa abandonase el llamado caso Villarejo.
Estas "supuestas maniobras" son, a ojos de la Asociación, "muy graves" y "exigen una detallada explicación" de Delgado "en el seno del Consejo Fiscal", que es el órgano centralizado de organización del Ministerio Público.
Stampa, tal y como publicó este diario, interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial en el Ministerio de Justicia contra Dolores Delgado, a la que atribuye "una estrategia que tenía por objetivo" su salida del caso Tándem.
El fiscal Ignacio Stampa.
Esta macrocausa, nombre oficial del llamado caso Villarejo, investiga las supuestas actividades ilícitas del excomisario y en ella, Stampa ejercía de fiscal en la comisión de servicio de Anticorrupción, junto a Miguel Serrano.
No obstante, en octubre de 2020, no gozó del apoyo suficiente en el Consejo Fiscal como para obtener la titularidad de la plaza y fue trasladado a la Fiscalía de Madrid.
Tras la salida de Stampa de la macrocausa, de casi treinta piezas separadas —de la que formó parte desde su inicio en 2017, mano a mano con Serrano, quien sí consiguió plaza con apoyo de la Unión Progresista de Fiscales—, la Fiscalía Anticorrupción añadió a Tándem a César de Rivas, Alejandro Cabaleiro y Jorge Andújar. Ignacio Stampa también tuvo que abandonar el resto de causas que llevaba en Anticorrupción.
"Desgraciadamente, el episodio que ahora se conoce [la polémica salida de Stampa del caso] no es nuevo, sino que forma parte de una manera de dirigir la institución que está causando una crisis de credibilidad del Ministerio Fiscal", reza el comunicado de la Asociación de Fiscales (AF).
"Su trayectoria al frente de nuestra institución da cumplida cuenta de la forma de entender su funcionamiento, marcada por el intencionado desconocimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico y en el Reglamento que lo desarrolla, cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática en materias tan relevantes como las relativas al deber de abstención, a la obligada convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala a fin de tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten a miembros del Gobierno, o al valor vinculante de las órdenes, instrucciones o circulares, que en modo alguno pueden ser derogadas por una nota interior", indica el escrito de la AF.
Delgado, además, es la pareja del exmagistrado Baltasar Garzón, uno de los abogados que actúa en el caso Tándem-Villarejo. El despacho de este letrado y otrora juez, Ilocad, defiende al imputado Enrique García-Castaño, alias El Gordo, uno de los supuestos socios del comisario Villarejo en sus presuntas actividades ilícitas.
Respuesta de Delgado
En respuesta a este comunicado, la fiscal general del Estado ha remitido este martes un correo electrónico a los miembros del Consejo Fiscal, órgano presidido por la propia Delgado.
En él, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la también exministra de Justicia les informa que en la próxima reunión de este órgano, prevista para el 24 de noviembre, abordará este asunto.
Se incluirá un punto específico en el orden del día para recabar información sobre las "gravísimas y difamatorias imputaciones" aparecidas en medios de comunicación, expone el mail.
Delgado indica en el correo que este mismo lunes a las 13:30 horas contactó por teléfono con los vocales electivos del Consejo Fiscal de mayor antigüedad, Aurelio Blanco Peñalver (de la Unión Progresista de Fiscales, UPF) y Concepción Talón Navarro (de la Asociación de Fiscales) "a fin de comunicarles este extremo y compartir con ellos esta preocupación institucional".
En un comunicado hecho público este domingo, la UPF respaldó la decisión de Dolores Delgado, considerando que para la asignación de las plazas en Anticorrupción "no se tomó en consideración cuestión ajena al mérito y la capacidad del total de las candidaturas presentadas".