La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha salido esta noche al paso de las manifestaciones de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, contra el Tribunal Supremo, al que ha acusado de "prevaricar".
En un mensaje en Twitter difundido esta tarde, Belarra ha afirmado que el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez "fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.
En una reunión extraordinaria, la Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado un comunicado en el que considera que las manifestaciones de la ministra "merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión".
Para el órgano de gobierno de los jueces es aún más rechazable que "quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".
El Consejo General del Poder Judicial, "en su condición de garante de la independencia judicial", añade, "no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido".
Afirma que "el Tribunal Supremo y el resto de los Juzgados y Tribunales españoles, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".
"Resulta imprescindible", señala, "reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".
El CGPJ hace de nuevo un llamamiento, "especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel", a que "no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.
El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.
Falsedades de Belarra
Belarra ha reiterado en los últimos días que Rodríguez "ha sido condenado sin pruebas" porque, según ella, "no estaba" en el lugar en el que, con motivo de una manifestación contra el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, se produjo un enfrentamiento con la Policía. El Tribunal Supremo ha condenado a Rodríguez por la patada que propinó a uno de los agentes que resultó herido en ese incidente.
La realidad es que la Sala Penal valoró, entre otras pruebas, los videos del incidente exhibidos durante el juicio. En ellos se observa a Rodríguez al lado de los agentes antidisturbios.
Alberto Rodríguez, en uno de los fotogramas de los videos aportados por la Policía./
Fotograma de la situación de Rodríguez frente a los antidisturbios./